El Pleno ordinario del mes de mayo en la Diputación de Segovia ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, en una sesión en la que se ha puesto de manifiesto el buen funcionamiento del departamento de Tesorería de la institución provincial, destacando el periodo medio de pago de siete días a los proveedores durante el primer trimestre de 2026, técnicos que han sido felicitados por el presidente “por la celeridad en la tramitación”. Además, se ha aprobado la adenda al convenio entre la Consejería de la Presidencia y la Diputación para la gestión del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León de los municipios de menos de mil habitantes por un importe de 2,5 millones de euros.. Esto ha sido lo más notable del orden del día, junto a una modificación presupuestaria cercana a los 340.000 euros, que solo ha sido respaldada por el equipo de Gobierno, ya que excepto el diputado de Vox y el no adscrito, David Gutiérrez (aunque se abstuvieron en la votación), todos se han mostrado contrarios a los 150.000 euros que se recogen para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de Iglesias en los pueblos de la provincia.. Mientras, en el turno de mociones, se han presentado cuatro propuestas de las que han salido adelante dos al contar con el apoyo de los diputados del equipo de Gobierno. Este ha sido el caso de la presentada por el diputado de Vox, Pedro Varela mostrando su rechazo al acuerdo comercial UE – Mercosur “mientras no garantice la igualdad en la producción alimentaria para los agricultores españoles y, por supuesto, segovianos”. En este sentido, el grupo popular ha planteado una enmienda con el fin de poner de manifiesto la necesidad de que los agricultores y ganaderos de la Comunidad compitan en igualdad de condiciones con el resto del sector, como ha defendido la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León”, así como que se garantice “una reciprocidad real y efectiva garantizando los nuevos requisitos medioambientales, agronómicos, y sociales para las importaciones, con control y trazabilidad”.. Aunque la enmienda no ha sido aceptada por el diputado de Vox, el grupo popular ha apoyado la moción “aun no estando de acuerdo en algunos de los términos utilizados”, según ha asegurado el diputado del PP, Juan Montes, pues “se trata de defender los derechos de los agricultores segovianos que con este acuerdo compiten claramente en desigualdad de condiciones”. Montes, avalado por su experiencia personal como agricultor ha lamentado que “las explotaciones no son sostenibles, no se puede trabajar sabiendo que vas a pérdidas” y ha asegurado que “los agricultores preferiríamos no tener subvenciones y aunque nos parece bien proteger el ecosistema, no puede ser siempre a costa de los mismos”.. Además, se ha manifestado “en contra de que lleguen productos que nos hacen competencia desleal sin pasar ningún control de trazabilidad, pues es verdad que en España tenemos la mejor despensa del mundo, pero como sigamos así dentro de poco vamos a comer mierda”. Montes se ha mostrado muy duro con el Gobierno de España, “me gustaría ver a Pedro Sánchez visitando alguna explotación, pero no puede porque igual tiene que salir corriendo, se siente más cómodo en Marruecos o Egipto porque allí sí llegan las ayudas españolas que a nosotros se nos niegan”.. La propuesta de Vox ha contado también con el apoyo de José Antonio Mateo porque “recoge las reivindicaciones de las OPAS”, las abstenciones de David Gutiérrez y Lucía Otones, ausente en la votación, y los votos en contra de la diputada de IU por expresiones como “fanatismo climático”, aunque se opone al acuerdo Mercosur; y de seis diputados socialistas ya que “aunque compartimos las demandas de la gente del campo, por respeto al campo no podemos aceptar esta moción simplista y partidista que busca enfrentar el mundo rural con Europa”.. También ha salido adelante la moción presentada por el diputado no adscrito, José Antonio Mateo, para instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a Red Eléctrica de España a ejecutar las infraestructuras necesarias para el refuerzo del suministro eléctrico en la provincia de Segovia ya que “de los 2.000 kw que recorren nuestra provincia, solo se queda aquí un 6,5% lo que impide el desarrollo económico e industrial por falta de suministro”. En su intervención, ha aludido a las palabras del representante de Unión Fenosa hace unos meses en la FES, cuando aseguró que “Segovia está siendo maltratada por el Ministerio porque no nos da energía”.. Estas tesis han sido respaldadas por David Gutiérrez, Pedro Varela y el equipo de Gobierno, cuya vicepresidenta, Magdalena Rodríguez ha defendido que “va haber suelo industrial suficiente para muchos años gracias al Plan de Fomento Territorial de la Junta, pero no habrá energía porque es el Gobierno de Sánchez quien no nos la da”. Por su parte, la representante de IU se ha abstenido al “compartir el fondo de la moción”, pero pensando que el debate debe centrarse en “qué futuro se puede conseguir con ello”, igual que el grupo socialista que, en palabras del diputado Daniel Bravo ha defendido que “no nos abstenemos porque neguemos el problema, sino porque la moción es técnicamente insuficiente y políticamente oportunista”. En este sentido, Rodríguez ha afeado al PSOE que “su voto de no apoyar el suministro eléctrico demuestra la prioridad provincial del socialismo con esta provincia, pues ir en contra de esta moción es ir en contra del crecimiento de Segovia”.. No han corrido la misma suerte las propuestas del grupo socialista relativa a la accesibilidad universal, inclusión social y normalización de la vida pública de las personas con movilidad reducida o discapacidad intelectual, “porque ya hay mucho camino recorrido en este sentido, los ayuntamientos tienen libertad de elección en las obras que financia la Diputación y ya hay obligación de hacerlo dentro de las competencias municipales”; ni de la diputada de Izquierda Unida para la continuidad del proyecto actual del Palacio de Quintanar; ambas rechazadas por el equipo de Gobierno. Además, en el caso de esta última se han sumado al no el diputado de Vox y los dos no adscritos por “responsabilidad y confianza institucional”.
Todos los grupos menos el PSOE y la diputada de IU apoyan “por interés general” la propuesta para instar al Gobierno de España y a Red Eléctrica a ejecutar las infraestructuras necesarias para el refuerzo del suministro eléctrico en la provincia de Segovia
El Pleno ordinario del mes de mayo en la Diputación de Segovia ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, en una sesión en la que se ha puesto de manifiesto el buen funcionamiento del departamento de Tesorería de la institución provincial, destacando el periodo medio de pago de siete días a los proveedores durante el primer trimestre de 2026, técnicos que han sido felicitados por el presidente “por la celeridad en la tramitación”. Además, se ha aprobado la adenda al convenio entre la Consejería de la Presidencia y la Diputación para la gestión del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León de los municipios de menos de mil habitantes por un importe de 2,5 millones de euros.. Esto ha sido lo más notable del orden del día, junto a una modificación presupuestaria cercana a los 340.000 euros, que solo ha sido respaldada por el equipo de Gobierno, ya que excepto el diputado de Vox y el no adscrito, David Gutiérrez (aunque se abstuvieron en la votación), todos se han mostrado contrarios a los 150.000 euros que se recogen para la rehabilitación, conservación y mantenimiento de Iglesias en los pueblos de la provincia.. Mientras, en el turno de mociones, se han presentado cuatro propuestas de las que han salido adelante dos al contar con el apoyo de los diputados del equipo de Gobierno. Este ha sido el caso de la presentada por el diputado de Vox, Pedro Varela mostrando su rechazo al acuerdo comercial UE – Mercosur “mientras no garantice la igualdad en la producción alimentaria para los agricultores españoles y, por supuesto, segovianos”. En este sentido, el grupo popular ha planteado una enmienda con el fin de poner de manifiesto la necesidad de que los agricultores y ganaderos de la Comunidad compitan en igualdad de condiciones con el resto del sector, como ha defendido la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León”, así como que se garantice “una reciprocidad real y efectiva garantizando los nuevos requisitos medioambientales, agronómicos, y sociales para las importaciones, con control y trazabilidad”.. Aunque la enmienda no ha sido aceptada por el diputado de Vox, el grupo popular ha apoyado la moción “aun no estando de acuerdo en algunos de los términos utilizados”, según ha asegurado el diputado del PP, Juan Montes, pues “se trata de defender los derechos de los agricultores segovianos que con este acuerdo compiten claramente en desigualdad de condiciones”. Montes, avalado por su experiencia personal como agricultor ha lamentado que “las explotaciones no son sostenibles, no se puede trabajar sabiendo que vas a pérdidas” y ha asegurado que “los agricultores preferiríamos no tener subvenciones y aunque nos parece bien proteger el ecosistema, no puede ser siempre a costa de los mismos”.. Además, se ha manifestado “en contra de que lleguen productos que nos hacen competencia desleal sin pasar ningún control de trazabilidad, pues es verdad que en España tenemos la mejor despensa del mundo, pero como sigamos así dentro de poco vamos a comer mierda”. Montes se ha mostrado muy duro con el Gobierno de España, “me gustaría ver a Pedro Sánchez visitando alguna explotación, pero no puede porque igual tiene que salir corriendo, se siente más cómodo en Marruecos o Egipto porque allí sí llegan las ayudas españolas que a nosotros se nos niegan”.. La propuesta de Vox ha contado también con el apoyo de José Antonio Mateo porque “recoge las reivindicaciones de las OPAS”, las abstenciones de David Gutiérrez y Lucía Otones, ausente en la votación, y los votos en contra de la diputada de IU por expresiones como “fanatismo climático”, aunque se opone al acuerdo Mercosur; y de seis diputados socialistas ya que “aunque compartimos las demandas de la gente del campo, por respeto al campo no podemos aceptar esta moción simplista y partidista que busca enfrentar el mundo rural con Europa”.. También ha salido adelante la moción presentada por el diputado no adscrito, José Antonio Mateo, para instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a Red Eléctrica de España a ejecutar las infraestructuras necesarias para el refuerzo del suministro eléctrico en la provincia de Segovia ya que “de los 2.000 kw que recorren nuestra provincia, solo se queda aquí un 6,5% lo que impide el desarrollo económico e industrial por falta de suministro”. En su intervención, ha aludido a las palabras del representante de Unión Fenosa hace unos meses en la FES, cuando aseguró que “Segovia está siendo maltratada por el Ministerio porque no nos da energía”.. Estas tesis han sido respaldadas por David Gutiérrez, Pedro Varela y el equipo de Gobierno, cuya vicepresidenta, Magdalena Rodríguez ha defendido que “va haber suelo industrial suficiente para muchos años gracias al Plan de Fomento Territorial de la Junta, pero no habrá energía porque es el Gobierno de Sánchez quien no nos la da”. Por su parte, la representante de IU se ha abstenido al “compartir el fondo de la moción”, pero pensando que el debate debe centrarse en “qué futuro se puede conseguir con ello”, igual que el grupo socialista que, en palabras del diputado Daniel Bravo ha defendido que “no nos abstenemos porque neguemos el problema, sino porque la moción es técnicamente insuficiente y políticamente oportunista”. En este sentido, Rodríguez ha afeado al PSOE que “su voto de no apoyar el suministro eléctrico demuestra la prioridad provincial del socialismo con esta provincia, pues ir en contra de esta moción es ir en contra del crecimiento de Segovia”.. No han corrido la misma suerte las propuestas del grupo socialista relativa a la accesibilidad universal, inclusión social y normalización de la vida pública de las personas con movilidad reducida o discapacidad intelectual, “porque ya hay mucho camino recorrido en este sentido, los ayuntamientos tienen libertad de elección en las obras que financia la Diputación y ya hay obligación de hacerlo dentro de las competencias municipales”; ni de la diputada de Izquierda Unida para la continuidad del proyecto actual del Palacio de Quintanar; ambas rechazadas por el equipo de Gobierno. Además, en el caso de esta última se han sumado al no el diputado de Vox y los dos no adscritos por “responsabilidad y confianza institucional”.
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