La juez instructora que investiga la muerte del pequeño Lucas, hallado sin vida en un búnker de Garrucha (Almería) el pasado 3 de diciembre, ha denegado la práctica de diferentes pruebas y diligencias, entre ellas la toma de muestras de ADN de siete hombres del entorno del niño. En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la magistrada Mónica Viciana aplica un criterio restrictivo para evitar dilaciones indebidas y deniega la gran mayoría de las pruebas tecnológicas y forenses reclamadas, recordando que el derecho a la prueba «no tiene carácter ilimitado» y rechazando aquellas que considera «impertinentes, inútiles, dilatorias o intranscendentes» para la actual fase de instrucción. Una de las decisiones más destacadas del auto es el rechazo a la pretensión de la defensa del principal investigado, Juan David R.C., pareja de la madre del niño, que exigía la extracción forzosa de ADN a siete varones del entorno, entre ellos el abuelo materno del niño, el empleador de la madre y cinco compañeros de piso. La defensa buscaba descartarlos tras el hallazgo biológico de un perfil desconocido, denominado «Varón 1», mezclado en la ropa del menor y de su madre. La jueza deniega esta práctica generalizada alegando que el Equipo de Homicidios de la Guardia Civil ya está realizando sus propias «gestiones tendentes a conocer si la presencia de dicho ADN corresponde a alguna de las personas que vivieran en la casa o a algún familiar», por lo que prefiere esperar a los resultados de los investigadores antes de citar a nadie, librando un oficio urgente para que den cuenta de sus avances. La instructora también desestima la petición de la defensa de rastrear las llamadas de auxilio al 112 y al 061. El motivo desvelado en el auto es un grave cuello de botella pericial: el teléfono de Juan David, incautado hace seis meses, se encuentra atascado en el Laboratorio de la Zona de la Guardia Civil de Sevilla «esperando para que se realice el volcado». La jueza argumenta que hay que esperar a que esta unidad extraiga y analice el terminal antes de pedir datos a fuentes externas. Del mismo modo, la magistrada se niega a confiscar y realizar un volcado integral del teléfono móvil del abuelo materno, tal y como pedía la defensa. Sin embargo, sí da la razón en parte a esta solicitud ordenando a la Policía Judicial que extraiga y remita al juzgado «los 4 audios con su transcripción» correspondientes al teléfono de este familiar, referidos a los mensajes intercambiados con el investigado en la tarde del crimen y que, según la acusación particular, desmontarían su coartada. En el apartado de diligencias admitidas, la jueza sí autoriza investigar los contactos previos de los acusados con la administración autonómica. Ha ordenado oficiar a la Junta de Andalucía para que remita las grabaciones de las llamadas mantenidas la mañana del crimen con un teléfono de los Servicios Sociales y cite al trabajador que intervino en las mismas. Fina
La defensa buscaba descartarlos tras el hallazgo biológico de un perfil desconocido, denominado «Varón 1», mezclado en la ropa del menor y de su madre
La juez instructora que investiga la muerte del pequeño Lucas, hallado sin vida en un búnker de Garrucha (Almería) el pasado 3 de diciembre, ha denegado la práctica de diferentes pruebas y diligencias, entre ellas la toma de muestras de ADN de siete hombres del entorno del niño.En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la magistrada Mónica Viciana aplica un criterio restrictivo para evitar dilaciones indebidas y deniega la gran mayoría de las pruebas tecnológicas y forenses reclamadas, recordando que el derecho a la prueba «no tiene carácter ilimitado» y rechazando aquellas que considera «impertinentes, inútiles, dilatorias o intranscendentes» para la actual fase de instrucción.Una de las decisiones más destacadas del auto es el rechazo a la pretensión de la defensa del principal investigado, Juan David R.C., pareja de la madre del niño, que exigía la extracción forzosa de ADN a siete varones del entorno, entre ellos el abuelo materno del niño, el empleador de la madre y cinco compañeros de piso.La defensa buscaba descartarlos tras el hallazgo biológico de un perfil desconocido, denominado «Varón 1», mezclado en la ropa del menor y de su madre.La jueza deniega esta práctica generalizada alegando que el Equipo de Homicidios de la Guardia Civil ya está realizando sus propias «gestiones tendentes a conocer si la presencia de dicho ADN corresponde a alguna de las personas que vivieran en la casa o a algún familiar», por lo que prefiere esperar a los resultados de los investigadores antes de citar a nadie, librando un oficio urgente para que den cuenta de sus avances.La instructora también desestima la petición de la defensa de rastrear las llamadas de auxilio al 112 y al 061.El motivo desvelado en el auto es un grave cuello de botella pericial: el teléfono de Juan David, incautado hace seis meses, se encuentra atascado en el Laboratorio de la Zona de la Guardia Civil de Sevilla «esperando para que se realice el volcado».La jueza argumenta que hay que esperar a que esta unidad extraiga y analice el terminal antes de pedir datos a fuentes externas.Del mismo modo, la magistrada se niega a confiscar y realizar un volcado integral del teléfono móvil del abuelo materno, tal y como pedía la defensa.Sin embargo, sí da la razón en parte a esta solicitud ordenando a la Policía Judicial que extraiga y remita al juzgado «los 4 audios con su transcripción» correspondientes al teléfono de este familiar, referidos a los mensajes intercambiados con el investigado en la tarde del crimen y que, según la acusación particular, desmontarían su coartada.En el apartado de diligencias admitidas, la jueza sí autoriza investigar los contactos previos de los acusados con la administración autonómica.Ha ordenado oficiar a la Junta de Andalucía para que remita las grabaciones de las llamadas mantenidas la mañana del crimen con un teléfono de los Servicios Sociales y cite al trabajador que intervino en las mismas.Finalmente, el a
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