Con motivo del 20º aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) por la ONU, que celebra su Día Nacional en España el próximo domingo, 3 de mayo, IMPULSA IGUALDAD Castilla y León hace un llamamiento para que este tratado deje de ser solo un hito simbólico y se convierta en una realidad tangible para todas las personas. La aprobación de este texto en 2006 marcó el giro definitivo desde un enfoque asistencial hacia un modelo social de derechos humanos, donde las personas con discapacidad dejaron de “ser objeto de protección para convertirse en sujeto activo de decisiones”, ciudadanos/as de pleno derecho, resalta el presidente de IMPULSA IGUALDAD Castilla y León, Francisco J. Sardón.. En estas dos décadas, España ha alcanzado logros relevantes. El más destacado fue la reforma del artículo 49 de la Constitución en enero de 2024, que eliminó el término discriminatorio “disminuidos” por “personas con discapacidad”, y alineó así la Carta Magna con la dignidad y la autonomía del colectivo. Asimismo, la Ley 8/2021 de capacidad jurídica supuso un avance clave para respetar la voluntad de cada persona y erradicar las sustituciones en la toma de decisiones. No obstante, el presidente Francisco J. Sardón, advierte de que «el balance no puede ser complaciente» debido a la significativa distancia que persiste entre el reconocimiento legal y el ejercicio efectivo de los derechos.. Oportunidad para revisar, exigir y avanzar. Desde la entidad se denuncia que persisten barreras físicas, digitales y actitudinales, sumadas a una financiación insuficiente y una dispersión administrativa que limitan el impacto de las políticas públicas, así como en la disparidad en el acceso al Sistema de Dependencia, con especial incidencia en el medio rural. Para Sardón, “se han desarrollado marcos normativos más ambiciosos, se ha reforzado el reconocimiento de la vida independiente y se han consolidado servicios clave como la asistencia personal, aunque todavía de forma insuficiente”, como el artículo 19, que consagra el derecho a vivir de forma independiente y a ser parte de la comunidad, “han ido ganando espacio en la agenda pública, en la planificación de políticas y en la conversación social.”.. Por ello, IMPULSA IGUALDAD reclama una participación estructural de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, ya que “no se trata solo de escuchar, sino de incorporar de forma estructural su conocimiento y experiencia en el diseño, implementación y evaluación de las políticas”, especifica el presidente de la entidad. Estas medidas “deben garantizar que la accesibilidad sea un requisito transversal” en vivienda, empleo, educación, sanidad o movilidad.. Y así debe funcionar este 20º aniversario, como una “palanca para acelerar cambios, para elevar el nivel de exigencia y para situar definitivamente los derechos en el centro de la acción pública”. Como concluye Francisco J. Sardón, «los derechos no se conceden ni se celebran: se garantizan y se ejercen cada día».
Con motivo del 20º aniversario del tratado, que celebra su Día Nacional en España el 3 de mayo, la entidad autonómica reclama que los derechos de las personas con discapacidad se garanticen de forma efectiva para cerrar la brecha entre la norma y la realidad cotidiana
Con motivo del 20º aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) por la ONU, que celebra su Día Nacional en España el próximo domingo, 3 de mayo, IMPULSA IGUALDAD Castilla y León hace un llamamiento para que este tratado deje de ser solo un hito simbólico y se convierta en una realidad tangible para todas las personas. La aprobación de este texto en 2006 marcó el giro definitivo desde un enfoque asistencial hacia un modelo social de derechos humanos, donde las personas con discapacidad dejaron de “ser objeto de protección para convertirse en sujeto activo de decisiones”, ciudadanos/as de pleno derecho, resalta el presidente de IMPULSA IGUALDAD Castilla y León, Francisco J. Sardón.. En estas dos décadas, España ha alcanzado logros relevantes. El más destacado fue la reforma del artículo 49 de la Constitución en enero de 2024, que eliminó el término discriminatorio “disminuidos” por “personas con discapacidad”, y alineó así la Carta Magna con la dignidad y la autonomía del colectivo. Asimismo, la Ley 8/2021 de capacidad jurídica supuso un avance clave para respetar la voluntad de cada persona y erradicar las sustituciones en la toma de decisiones. No obstante, el presidente Francisco J. Sardón, advierte de que «el balance no puede ser complaciente» debido a la significativa distancia que persiste entre el reconocimiento legal y el ejercicio efectivo de los derechos.. Desde la entidad se denuncia que persisten barreras físicas, digitales y actitudinales, sumadas a una financiación insuficiente y una dispersión administrativa que limitan el impacto de las políticas públicas, así como en la disparidad en el acceso al Sistema de Dependencia, con especial incidencia en el medio rural. Para Sardón, “se han desarrollado marcos normativos más ambiciosos, se ha reforzado el reconocimiento de la vida independiente y se han consolidado servicios clave como la asistencia personal, aunque todavía de forma insuficiente”, como el artículo 19, que consagra el derecho a vivir de forma independiente y a ser parte de la comunidad, “han ido ganando espacio en la agenda pública, en la planificación de políticas y en la conversación social.”.. Por ello, IMPULSA IGUALDAD reclama una participación estructural de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, ya que “no se trata solo de escuchar, sino de incorporar de forma estructural su conocimiento y experiencia en el diseño, implementación y evaluación de las políticas”, especifica el presidente de la entidad. Estas medidas “deben garantizar que la accesibilidad sea un requisito transversal” en vivienda, empleo, educación, sanidad o movilidad.. Y así debe funcionar este 20º aniversario, como una “palanca para acelerar cambios, para elevar el nivel de exigencia y para situar definitivamente los derechos en el centro de la acción pública”. Como concluye Francisco J. Sardón, «los derechos no se conceden ni se celebran: se garantizan y se ejercen cada día».
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