Un informe de Greenpeace destaca que la Comunitat Valenciana se lleva el 70 % del presupuesto estatal en reparaciones en la costa y advierte de que la preservación de los ecosistemas costeros valencianos frente al cambio climático no se soluciona con reponer arena y requiere priorizar la restauración de dunas y marismas como defensas elásticas frente a los temporales. Los impactos del tren de borrascas invernales en las playas han supuesto un coste de reparación de 170,7 millones de euros (de un presupuesto total de 246 millones), mientras que las inyecciones artificiales de arena duran cada vez menos, según el informe Destrucción a Toda Costa 2026, presentado este jueves. El documento expone cómo la subida del nivel del mar y la escasez de sedimentos en las playas «mantienen a más de 100 kilómetros del golfo de Valencia en extrema vulnerabilidad, evidenciando que las defensas de hormigón ya no funcionan tras cuatro décadas de urbanización». El informe incide en la necesidad de transformar el modelo de gestión territorial ante la persistencia de proyectos en zonas de riesgo. Entre los conflictos urbanísticos y de deslinde más destacados Greenpeace cita las protestas contra el Plan de Actuación Integrada (PAI) de Llíber en la Vall del Pop, el convenio de pagos de Benidorm por los suelos protegidos de Serra Gelada o la prórroga ambiental para proyectar tres rascacielos junto a la playa del Acequión en Torrevieja. «Los graves impactos del cambio climático cada vez dejan una huella más severa en la costa: el tren de borrascas invernales causó daños estructurales severos en el paseo marítimo de Almassora, las pasarelas de Peñíscola y los accesos del Cabo de las Huertas. El coste total de las obras para intentar estabilizar las playas de la Comunitat Valenciana asciende a 170,7 millones de euros, lo que representa el 70 % del presupuesto total destinado a este fin en todo el litoral español», añade el informe. Greenpeace detalla que en el litoral de Castellón, se gastó 1,2 millones en reparaciones en ocho municipios costeros. En la provincia de Valencia, la regeneración artificial de las playas de Sagunto, Canet d’en Berenguer, Sueca y Cullera con un coste de 42,6 millones de euros movilizó tres millones de metros cúbicos de arena, «sufriendo erosión y desniveles pocas semanas después debido al oleaje». El informe también muestra el impacto negativo de las «infraestructuras duras que bloquean el flujo natural de sedimentos. Las ampliaciones del Puerto de Castellón provocan la regresión de las playas de Burriana, mientras que el efecto sombra del dique norte del Puerto de València frena la deriva de arena hacia el sur, amenazando directamente la barrera de tierra que protege el Parque Natural de la Albufera». La playa de Tavernes de la Valldigna «representa el punto más crítico de la región, registrando una pérdida de playa seca que ha pasado de 50 metros en los años sesenta a apenas cinco metros en 2026. L
El informe destaca que los impactos del tren de borrascas invernales han supuesto un coste de reparación de 170,7 millones de un presupuesto total de 246M
Un informe de Greenpeace destaca que la Comunitat Valenciana se lleva el 70 % del presupuesto estatal en reparaciones en la costa y advierte de que la preservación de los ecosistemas costeros valencianos frente al cambio climático no se soluciona con reponer arena y requiere priorizar la restauración de dunas y marismas como defensas elásticas frente a los temporales.Los impactos del tren de borrascas invernales en las playas han supuesto un coste de reparación de 170,7 millones de euros (de un presupuesto total de 246 millones), mientras que las inyecciones artificiales de arena duran cada vez menos, según el informe Destrucción a Toda Costa 2026, presentado este jueves.El documento expone cómo la subida del nivel del mar y la escasez de sedimentos en las playas «mantienen a más de 100 kilómetros del golfo de Valencia en extrema vulnerabilidad, evidenciando que las defensas de hormigón ya no funcionan tras cuatro décadas de urbanización».El informe incide en la necesidad de transformar el modelo de gestión territorial ante la persistencia de proyectos en zonas de riesgo.Entre los conflictos urbanísticos y de deslinde más destacados Greenpeace cita las protestas contra el Plan de Actuación Integrada (PAI) de Llíber en la Vall del Pop, el convenio de pagos de Benidorm por los suelos protegidos de Serra Gelada o la prórroga ambiental para proyectar tres rascacielos junto a la playa del Acequión en Torrevieja.»Los graves impactos del cambio climático cada vez dejan una huella más severa en la costa: el tren de borrascas invernales causó daños estructurales severos en el paseo marítimo de Almassora, las pasarelas de Peñíscola y los accesos del Cabo de las Huertas. El coste total de las obras para intentar estabilizar las playas de la Comunitat Valenciana asciende a 170,7 millones de euros, lo que representa el 70 % del presupuesto total destinado a este fin en todo el litoral español», añade el informe.Greenpeace detalla que en el litoral de Castellón, se gastó 1,2 millones en reparaciones en ocho municipios costeros. En la provincia de Valencia, la regeneración artificial de las playas de Sagunto, Canet d’en Berenguer, Sueca y Cullera con un coste de 42,6 millones de euros movilizó tres millones de metros cúbicos de arena, «sufriendo erosión y desniveles pocas semanas después debido al oleaje».El informe también muestra el impacto negativo de las «infraestructuras duras que bloquean el flujo natural de sedimentos. Las ampliaciones del Puerto de Castellón provocan la regresión de las playas de Burriana, mientras que el efecto sombra del dique norte del Puerto de València frena la deriva de arena hacia el sur, amenazando directamente la barrera de tierra que protege el Parque Natural de la Albufera».La playa de Tavernes de la Valldigna «representa el punto más crítico de la región, registrando una pérdida de playa seca que ha pasado de 50 metros en los años sesenta a apenas cinco metros en 2026. La borras
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