Podría ser una auténtica catástrofe. Si una presa se rompe, provocaría la liberación masiva de millones o miles de millones de litros de agua. Esta saldría a una gran velocidad, lo que generaría una ola gigante altamente destructiva. Esta hipotética riada comprometería, sin duda, la seguridad de la población cercana a esta infraestructura hídrica y podría generar importantes daños en casas, vehículos, árboles o puentes. Este escenario ya ocurrió desgraciadamente en 1963 en la presa de Vajont, en la provincia italiana de Pordenone, una tragedia que se llevó por delante la vida de cerca de 2.000 personas. Para que eso no pase, el desembalse controlado se convierte en una herramienta fundamental para evitar el colapso o la rotura de una presa, a lo que hay que añadir las pertinentes revisiones de seguridad, que tienen que llevar a cabo los organismos de cuenca, dependientes del Estado.
En el caso de la Región de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha reconocido que las presas de la comunidad autónoma llevan más de dos décadas sin ser objeto de un control exhaustivo, precisamente para evitar incidentes como el anteriormente reseñado. En concreto, la CHS dice que “la normativa vigente de seguridad de presas establece que cada presa de categoría A debe someterse a una revisión general de seguridad cada 5 años”, a lo que añade que “en las presas de la CHS las últimas revisiones generales de seguridad se realizaron en 2004”. Admitido esto, desde el organismo de cuenca trasladan que “hay contratos en vigor de servicios de mantenimiento, conservación, vigilancia y ayuda a la explotación, que permiten una revisión del estado de la presa diaria y de forma continuada”.
Los expertos creen que esta situación “no es normal” y que supone una clara dejación de funciones por parte de los responsables de estas infraestructuras hídricas. Así lo ha asegurado el ingeniero de caminos y experto en presas, Jesús Contreras, quien ha afirmado que esas revisiones de las que habla la CHS consisten en “un mantenimiento que no es conservación, es un mantenimiento muy superficial”. Por tanto, no se estaría llevando a cabo la reparación de los desagües, de los fondos, o de los atranques, que son algunas de las deficiencias que suelen presentar este tipo infraestructuras. Es más, estos expertos apuntan que en nuestro país hay cerca de 150 presas que necesitan reparaciones urgentes, que afectan directamente a la seguridad. De hecho, el propio ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) reconoce en su página web que las presas del Segura no han sido objeto de una segunda revisión prevista, tal y como ocurre en otros puntos de España, como en el Cantábrico o en el Duero. En Andalucía, en el Guadalquivir, 46 de estas infraestructuras sí han sido supervisadas por los técnicos, al igual que en el Guadiana (19) y en el Tajo (17). Respecto de los contratos de mantenimiento, el ingeniero Contreras ha apuntado que “son mantenimientos de un contrato para 3 años de 1 millón de euros, o sea, que es para poco más o menos que para limpiar cunetas, mantener las instalaciones en condiciones, pero no para reparar los daños, que son los que son preocupantes de cara a la seguridad”.
A esto habría que añadir el déficit de personal especializado, que son los encargados de llevar cabo esos trabajos de supervisión. Hay un funcionario para 20 presas, algo que es claramente insuficiente. Además, muchos de ellos se desaniman ante tal volumen de trabajo y terminan abandonando sus puestos a los pocos años y prefieren otros destinos en los que desempeñar otro tipo de funciones. Por eso, desde el sector reivindican también una ley de presas para corregir posibles situaciones de riesgo.
Las precipitaciones de las últimas semanas, aparte de los efectos negativos causados por las inundaciones en algunos puntos de España, han sido muy beneficiosas y han permitido que se llenen los embalses. De hecho, algunos están por encima del 80 por ciento de su capacidad. En el caso del de Camarillas (Albacete), ha tenido que ser objeto de desembalse para evitar accidentes, un agua que ha sido desperdiciada.
Una situación que ha criticado el Gobierno regional por medio de su portavoz, Marcos Ortuño, quien aseguraba este jueves que “el recrecimiento de la presa de Camarillas es una necesidad. Lo que sucede es que es una obra que nunca se ha llevado a cabo, porque políticamente siempre ha molestado a Castilla-La Mancha. Según la propia Confederación, se han perdido 10 hectómetros cúbicos por los desembalses que se han hecho, esto es, para que nos hagamos una idea, el agua que necesita el municipio de Murcia para garantizar el abastecimiento durante 6 meses”.
En la misma línea se ha expresado el presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), Lucas Jiménez, quien apuntaba que “las cifras hablan por sí solas”, de ahí que abogue por la ampliación de esta infraestructura hídrica que, en la actualidad, tiene una capacidad de 36 hectómetros cúbicos y que podría llegar hasta los 200.
Noticias de Murcia: última hora de hoy en La Razón
Podría ser una auténtica catástrofe. Si una presa se rompe, provocaría la liberación masiva de millones o miles de millones de litros de agua. Esta saldría a una gran velocidad, lo que generaría una ola gigante altamente destructiva. Esta hipotética riada comprometería, sin duda, la seguridad de la población cercana a esta infraestructura hídrica y podría generar importantes daños en casas, vehículos, árboles o puentes. Este escenario ya ocurrió desgraciadamente en 1963 en la presa de Vajont, en la provincia italiana de Pordenone, una tragedia que se llevó por delante la vida de cerca de 2.000 personas. Para que eso no pase, el desembalse controlado se convierte en una herramienta fundamental para evitar el colapso o la rotura de una presa, a lo que hay que añadir las pertinentes revisiones de seguridad, que tienen que llevar a cabo los organismos de cuenca, dependientes del Estado.. En el caso de la Región de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha reconocido que las presas de la comunidad autónoma llevan más de dos décadas sin ser objeto de un control exhaustivo, precisamente para evitar incidentes como el anteriormente reseñado. En concreto, la CHS dice que “la normativa vigente de seguridad de presas establece que cada presa de categoría A debe someterse a una revisión general de seguridad cada 5 años”, a lo que añade que “en las presas de la CHS las últimas revisiones generales de seguridad se realizaron en 2004”. Admitido esto, desde el organismo de cuenca trasladan que “hay contratos en vigor de servicios de mantenimiento, conservación, vigilancia y ayuda a la explotación, que permiten una revisión del estado de la presa diaria y de forma continuada”.. Los expertos creen que esta situación “no es normal” y que supone una clara dejación de funciones por parte de los responsables de estas infraestructuras hídricas. Así lo ha asegurado el ingeniero de caminos y experto en presas, Jesús Contreras, quien ha afirmado que esas revisiones de las que habla la CHS consisten en “un mantenimiento que no es conservación, es un mantenimiento muy superficial”. Por tanto, no se estaría llevando a cabo la reparación de los desagües, de los fondos, o de los atranques, que son algunas de las deficiencias que suelen presentar este tipo infraestructuras. Es más, estos expertos apuntan que en nuestro país hay cerca de 150 presas que necesitan reparaciones urgentes, que afectan directamente a la seguridad. De hecho, el propio ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) reconoce en su página web que las presas del Segura no han sido objeto de una segunda revisión prevista, tal y como ocurre en otros puntos de España, como en el Cantábrico o en el Duero. En Andalucía, en el Guadalquivir, 46 de estas infraestructuras sí han sido supervisadas por los técnicos, al igual que en el Guadiana (19) y en el Tajo (17). Respecto de los contratos de mantenimiento, el ingeniero Contreras ha apuntado que “son mantenimientos de un contrato para 3 años de 1 millón de euros, o sea, que es para poco más o menos que para limpiar cunetas, mantener las instalaciones en condiciones, pero no para reparar los daños, que son los que son preocupantes de cara a la seguridad”.. A esto habría que añadir el déficit de personal especializado, que son los encargados de llevar cabo esos trabajos de supervisión. Hay un funcionario para 20 presas, algo que es claramente insuficiente. Además, muchos de ellos se desaniman ante tal volumen de trabajo y terminan abandonando sus puestos a los pocos años y prefieren otros destinos en los que desempeñar otro tipo de funciones. Por eso, desde el sector reivindican también una ley de presas para corregir posibles situaciones de riesgo.. Desperdicio de agua. Las precipitaciones de las últimas semanas, aparte de los efectos negativos causados por las inundaciones en algunos puntos de España, han sido muy beneficiosas y han permitido que se llenen los embalses. De hecho, algunos están por encima del 80 por ciento de su capacidad. En el caso del de Camarillas (Albacete), ha tenido que ser objeto de desembalse para evitar accidentes, un agua que ha sido desperdiciada.. Una situación que ha criticado el Gobierno regional por medio de su portavoz, Marcos Ortuño, quien aseguraba este jueves que “el recrecimiento de la presa de Camarillas es una necesidad. Lo que sucede es que es una obra que nunca se ha llevado a cabo, porque políticamente siempre ha molestado a Castilla-La Mancha. Según la propia Confederación, se han perdido 10 hectómetros cúbicos por los desembalses que se han hecho, esto es, para que nos hagamos una idea, el agua que necesita el municipio de Murcia para garantizar el abastecimiento durante 6 meses”.. En la misma línea se ha expresado el presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), Lucas Jiménez, quien apuntaba que “las cifras hablan por sí solas”, de ahí que abogue por la ampliación de esta infraestructura hídrica que, en la actualidad, tiene una capacidad de 36 hectómetros cúbicos y que podría llegar hasta los 200.
El organismo de cuenca añade que estas infraestructuras cuentan con “contratos en vigor de servicios de mantenimiento, conservación y vigilancia” que, según los expertos, son insuficientes
