La Fundación Hermes presenta la primera Declaración de Deberes Digitales, un documento que establece por primera vez en España un marco sistemático para determinar quién debe garantizar los derechos digitales, ante qué riesgos y con qué grado de responsabilidad.. Desarrollada en el marco del Observatorio de Derechos Digitales y con el apoyo de Red.es, la iniciativa complementa la Carta de Derechos Digitales de 2021. Si la Carta fijó qué derechos deben protegerse en el entorno digital, la nueva Declaración define responsabilidades concretas para los distintos actores del ecosistema digital con el fin de garantizar la efectividad de dichos derechos.. En un entorno marcado por fuertes asimetrías, no puede exigirse lo mismo a la ciudadanía, a una pyme, a una administración pública o a una gran plataforma tecnológica con capacidad de condicionar el acceso a la información, los datos o los servicios digitales.. Por ello, la Declaración establece una lógica de responsabilidad graduada: cuanto mayor es la capacidad de influencia, mayor debe ser el nivel de exigencia. Esa aproximación se traduce en responsabilidades diferenciadas para poderes públicos, plataformas y prestadores de servicios digitales, empresas y particulares.. Estos deberes se organizan en ámbitos clave del entorno digital como la ciberseguridad, la identidad digital, la protección de datos, la libertad de expresión, la participación ciudadana, el entorno laboral, la educación, la protección de menores y el uso de inteligencia artificial.. Entre sus aportaciones más relevantes, el texto subraya que las mayores exigencias deben recaer sobre los actores que tienen mayor capacidad de condicionar el ejercicio de derechos, en especial las grandes plataformas y prestadores de servicios digitales. También incorpora referencias específicas a cuestiones emergentes como los neurodatos, la protección reforzada de los menores en entornos digitales y el uso de la inteligencia artificial con criterios de transparencia, supervisión humana y control del riesgo.. El documento incluye el siguiente decálogo de compromisos dirigido a las plataformas, las administraciones y las empresas:. 1. El mayor poder e influencia de las plataformas y grandes prestadores se traduce en más responsabilidad y responsabilidades más exigentes.. 2. Las administraciones deben asegurar conectividad asequible, sin brechas.. 3. Asegurar servicios públicos digitales accesibles y alternativas para garantizar el acceso efectivo.. 4. Las administraciones, empresas y plataformas deben impulsar la alfabetización digital. 5. Las administraciones, empresas y plataformas deben proteger y tratar los datos con licitud, minimización y transparencia.. 6. Reforzar la ciberseguridad como estándar de confianza tanto por los poderes públicos como por los prestadores, en especial las plataformas.. 7. Evitar sesgos y discriminaciones en decisiones automatizadas, además de garantizar intervención humana cuando haya efectos relevantes.. 8. Debe protegerse la suplantación de identidades. Debe permitirse eluso de seudónimos salvo necesidad legal o de seguridad.. 9. Las plataformas deben garantizar la libertad de expresión con moderación responsable y transparente, a la vez que deben actuar frente a lo ilícito con diligencia.. 10. Los servicios accesibles a menores deben tener una protección reforzada. El uso de neurodatos debe evitar discriminación y manipulación ilícita. La IA debe aplicarse con supervisión humana y límites normativos claros.. “Hemos querido responder a una pregunta que hasta ahora seguía sin resolverse: quién responde cuando en el entorno digital se vulneran derechos. Sin una atribución clara de responsabilidades, los derechos corren el riesgo de quedarse en una formulación declarativa”, explica Carlos López Blanco, coordinador y autor principal del documento.. “Durante años hemos hablado de derechos digitales sin resolver quién responde cuando esos derechos se vulneran. Esta Declaración llena ese vacío y propone un criterio claro, a mayor capacidad de control, mayor responsabilidad”, señala Beatriz Escriña, subdirectora general de la Fundación Hermes.. La Declaración, coordinada por Carlos López Blanco, ex secretario de Estado de Telecomunicaciones y presidente de Fundación ESYS, ha contado como ponentes con Margarita Castilla, catedrática de Derecho Civil, y José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo.. Entre los expertos participantes destaca también José María Lassalle, doctor en Derecho, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y ex secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital, junto a otros especialistas del ámbito jurídico, tecnológico y académico.. En total, el documento ha contado con la colaboración de más de 30 expertos y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de impulsar una digitalización más responsable y centrada en los derechos de las personas.
La Declaración estructura las responsabilidades en ocho ámbitos clave del entorno digital y establece deberes diferenciados para poderes públicos, plataformas y prestadores de servicios digitales, empresas y particulares
La Fundación Hermes presenta la primera Declaración de Deberes Digitales, un documento que establece por primera vez en España un marco sistemático para determinar quién debe garantizar los derechos digitales, ante qué riesgos y con qué grado de responsabilidad.. Desarrollada en el marco del Observatorio de Derechos Digitales y con el apoyo de Red.es, la iniciativa complementa la Carta de Derechos Digitales de 2021. Si la Carta fijó qué derechos deben protegerse en el entorno digital, la nueva Declaración define responsabilidades concretas para los distintos actores del ecosistema digital con el fin de garantizar la efectividad de dichos derechos.. En un entorno marcado por fuertes asimetrías, no puede exigirse lo mismo a la ciudadanía, a una pyme, a una administración pública o a una gran plataforma tecnológica con capacidad de condicionar el acceso a la información, los datos o los servicios digitales.. Por ello, la Declaración establece una lógica de responsabilidad graduada: cuanto mayor es la capacidad de influencia, mayor debe ser el nivel de exigencia. Esa aproximación se traduce en responsabilidades diferenciadas para poderes públicos, plataformas y prestadores de servicios digitales, empresas y particulares.. Estos deberes se organizan en ámbitos clave del entorno digital como la ciberseguridad, la identidad digital, la protección de datos, la libertad de expresión, la participación ciudadana, el entorno laboral, la educación, la protección de menores y el uso de inteligencia artificial.. Entre sus aportaciones más relevantes, el texto subraya que las mayores exigencias deben recaer sobre los actores que tienen mayor capacidad de condicionar el ejercicio de derechos, en especial las grandes plataformas y prestadores de servicios digitales. También incorpora referencias específicas a cuestiones emergentes como los neurodatos, la protección reforzada de los menores en entornos digitales y el uso de la inteligencia artificial con criterios de transparencia, supervisión humana y control del riesgo.. El documento incluye el siguiente decálogo de compromisos dirigido a las plataformas, las administraciones y las empresas:. 1. El mayor poder e influencia de las plataformas y grandes prestadores se traduce en más responsabilidad y responsabilidades más exigentes.. 2. Las administraciones deben asegurar conectividad asequible, sin brechas.. 3. Asegurar servicios públicos digitales accesibles y alternativas para garantizar el acceso efectivo.. 4. Las administraciones, empresas y plataformas deben impulsar la alfabetización digital. 5. Las administraciones, empresas y plataformas deben proteger y tratar los datos con licitud, minimización y transparencia.. 6. Reforzar la ciberseguridad como estándar de confianza tanto por los poderes públicos como por los prestadores, en especial las plataformas.. 7. Evitar sesgos y discriminaciones en decisiones automatizadas, además de garantizar intervención humana cuando haya efectos relevantes.. 8. Debe protegerse la suplantación de identidades. Debe permitirse eluso de seudónimos salvo necesidad legal o de seguridad.. 9. Las plataformas deben garantizar la libertad de expresión con moderación responsable y transparente, a la vez que deben actuar frente a lo ilícito con diligencia.. 10. Los servicios accesibles a menores deben tener una protección reforzada. El uso de neurodatos debe evitar discriminación y manipulación ilícita. La IA debe aplicarse con supervisión humana y límites normativos claros.. “Hemos querido responder a una pregunta que hasta ahora seguía sin resolverse: quién responde cuando en el entorno digital se vulneran derechos. Sin una atribución clara de responsabilidades, los derechos corren el riesgo de quedarse en una formulación declarativa”, explica Carlos López Blanco, coordinador y autor principal del documento.. “Durante años hemos hablado de derechos digitales sin resolver quién responde cuando esos derechos se vulneran. Esta Declaración llena ese vacío y propone un criterio claro, a mayor capacidad de control, mayor responsabilidad”, señala Beatriz Escriña, subdirectora general de la Fundación Hermes.. La Declaración, coordinada por Carlos López Blanco, ex secretario de Estado de Telecomunicaciones y presidente de Fundación ESYS, ha contado como ponentes con Margarita Castilla, catedrática de Derecho Civil, y José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo.. Entre los expertos participantes destaca también José María Lassalle, doctor en Derecho, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y ex secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital, junto a otros especialistas del ámbito jurídico, tecnológico y académico.. En total, el documento ha contado con la colaboración de más de 30 expertos y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de impulsar una digitalización más responsable y centrada en los derechos de las personas.
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