Hondo malestar en Impulsa Igualdad de Castilla y León por la situación actual del transporte para las personas con discapacidad. La entidad que defiende los derechos de este clectivo denuncia el acceso a este siendo una asignatura pendiente en toda España. En este sentido, la federación que preside Francisco Sardón, recuerda que lleva años reivindicando una movilidad accesible real con la exigencia de políticas públicas que garanticen el derecho a la movilidad de todas las personas. «Hay un grave déficit en el transporte público y privado para las personas con discapacidad, especialmente para las personas usuarias de sillas de ruedas. Estamos hablando del transporte a la demanda, de los eurotaxis, de los aviones, de los trenes, de los autobuses; en definitiva, del transporte en general”, advierte Sardón. Asimismo, añade que este déficit no afecta solo a quienes utilizan silla de ruedas, sino también a personas que emplean bastones o andadores y a quienes tienen necesidades de accesibilidad cognitiva, y denuncia que la «falta de soluciones» en el sistema de transporte general ha recaído históricamente sobre las propias entidades del sector. “Muchos de estos transportes los están cubriendo las entidades sociales con furgonetas adaptadas, pero en los últimos años no estamos llegando a la financiación para cubrir ni siquiera el 20 por ciento de la demanda de este tipo de transporte”, asegura Sardón, quien apunta que apuestan por evidenciar este problema y empezar a construir soluciones de presente y de futuro. En este sentido, señala que el transporte asociativo es la red invisible que sostiene la movilidad real y que muchas personas con discapacidad solo pueden moverse gracias a los vehículos adaptados de las asociaciones del sector. «Estos vehículos tienen un coste de entre 40.000 y 80.000 euros, y se financian con convocatorias anuales discontinuas aunque no están reconocidos como parte del sistema de transporte público», recuerda Sardón, al tiempo que hace hincapién en que cuando esa red falla, la persona no puede desplazarse de manera autónoma. Por ello, Sardón exige financiación estructural del transporte asociativo con convocatorias plurianuales y una línea específica de subvención para la renovación de vehículos adaptados, además de la participación «real» de las personas con discapacidad en el diseño del sistema de movilidad.
Francisco Sardón señala que las entidades sociales no llegan a cubrir ni el 20 % de la demanda de transporte adaptado y apunta que este modelo tampoco debería ser la respuesta estructural
Hondo malestar en Impulsa Igualdad de Castilla y León por la situación actual del transporte para las personas con discapacidad. La entidad que defiende los derechos de este clectivo denuncia el acceso a este siendo una asignatura pendiente en toda España.En este sentido, la federación que preside Francisco Sardón, recuerda que lleva años reivindicando una movilidad accesible real con la exigencia de políticas públicas que garanticen el derecho a la movilidad de todas las personas.»Hay un grave déficit en el transporte público y privado para las personas con discapacidad, especialmente para las personas usuarias de sillas de ruedas. Estamos hablando del transporte a la demanda, de los eurotaxis, de los aviones, de los trenes, de los autobuses; en definitiva, del transporte en general”, advierte Sardón.Asimismo, añade que este déficit no afecta solo a quienes utilizan silla de ruedas, sino también a personas que emplean bastones o andadores y a quienes tienen necesidades de accesibilidad cognitiva, y denuncia que la «falta de soluciones» en el sistema de transporte general ha recaído históricamente sobre las propiasentidades del sector.“Muchos de estos transportes los están cubriendo las entidades sociales con furgonetas adaptadas, pero en los últimos años no estamos llegando a la financiación para cubrir ni siquiera el 20 por ciento de la demanda de este tipo de transporte”, asegura Sardón, quien apunta que apuestan por evidenciar este problema y empezar a construir soluciones de presente y de futuro.En este sentido, señala que el transporte asociativo es la red invisible que sostiene la movilidad real y que muchas personas con discapacidad solo pueden moverse gracias a los vehículos adaptados de las asociaciones del sector.»Estos vehículos tienen un coste de entre 40.000 y 80.000 euros, y se financian con convocatorias anuales discontinuas aunque no están reconocidos como parte del sistema de transporte público», recuerda Sardón, al tiempo que hace hincapién en que cuando esa red falla, la persona no puede desplazarse de manera autónoma.Por ello, Sardón exige financiación estructural del transporte asociativo con convocatorias plurianuales y una línea específica de subvención para la renovación de vehículos adaptados, además de la participación «real» de las personas con discapacidad en el diseño del sistema de movilidad.
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