gentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, han llevado a cabo la denominada operación ‘Murus’ que ha sido desarrollada durante el año 2025 en la provincia contra las irregularidades en materia de ordenación del territorio y delitos urbanísticos.. Durante el desarrollo de esta operación se han investigado a 125 personas –122 personas físicas y tres personas jurídicas– entre las que se encuentran promotores, constructores y técnicos directores por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, por su implicación en la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico en varios municipios de la provincia, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.. Los agentes observaron la supuesta comisión de 62 delitos urbanísticos y las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga. De igual modo, han realizado 104 inspecciones en todas las comarcas de la provincia, detectándose 154 infracciones administrativas, principalmente por carecer de licencia urbanística, no ajustarse al proyecto y/o a la licencia, movimiento de tierras, etcétera.. Todas las denuncias han sido remitidas a los respectivos ayuntamientos, quienes ostentan las competencias en materia territorial y urbanística y para la realización de los expedientes sancionadores.. De las actuaciones realizadas que atentan contra el suelo han destacado, entre otros, la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos en espacios protegidos, la instalación ilegal de casas prefabricadas con fines residenciales, la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego, la construcción de barbacoas con fines recreativos sin justificación o la construcción de naves de aperos y su posterior cambio de uso en una vivienda residencial.. Durante la investigación se ha contado con la colaboración de otras administraciones como los Servicios Técnicos de los ayuntamientos implicados y efectivos de la Junta de Andalucía de diferentes servicios.
Investigados promotores, constructores y técnicos por su implicación en la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico
gentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, han llevado a cabo la denominada operación ‘Murus’ que ha sido desarrollada durante el año 2025 en la provincia contra las irregularidades en materia de ordenación del territorio y delitos urbanísticos.. Durante el desarrollo de esta operación se han investigado a 125 personas –122 personas físicas y tres personas jurídicas– entre las que se encuentran promotores, constructores y técnicos directores por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, por su implicación en la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico en varios municipios de la provincia, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.. Los agentes observaron la supuesta comisión de 62 delitos urbanísticos y las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga. De igual modo, han realizado 104 inspecciones en todas las comarcas de la provincia, detectándose 154 infracciones administrativas, principalmente por carecer de licencia urbanística, no ajustarse al proyecto y/o a la licencia, movimiento de tierras, etcétera.. Todas las denuncias han sido remitidas a los respectivos ayuntamientos, quienes ostentan las competencias en materia territorial y urbanística y para la realización de los expedientes sancionadores.. De las actuaciones realizadas que atentan contra el suelo han destacado, entre otros, la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos en espacios protegidos, la instalación ilegal de casas prefabricadas con fines residenciales, la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego, la construcción de barbacoas con fines recreativos sin justificación o la construcción de naves de aperos y su posterior cambio de uso en una vivienda residencial.. Durante la investigación se ha contado con la colaboración de otras administraciones como los Servicios Técnicos de los ayuntamientos implicados y efectivos de la Junta de Andalucía de diferentes servicios.
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