Miles de presos han sido excarcelados o verán reducidas sus condenas en Myanmar en una de las primeras decisiones de Min Aung Hlaing desde que, a principios de abril, dejó de ser solo jefe golpista para alzarse formalmente como presidente. Entre los beneficiados figura el expresidente Win Myint, símbolo de la etapa de gobierno civil abortada por el golpe de 2021, mientras que la líder depuesta y bajo custodia Aung San Suu Kyi verá rebajada en una sexta parte su condena de 27 años. El anuncio llegó con retórica de reconciliación y «retorno a la democracia», pero se produce en un país en estado crítico, con un conflicto casi generalizado, más de 3,6 millones de desplazados internos, una recesión profunda y una crisis humanitaria que la ONU da por agravada.. El régimen birmano aprovechó este viernes la festividad del Año Nuevo para decretar una nueva amnistía masiva que beneficia a 4.335 prisioneros, consolidando una política de clemencia intermitente con tres medidas de este tipo en apenas un semestre. La orden gubernamental, que implica una reestructuración profunda de las condenas, conmuta todas las penas capitales por cadena perpetua, mientras que estas últimas se reducen a un máximo de 40 años. Para el resto de la población penal, el indulto supone un recorte de una sexta parte en sus sentencias. Entre los liberados destacan 179 extranjeros cuya deportación se tramitará de forma inmediata, tratando así de aliviar la presión sobre el sistema penitenciario.. La claudicación ética de Naypyidaw. Así, Min Aung Hlaing soltó el lastre de Win Myint -presidente electo defenestrado hace un lustro- para ganar oxígeno internacional sin comprometer el control real. Al liberar a este peón, según expertos, la dictadura intenta blanquear su recién estrenada presidencia mientras mantiene bajo aislamiento total a su activo más crítico: Aung San Suu Kyi. A sus 80 años, la Nobel de la Paz permanece como el rehén estratégico de mayor peso, sometida a meros ajustes aritméticos de su condena, sepultada en un aislamiento absoluto y sin rastro público desde que terminara el rodillo judicial contra ella.. Está imputada de una colección de cargos que van desde corrupción y fraude electoral hasta violación de la ley de secretos oficiales. Sus aliados insisten en que las causas fueron diseñadas para expulsarla, y organizaciones de derechos humanos reclaman desde hace años su liberación incondicional y anulación de todos los cargos. El propio jefe de Estado la detuvo en la madrugada del golpe y ha construido buena parte de su legitimidad interna sobre la idea de que la democracia anterior era una fachada que él venía a corregir.. Retórica de investidura frente a un Estado en descomposición. Apenas una semana después de su investidura, el general Min Aung Hlaing ha intentado vender un retorno idílico al «camino democrático», un relato que colisiona frontalmente con la cruda realidad operativa del Tatmadaw. Cinco años después de la asonada, el ejército birmano sobrevive, ya que libra una guerra de desgaste en múltiples frentes contra milicias prodemocráticas y guerrillas étnicas que han aprovechado el colapso del control central para consolidar dominios territoriales sin precedentes.. El mapa de guerra desmiente cualquier estabilidad. En estados clave como Sagaing, Magway o Shan norte, el régimen se vio forzado a recurrir a bombardeos aéreos indiscriminados ante la incapacidad de sus fuerzas terrestres para asegurar enclaves estratégicos. Mientras la Junta trata de legitimar su poder tras el simulacro electoral, el Ejército de Arakán controla la práctica totalidad del estado de Rakhine y la guerrilla Karen asfixia el sudeste. Hlaing habla de futuro mientras su ejército cede, municipio a municipio, la soberanía de un país roto.. El colapso de una nación fallida bajo el rodillo de la Junta. El balance humano tras cinco años de dictadura es demoledor. La ONU estima que el número de desplazados internos ha pasado de 300.000 antes del golpe a 3,6 millones, con la previsión de escalar hasta los cuatro este mismo año. Se encaminan hacia un abismo humanitario, dado que una de cada tres personas —más de 16 millones— requiere ayuda urgente, mientras el sistema internacional, asfixiado por el recorte de fondos, se ve obligado a priorizar solo los casos más extremos.. En el plano macroeconómico, la realidad es de ruina absoluta. Con el 80% de la población hundida en la pobreza crónica, el Banco Mundial proyecta una contracción del PIB del 2% para este ejercicio, agravada por una inflación descontrolada. Este desplome del poder adquisitivo, sumado al caos en las cadenas de suministro, ha disparado la inseguridad alimentaria. De los 12 millones de birmanos que padecen hambre, el Programa Mundial de Alimentos apenas tiene recursos para asistir al 10%. Se trata de un campo de batalla, con una economía en quiebra técnica que devora a su propia población.. Sobre esta pugna de largo aliento se superpone la lenta y desigual recuperación del terremoto de marzo de 2025, que dejó unos 24.200 hogares dañados –casi una cuarta parte destruidos por completo– y más de un centenar de instalaciones sanitarias afectadas, la mitad en la región de Mandalay. La combinación de inseguridad, escasez de maquinaria pesada y falta de mano de obra mantiene a numerosas comunidades en refugios temporales, rodeadas de millones de toneladas de escombros y con servicios básicos aún interrumpidos.
Miles de presos han sido excarcelados o verán reducidas sus condenas en Myanmar en una de las primeras decisiones de Min Aung Hlaing desde que, a principios de abril, dejó de ser solo jefe golpista para alzarse formalmente como presidente. Entre los beneficiados figura el expresidente Win Myint, símbolo de la etapa de gobierno civil abortada por el golpe de 2021, mientras que la líder depuesta y bajo custodia Aung San Suu Kyi verá rebajada en una sexta parte su condena de 27 años. El anuncio llegó con retórica de reconciliación y «retorno a la democracia», pero se produce en un país en estado crítico, con un conflicto casi generalizado, más de 3,6 millones de desplazados internos, una recesión profunda y una crisis humanitaria que la ONU da por agravada.. El régimen birmano aprovechó este viernes la festividad del Año Nuevo para decretar una nueva amnistía masiva que beneficia a 4.335 prisioneros, consolidando una política de clemencia intermitente con tres medidas de este tipo en apenas un semestre. La orden gubernamental, que implica una reestructuración profunda de las condenas, conmuta todas las penas capitales por cadena perpetua, mientras que estas últimas se reducen a un máximo de 40 años. Para el resto de la población penal, el indulto supone un recorte de una sexta parte en sus sentencias. Entre los liberados destacan 179 extranjeros cuya deportación se tramitará de forma inmediata, tratando así de aliviar la presión sobre el sistema penitenciario.. La claudicación ética de Naypyidaw. Así, Min Aung Hlaing soltó el lastre de Win Myint -presidente electo defenestrado hace un lustro- para ganar oxígeno internacional sin comprometer el control real. Al liberar a este peón, según expertos, la dictadura intenta blanquear su recién estrenada presidencia mientras mantiene bajo aislamiento total a su activo más crítico: Aung San Suu Kyi. A sus 80 años, la Nobel de la Paz permanece como el rehén estratégico de mayor peso, sometida a meros ajustes aritméticos de su condena, sepultada en un aislamiento absoluto y sin rastro público desde que terminara el rodillo judicial contra ella.. Está imputada de una colección de cargos que van desde corrupción y fraude electoral hasta violación de la ley de secretos oficiales. Sus aliados insisten en que las causas fueron diseñadas para expulsarla, y organizaciones de derechos humanos reclaman desde hace años su liberación incondicional y anulación de todos los cargos. El propio jefe de Estado la detuvo en la madrugada del golpe y ha construido buena parte de su legitimidad interna sobre la idea de que la democracia anterior era una fachada que él venía a corregir.. Retórica de investidura frente a un Estado en descomposición. Apenas una semana después de su investidura, el general Min Aung Hlaing ha intentado vender un retorno idílico al «camino democrático», un relato que colisiona frontalmente con la cruda realidad operativa del Tatmadaw. Cinco años después de la asonada, el ejército birmano sobrevive, ya que libra una guerra de desgaste en múltiples frentes contra milicias prodemocráticas y guerrillas étnicas que han aprovechado el colapso del control central para consolidar dominios territoriales sin precedentes.. El mapa de guerra desmiente cualquier estabilidad. En estados clave como Sagaing, Magway o Shan norte, el régimen se vio forzado a recurrir a bombardeos aéreos indiscriminados ante la incapacidad de sus fuerzas terrestres para asegurar enclaves estratégicos. Mientras la Junta trata de legitimar su poder tras el simulacro electoral, el Ejército de Arakán controla la práctica totalidad del estado de Rakhine y la guerrilla Karen asfixia el sudeste. Hlaing habla de futuro mientras su ejército cede, municipio a municipio, la soberanía de un país roto.. El colapso de una nación fallida bajo el rodillo de la Junta. El balance humano tras cinco años de dictadura es demoledor. La ONU estima que el número de desplazados internos ha pasado de 300.000 antes del golpe a 3,6 millones, con la previsión de escalar hasta los cuatro este mismo año. Se encaminan hacia un abismo humanitario, dado que una de cada tres personas —más de 16 millones— requiere ayuda urgente, mientras el sistema internacional, asfixiado por el recorte de fondos, se ve obligado a priorizar solo los casos más extremos.. En el plano macroeconómico, la realidad es de ruina absoluta. Con el 80% de la población hundida en la pobreza crónica, el Banco Mundial proyecta una contracción del PIB del 2% para este ejercicio, agravada por una inflación descontrolada. Este desplome del poder adquisitivo, sumado al caos en las cadenas de suministro, ha disparado la inseguridad alimentaria. De los 12 millones de birmanos que padecen hambre, el Programa Mundial de Alimentos apenas tiene recursos para asistir al 10%. Se trata de un campo de batalla, con una economía en quiebra técnica que devora a su propia población.. Sobre esta pugna de largo aliento se superpone la lenta y desigual recuperación del terremoto de marzo de 2025, que dejó unos 24.200 hogares dañados –casi una cuarta parte destruidos por completo– y más de un centenar de instalaciones sanitarias afectadas, la mitad en la región de Mandalay. La combinación de inseguridad, escasez de maquinaria pesada y falta de mano de obra mantiene a numerosas comunidades en refugios temporales, rodeadas de millones de toneladas de escombros y con servicios básicos aún interrumpidos.
El nuevo Gobierno del país asiático ha aprobado una amnistía para 4.500 presos, además de librar al expresidente depuesto tras el golpe
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