El régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de Valladolid continuará en vigor, después de que un informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento concluya que la ordenanza actual debe seguir vigente, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declarara su nulidad. Por lo tanto, el documento elaborado por la Secretaría General del Consistorio defiende la “obligatoriedad de que la capital cuente con una ZBE que hay que cumplir”, según aseguró hoy el alcalde Jesús Julio Carnero. Además, el Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de “modificación” o “sustitución” de la ordenanza reguladora de la ZBE, con la publicación de la consulta pública previa para adaptar la normativa a la “realidad actual” de la ciudad y “mejorar su eficacia”.. Esta decisión de continuar con las multas a los vehículos que acceden a la zona carecen de la etiqueta ambiental choca con la moción de los dos partidos del equipo de Gobierno municipal -Partido Popular y Vox-, aprobada en el Pleno del 30 de marzo para iniciar las actuaciones administrativas para suspender los procedimientos sancionadores. “Más allá de lo anunciado y lo deseable, hay una realidad que marca el informe jurídico que dice que no se puede renunciar a aplicar el régimen sancionador. Hay que moverse en las realidades jurídica y la más absoluta responsabilidad, pese a que me gustaría no aplicar el procedimiento sancionador”, subrayó. Y es que el documento deja claro que “no existe amparo legal para suspenderlo”.. El informe de Secretaría General precisa que, hasta que la sentencia del no sea firme, la ordenanza se “sigue aplicando en su totalidad y con todas sus consecuencias”. Añade que no existe amparo legal para dejar de sancionar las infracciones que se comentan por su incumplimiento, no ejecutar las ya impuestas ni para devolver las sanciones ya aplicadas y, en definitiva, ingresadas en la Tesorería Municipal.. En este sentido, Carnero aseguró, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que de suspender el régimen sancionador de la ordenanza de ZBE se aplicaría directamente la Ley de Tráfico, que tipifica como infracción grave “no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de bajas emisiones”.. Hasta la fecha, solo el 3,8 por ciento de los vehículos que acceden a esa zona carece de etiqueta ambiental, al incluir tanto los que tienen permiso como los que no. La propuestas de sanción representan apenas el 0,25 por ciento del total de tránsitos, frente al 0,52 por ciento registrado al inicio. Por lo tanto, el Ayuntamiento impone unas 50 sanciones diarias. Desde que entró en vigor la ordenanza, en julio pasado, se han contabilizado unas 18.000 multas.. El informe de Secretaría General añade que, mientras el Ayuntamiento recurra en casación la sentencia del TSJCyL, debe, “de manera inmediata y aplicando la diligencia exigible para conseguirlo en el menor tiempo posible”, realizar las actuaciones administrativas precisas para aprobar una nueva ordenanza. Un fallo del tribunal que llega después del recurso de la Asociación Liberum mientras que sigue pendiente la de Ecologistas en Acción.. La decisión de continuar con el régimen sancionador choca con la postura de su socio de gobierno, Vox, quien ayer la teniente alcalde del Ayuntamiento Irene Carvajal se refirió a “quiebra de confianza”, después de haber dado la palabra a los ciudadanos de anular las multas en la moción aprobada por el Pleno. Preguntado por estas declaraciones, Carnero aseguró que “no tiene miedo a nada” sobre una posible ruptura del pacto de gobierno, tras reiterar que se opone a que Valladolid cuenta con una ZBE. “No creo, en absoluto, en ella”, sentenció. Eso sí, reconoció que, en su vida política, “nunca” se ha apartado de lo que dice un informe jurídico.. Además, recordó que no multar a los infractores podría poner en peligro las ayudas recibidas del Ministerio de Movilidad y de la Unión Europea y las que puedan llegar en un futuro por que existe la obligación de que un municipio que supere los 50.000 habitantes tenga establecida una Zona de Bajas Emisiones. “Mi responsabilidad es no comprometer el devenir de los vallisoletanos, desde el punto de vista de la Hacienda de esta casa, cuando tengo un informe jurídico”, tras ser preguntado por qué no se consultó a los Servicios Jurídicos si era posible suprimir el régimen sancionador antes de presentar la moción en el Pleno.. De ahí que el Ayuntamiento trabaje en la elaboración de una nueva ordenanza. “Abrimos un nuevo tiempo de movilidad, acorde a los nuevos tiempos y a la nueva realidad actual de bajas emisiones, que es muy distinto a lo regulado hace dos años, como ocurre en Madrid y Zaragoza”, apuntó Jesús Julio Carnero. Y es que manifestó, según Ical, que Valladolid no tiene los problemas de contaminación de grandes capitales europeas. En todo caso, eludió hablar de plazos para su aprobación ni concretar de cómo será, aunque aseguró que debe ser “efectiva” desde el punto de vista del cumplimiento de la ley. Acompañado por el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, solo recordó que la zona diseñada por el anterior equipo de Gobierno contemplaba un área de tres kilómetros cuadrados y ahora se limita a un kilómetro.. El documento informativo del Área de Tráfico y Movilidad para la consulta previa para la “modificación o sustitución” de la ordenanza reguladora de la ZBE en la ciudad plantea como objetivos optimizar el “diseño técnico y operativo” de la actual; “clarificar y sistematizar” determinados conceptos y previsiones normativas; mejorar la “eficacia” y la “eficiencia” de las medidas vigentes; adaptar la regulación a la evolución de los patrones de movilidad urbana; la conveniencia de incorporar nuevos avances tecnológicos y mejorar la accesibilidad y una mayor comprensión de la norma.
El alcalde asegura que un informe de los Servicios Jurídicos defiende la «obligatoriedad» que la capital siga con las multas a los vehículos que acceden a la zona sin etiqueta ambiental
El régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de Valladolid continuará en vigor, después de que un informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento concluya que la ordenanza actual debe seguir vigente, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declarara su nulidad. Por lo tanto, el documento elaborado por la Secretaría General del Consistorio defiende la “obligatoriedad de que la capital cuente con una ZBE que hay que cumplir”, según aseguró hoy el alcalde Jesús Julio Carnero. Además, el Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de “modificación” o “sustitución” de la ordenanza reguladora de la ZBE, con la publicación de la consulta pública previa para adaptar la normativa a la “realidad actual” de la ciudad y “mejorar su eficacia”.. Esta decisión de continuar con las multas a los vehículos que acceden a la zona carecen de la etiqueta ambiental choca con la moción de los dos partidos del equipo de Gobierno municipal -Partido Popular y Vox-, aprobada en el Pleno del 30 de marzo para iniciar las actuaciones administrativas para suspender los procedimientos sancionadores. “Más allá de lo anunciado y lo deseable, hay una realidad que marca el informe jurídico que dice que no se puede renunciar a aplicar el régimen sancionador. Hay que moverse en las realidades jurídica y la más absoluta responsabilidad, pese a que me gustaría no aplicar el procedimiento sancionador”, subrayó. Y es que el documento deja claro que “no existe amparo legal para suspenderlo”.. El informe de Secretaría General precisa que, hasta que la sentencia del no sea firme, la ordenanza se “sigue aplicando en su totalidad y con todas sus consecuencias”. Añade que no existe amparo legal para dejar de sancionar las infracciones que se comentan por su incumplimiento, no ejecutar las ya impuestas ni para devolver las sanciones ya aplicadas y, en definitiva, ingresadas en la Tesorería Municipal.. En este sentido, Carnero aseguró, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que de suspender el régimen sancionador de la ordenanza de ZBE se aplicaría directamente la Ley de Tráfico, que tipifica como infracción grave “no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de bajas emisiones”.. Hasta la fecha, solo el 3,8 por ciento de los vehículos que acceden a esa zona carece de etiqueta ambiental, al incluir tanto los que tienen permiso como los que no. La propuestas de sanción representan apenas el 0,25 por ciento del total de tránsitos, frente al 0,52 por ciento registrado al inicio. Por lo tanto, el Ayuntamiento impone unas 50 sanciones diarias. Desde que entró en vigor la ordenanza, en julio pasado, se han contabilizado unas 18.000 multas.. El informe de Secretaría General añade que, mientras el Ayuntamiento recurra en casación la sentencia del TSJCyL, debe, “de manera inmediata y aplicando la diligencia exigible para conseguirlo en el menor tiempo posible”, realizar las actuaciones administrativas precisas para aprobar una nueva ordenanza. Un fallo del tribunal que llega después del recurso de la Asociación Liberum mientras que sigue pendiente la de Ecologistas en Acción.. La decisión de continuar con el régimen sancionador choca con la postura de su socio de gobierno, Vox, quien ayer la teniente alcalde del Ayuntamiento Irene Carvajal se refirió a “quiebra de confianza”, después de haber dado la palabra a los ciudadanos de anular las multas en la moción aprobada por el Pleno. Preguntado por estas declaraciones, Carnero aseguró que “no tiene miedo a nada” sobre una posible ruptura del pacto de gobierno, tras reiterar que se opone a que Valladolid cuenta con una ZBE. “No creo, en absoluto, en ella”, sentenció. Eso sí, reconoció que, en su vida política, “nunca” se ha apartado de lo que dice un informe jurídico.. Además, recordó que no multar a los infractores podría poner en peligro las ayudas recibidas del Ministerio de Movilidad y de la Unión Europea y las que puedan llegar en un futuro por que existe la obligación de que un municipio que supere los 50.000 habitantes tenga establecida una Zona de Bajas Emisiones. “Mi responsabilidad es no comprometer el devenir de los vallisoletanos, desde el punto de vista de la Hacienda de esta casa, cuando tengo un informe jurídico”, tras ser preguntado por qué no se consultó a los Servicios Jurídicos si era posible suprimir el régimen sancionador antes de presentar la moción en el Pleno.. De ahí que el Ayuntamiento trabaje en la elaboración de una nueva ordenanza. “Abrimos un nuevo tiempo de movilidad, acorde a los nuevos tiempos y a la nueva realidad actual de bajas emisiones, que es muy distinto a lo regulado hace dos años, como ocurre en Madrid y Zaragoza”, apuntó Jesús Julio Carnero. Y es que manifestó, según Ical, que Valladolid no tiene los problemas de contaminación de grandes capitales europeas. En todo caso, eludió hablar de plazos para su aprobación ni concretar de cómo será, aunque aseguró que debe ser “efectiva” desde el punto de vista del cumplimiento de la ley. Acompañado por el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, solo recordó que la zona diseñada por el anterior equipo de Gobierno contemplaba un área de tres kilómetros cuadrados y ahora se limita a un kilómetro.. El documento informativo del Área de Tráfico y Movilidad para la consulta previa para la “modificación o sustitución” de la ordenanza reguladora de la ZBE en la ciudad plantea como objetivos optimizar el “diseño técnico y operativo” de la actual; “clarificar y sistematizar” determinados conceptos y previsiones normativas; mejorar la “eficacia” y la “eficiencia” de las medidas vigentes; adaptar la regulación a la evolución de los patrones de movilidad urbana; la conveniencia de incorporar nuevos avances tecnológicos y mejorar la accesibilidad y una mayor comprensión de la norma.
Noticias de Castilla y León: última hora local en La Razón
