Tras el balance de un 2025 marcado por el impacto de las plagas en los cultivos almerienses, enfermedades vegetales que los agricultores tratan de superar con lucha biológica ante las restricciones en el uso de sustancias fitosanitarias por parte de la Unión Europea, las organizaciones agrarias advierten de que comienza un nuevo año marcado, precisamente, por las nuevas decisiones que deberá tomar la eurocámara frente a las «graves amenazas» que afectan al sector. Asuntos como los acuerdos comerciales con países terceros, el recorte de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y la respuesta ante las incidencias en sanidad vegetal y animal, condicionan una actividad que exige la «defensa de los intereses propios» en un momento en el que entienden que la Comisión Europea está «poniendo en jaque el futuro de este sector productivo en la provincia», como aseguró la presidenta de Asaja en Almería, Adoración Blanque.. De esta forma, consumado el «trilerismo» para «ignorar los fallos previos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y sacar adelante un Acuerdo Comercial con Marruecos que ignora los productos del Sáhara occidental, sigue siendo evidente que en Europa no contamos con la reciprocidad necesaria y que valen más otros intereses que los propiamente agrícolas», afirmó la responsable de la patronal almeriense, señalando «otros acuerdos como el de Mercosur, que han llevado a los agricultores de todo el continente a colapsar Bruselas en una movilización histórica para denunciar la posición en la que las instituciones europeas dejan al sector primario». En este sentido, desde ASAJA lamentan «mayores exigencias burocráticas y legislativas, con menos presupuesto de la PAC y con problemas de rentabilidad, mientras nada de eso está siendo penalizando a nuestros principales competidores».. La propuesta presupuestaria de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 supone un recorte superior al 20% en los fondos agrarios y «la práctica desaparición del desarrollo rural», como valoró el secretario de COAG Almería, Andrés Góngora, refiriéndose a un «momento extremadamente convulso», con el «varapalo de la PAC» y una «enorme inestabilidad en la dinámica de precios, con subidas y bajadas que no obedecen a condiciones del mercado, sino a situaciones creadas por estas grandes plataformas de supermercados».. Para los agricultores resulta inaceptable que desde Europa se exija más sostenibilidad, digitalización e innovación, mientras se recortan los fondos que permiten avanzar en esas direcciones. Esto está generando cierta Incertidumbre ante una «deriva que pone en riesgo la soberanía alimentaria europea, el equilibrio territorial y el futuro de miles de explotaciones profesionales», apuntó Góngora, anunciando qué «el acuerdo UE–Marruecos que vulnera la legalidad europea seguirá dando mucho que hablar» porque «vamos a seguir trabajando para frenar la aceptación del reglamento, además de exigir transparencia, legalidad y respeto a los derechos de agricultores y consumidores». La organización agraria exhibe un «rechazo absoluto» a que «la UE abre la puerta a borrar el origen real de los productos y a que un tercer país influya en nuestras normas internas».. Por su parte, el presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal), Juan Antonio González, manifestó que «nos estamos jugando el futuro de un producto tan importante para nosotros como el tomate», rechazando también el nuevo clima de entendimiento europeo con el reino alauita. «Hemos perdido una primera batalla por un voto, pero a principios de año va a haber una segunda votación sobre este nuevo acuerdo y ahí nosotros queremos seguir haciendo presión», indicó González, incidiendo en la importancia de que «nuestros europarlamentarios entiendan que nos estamos jugando el producto, la hortaliza más importante, la que más se consume».. En cuanto a la presión fiscal, el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, reconoció que «estamos preocupados porque sentimos que muchas de nuestras empresas se están viendo ‘acosadas’ por inspecciones, con argumentos y cálculos en cuanto a una estructura de costes que creemos que no son reales». Por ello, «estamos trabajando para que nuestra agricultura, que es competitiva y sobrevive sin depender de las. subvenciones, no tenga esa sensación de asfixia por parte de la Agencia Tributaria», concluyó Fernández en el balance anual de la asociación.. Además, el sector agrícola almeriense sigue preocupado por asegurar el agua: «Debemos seguir avanzando en infraestructuras, porque queda aún pendientes soluciones para los agricultores del Poniente y Levante almeriense». Así, se espera que la desaladora del Almanzora, inutilizada por una riada hace más de 13 años y tras más de 70 millones de euros invertidos en reparaciones, empieza a funcionar en pruebas los próximos meses, la ampliación de las desaladoras del Campo de Dalías y Carboneras y la consolidación del acceso al agua regenerada de las depuradoras a las que la Junta está dotando de terciarios.
El sector encara el año preocupado por los acuerdos con Marruecos y Mercosur, los recortes de la PAC y la desigual normativa para hacer frente a las plagas
Tras el balance de un 2025 marcado por el impacto de las plagas en los cultivos almerienses, enfermedades vegetales que los agricultores tratan de superar con lucha biológica ante las restricciones en el uso de sustancias fitosanitarias por parte de la Unión Europea, las organizaciones agrarias advierten de que comienza un nuevo año marcado, precisamente, por las nuevas decisiones que deberá tomar la eurocámara frente a las «graves amenazas» que afectan al sector. Asuntos como los acuerdos comerciales con países terceros, el recorte de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y la respuesta ante las incidencias en sanidad vegetal y animal, condicionan una actividad que exige la «defensa de los intereses propios» en un momento en el que entienden que la Comisión Europea está «poniendo en jaque el futuro de este sector productivo en la provincia», como aseguró la presidenta de Asaja en Almería, Adoración Blanque.. De esta forma, consumado el «trilerismo» para «ignorar los fallos previos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y sacar adelante un Acuerdo Comercial con Marruecos que ignora los productos del Sáhara occidental, sigue siendo evidente que en Europa no contamos con la reciprocidad necesaria y que valen más otros intereses que los propiamente agrícolas», afirmó la responsable de la patronal almeriense, señalando «otros acuerdos como el de Mercosur, que han llevado a los agricultores de todo el continente a colapsar Bruselas en una movilización histórica para denunciar la posición en la que las instituciones europeas dejan al sector primario». En este sentido, desde ASAJA lamentan «mayores exigencias burocráticas y legislativas, con menos presupuesto de la PAC y con problemas de rentabilidad, mientras nada de eso está siendo penalizando a nuestros principales competidores».. La propuesta presupuestaria de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 supone un recorte superior al 20% en los fondos agrarios y «la práctica desaparición del desarrollo rural», como valoró el secretario de COAG Almería, Andrés Góngora, refiriéndose a un «momento extremadamente convulso», con el «varapalo de la PAC» y una «enorme inestabilidad en la dinámica de precios, con subidas y bajadas que no obedecen a condiciones del mercado, sino a situaciones creadas por estas grandes plataformas de supermercados».. Para los agricultores resulta inaceptable que desde Europa se exija más sostenibilidad, digitalización e innovación, mientras se recortan los fondos que permiten avanzar en esas direcciones. Esto está generando cierta Incertidumbre ante una «deriva que pone en riesgo la soberanía alimentaria europea, el equilibrio territorial y el futuro de miles de explotaciones profesionales», apuntó Góngora, anunciando qué «el acuerdo UE–Marruecos que vulnera la legalidad europea seguirá dando mucho que hablar» porque «vamos a seguir trabajando para frenar la aceptación del reglamento, además de exigir transparencia, legalidad y respeto a los derechos de agricultores y consumidores». La organización agraria exhibe un «rechazo absoluto» a que «la UE abre la puerta a borrar el origen real de los productos y a que un tercer país influya en nuestras normas internas».. Por su parte, el presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal), Juan Antonio González, manifestó que «nos estamos jugando el futuro de un producto tan importante para nosotros como el tomate», rechazando también el nuevo clima de entendimiento europeo con el reino alauita. «Hemos perdido una primera batalla por un voto, pero a principios de año va a haber una segunda votación sobre este nuevo acuerdo y ahí nosotros queremos seguir haciendo presión», indicó González, incidiendo en la importancia de que «nuestros europarlamentarios entiendan que nos estamos jugando el producto, la hortaliza más importante, la que más se consume».. En cuanto a la presión fiscal, el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, reconoció que «estamos preocupados porque sentimos que muchas de nuestras empresas se están viendo ‘acosadas’ por inspecciones, con argumentos y cálculos en cuanto a una estructura de costes que creemos que no son reales». Por ello, «estamos trabajando para que nuestra agricultura, que es competitiva y sobrevive sin depender de las. subvenciones, no tenga esa sensación de asfixia por parte de la Agencia Tributaria», concluyó Fernández en el balance anual de la asociación.. Además, el sector agrícola almeriense sigue preocupado por asegurar el agua: «Debemos seguir avanzando en infraestructuras, porque queda aún pendientes soluciones para los agricultores del Poniente y Levante almeriense». Así, se espera que la desaladora del Almanzora, inutilizada por una riada hace más de 13 años y tras más de 70 millones de euros invertidos en reparaciones, empieza a funcionar en pruebas los próximos meses, la ampliación de las desaladoras del Campo de Dalías y Carboneras y la consolidación del acceso al agua regenerada de las depuradoras a las que la Junta está dotando de terciarios.
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