El Partido Popular llevará al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena de este jueves una moción para instar al Gobierno de España a reconocer como profesión de riesgo la actividad de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como a aplicar a sus agentes un coeficiente reductor de la edad de jubilación, según ha anunciado la alcaldesa y presidenta del PP local, Noelia Arroyo.
La iniciativa plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para aplicar un coeficiente reductor del 0,20 por cada año completo de servicio efectivo, con una edad mínima de jubilación de 60 años o de 59 para quienes acrediten 35 años de servicio. Además, reclama que la medida se aplique «sin más demora» y cuente con la financiación necesaria en los Presupuestos Generales del Estado.
Arroyo ha señalado que la moción tiene «un valor simbólico«, ya que la decisión corresponde al Ejecutivo central, pero ha considerado que constituye «un deber moral de Cartagena con quienes nos defienden en situaciones tan difíciles».
El vicepresidente de la Asociación Española de Guardias Civiles, Francisco Fernández Larios, ha denunciado un déficit de plantilla, un parque móvil anticuado y la falta de medios de protección: «Hay muchos efectivos que no disponen hoy de su propio chaleco antibalas».
Sobre el reconocimiento de la profesión de riesgo, el representante de la AEGC ha reclamado que se retomen las negociaciones, interrumpidas el pasado 27 de octubre, y ha defendido que «lo justo sería que todos lo fuéramos». También ha pedido una jubilación digna y la equiparación salarial, al considerar que los guardias civiles pierden más del 40% de sus retribuciones cuando se jubilan.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía en la Región de Murcia, Adrián Rodríguez Prieto, ha defendido que los agentes de la Policía Nacional necesitan el reconocimiento de una profesión de riesgo y una jubilación en igualdad de condiciones con otros cuerpos policiales. «Se trata de que se nos reconozca simple y llanamente lo que se le reconoce al resto de policías a lo largo de todo el territorio nacional», ha señalado.
Rodríguez Prieto también ha alertado del incremento de la violencia contra los agentes y de la reincidencia, y ha reclamado que se legisle para proteger sus derechos y garantizar una equiparación salarial que, según ha indicado, se ajuste a las retribuciones de otras policías. Asimismo, ha pedido al responsable del Gobierno central en la Región que reciba a los representantes sindicales para conocer sus reivindicaciones.
Durante el encuentro, celebrado en el solar de la antigua casa cuartel de la calle Ángel Bruna, Arroyo ha criticado que, tres años después de que el Ministerio del Interior declarase en ruina el inmueble y desalojase a las familias de guardias civiles, el Gobierno central no disponga de proyecto ni presupuesto para construir unas nuevas instalaciones. La alcaldesa ha calificado el solar de «monumento a la desidia del sanchismo en Cartagena».
En este sentido, Fernández Larios, ha aprovechado el encuentro para trasladar la situación de las familias desalojadas de la antigua casa cuartel de Cartagena. Según ha indicado, alrededor de 80 familias fueron desalojadas hace 38 meses y recibieron el compromiso de que las nuevas instalaciones estarían construidas en 30 meses. «Transcurridos 38 meses, esto es lo que hay», ha lamentado.
Además, ha asegurado que la única información recibida hasta ahora apunta a que se reducirá a la mitad el número de viviendas previstas. A su vez, ha criticado las condiciones de las instalaciones provisionales en las que trabajan los agentes, en el colegio Antonio Arévalo, donde, según ha afirmado, cuando llueve «se inunda todo».
Arroyo también ha denunciado las dificultades de medios y personal que, según ha indicado, afrontan ambos cuerpos para atender la presión migratoria y los servicios en el municipio. «Las mafias desembarcan con narcolanchas a plena luz del día y se vuelven al mar, porque la Guardia Civil no tiene embarcaciones capaces de alcanzarlas», ha afirmado.
La presidenta del PP de Cartagena ha contrapuesto esta situación a las inversiones municipales en dependencias y efectivos de la Policía Local y ha concluido que, a su juicio, «no es un problema de dinero. Es un problema de prioridades».
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El Partido Popular llevará al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena de este jueves una moción para instar al Gobierno de España a reconocer como profesión de riesgo la actividad de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como a aplicar a sus agentes un coeficiente reductor de la edad de jubilación, según ha anunciado la alcaldesa y presidenta del PP local, Noelia Arroyo.. La iniciativa plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para aplicar un coeficiente reductor del 0,20 por cada año completo de servicio efectivo, con una edad mínima de jubilación de 60 años o de 59 para quienes acrediten 35 años de servicio. Además, reclama que la medida se aplique «sin más demora» y cuente con la financiación necesaria en los Presupuestos Generales del Estado.. Arroyo ha señalado que la moción tiene «un valor simbólico», ya que la decisión corresponde al Ejecutivo central, pero ha considerado que constituye «un deber moral de Cartagena con quienes nos defienden en situaciones tan difíciles».. El vicepresidente de la Asociación Española de Guardias Civiles, Francisco Fernández Larios, ha denunciado un déficit de plantilla, un parque móvil anticuado y la falta de medios de protección: «Hay muchos efectivos que no disponen hoy de su propio chaleco antibalas».. Sobre el reconocimiento de la profesión de riesgo, el representante de la AEGC ha reclamado que se retomen las negociaciones, interrumpidas el pasado 27 de octubre, y ha defendido que «lo justo sería que todos lo fuéramos». También ha pedido una jubilación digna y la equiparación salarial, al considerar que los guardias civiles pierden más del 40% de sus retribuciones cuando se jubilan.. Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía en la Región de Murcia, Adrián Rodríguez Prieto, ha defendido que los agentes de la Policía Nacional necesitan el reconocimiento de una profesión de riesgo y una jubilación en igualdad de condiciones con otros cuerpos policiales. «Se trata de que se nos reconozca simple y llanamente lo que se le reconoce al resto de policías a lo largo de todo el territorio nacional», ha señalado.. Rodríguez Prieto también ha alertado del incremento de la violencia contra los agentes y de la reincidencia, y ha reclamado que se legisle para proteger sus derechos y garantizar una equiparación salarial que, según ha indicado, se ajuste a las retribuciones de otras policías. Asimismo, ha pedido al responsable del Gobierno central en la Región que reciba a los representantes sindicales para conocer sus reivindicaciones.. Durante el encuentro, celebrado en el solar de la antigua casa cuartel de la calle Ángel Bruna, Arroyo ha criticado que, tres años después de que el Ministerio del Interior declarase en ruina el inmueble y desalojase a las familias de guardias civiles, el Gobierno central no disponga de proyecto ni presupuesto para construir unas nuevas instalaciones. La alcaldesa ha calificado el solar de «monumento a la desidia del sanchismo en Cartagena».. En este sentido, Fernández Larios, ha aprovechado el encuentro para trasladar la situación de las familias desalojadas de la antigua casa cuartel de Cartagena. Según ha indicado, alrededor de 80 familias fueron desalojadas hace 38 meses y recibieron el compromiso de que las nuevas instalaciones estarían construidas en 30 meses. «Transcurridos 38 meses, esto es lo que hay», ha lamentado.. Además, ha asegurado que la única información recibida hasta ahora apunta a que se reducirá a la mitad el número de viviendas previstas. A su vez, ha criticado las condiciones de las instalaciones provisionales en las que trabajan los agentes, en el colegio Antonio Arévalo, donde, según ha afirmado, cuando llueve «se inunda todo».. Arroyo también ha denunciado las dificultades de medios y personal que, según ha indicado, afrontan ambos cuerpos para atender la presión migratoria y los servicios en el municipio. «Las mafias desembarcan con narcolanchas a plena luz del día y se vuelven al mar, porque la Guardia Civil no tiene embarcaciones capaces de alcanzarlas», ha afirmado.. La presidenta del PP de Cartagena ha contrapuesto esta situación a las inversiones municipales en dependencias y efectivos de la Policía Local y ha concluido que, a su juicio, «no es un problema de dinero. Es un problema de prioridades».
El Partido Popular llevará al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena de este jueves una moción
