Hace años que el socialismo ha dejado de ser un proyecto ilusionante. La socialdemocracia tuvo sus “treinta gloriosos”, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se proclamaron los derechos sociales y se consolidó en Europa el Estado de bienestar. Un logro que debería recordarse en momentos de desconfianza y desmoralización como los actuales, recordar que son posibles cambios radicales cuando las voluntades se unen aunque sólo sea para prevenir o evitar daños mayores. No estamos en esa tónica. La cooperación y la voluntad de llegar a acuerdos no son ingredientes del discurrir político, y la sociedad civil está lejos de organizarse y se siente impotente para revertir las tendencias dominantes. Seguir leyendo
Es difícil imaginar otro marco mental que nos permita seguir creyendo en los valores de libertad e igualdad
Hace años que el socialismo ha dejado de ser un proyecto ilusionante. La socialdemocracia tuvo sus “treinta gloriosos”, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se proclamaron los derechos sociales y se consolidó en Europa el Estado de bienestar. Un logro que debería recordarse en momentos de desconfianza y desmoralización como los actuales, recordar que son posibles cambios radicales cuando las voluntades se unen aunque sólo sea para prevenir o evitar daños mayores. No estamos en esa tónica. La cooperación y la voluntad de llegar a acuerdos no son ingredientes del discurrir político, y la sociedad civil está lejos de organizarse y se siente impotente para revertir las tendencias dominantes. Pero por agoreros que sean los pronósticos relativos al fin no ya de la socialdemocracia sino incluso del liberalismo, es difícil imaginar otro marco mental que nos permita seguir creyendo en los valores de libertad e igualdad que vertebran la declaración de derechos humanos. Si la libertad individual ha tenido un avance imparable desde que se proclamó como principio de cualquier otro derecho, el objetivo de la igualdad, la llamada “cuestión social”, condición necesaria para universalizar la libertad, ha tenido una aceptación menos unánime que ha cedido fácilmente a la voracidad de unas clases dirigentes ávidas de acumular riqueza e insensibles a las exigencias de la justicia social. Que combatir las desigualdades que deshumanizan y excluyen a quienes las padecen debe seguir siendo un objetivo político y social está fuera de toda duda razonable. El modelo de un “estado mínimo” que suscriben las posiciones más neoliberales no merecería el apoyo de nadie que hubiera disfrutado de la protección de un estado social como el que tenemos en España y en Europa. Lo saben los inmigrantes que buscan ser acogidos por los países más desarrollados y lo saben incluso los votantes de Vox que aplauden el argumento de la “prioridad nacional” que rechaza la acogida a los no autóctonos a los que ven como usurpadores de unas prestaciones que no merecen. La crisis del Estado de bienestar no se explica por agotamiento del modelo, sino por estancamiento de una idea que nació como respuesta a los desafíos de la industrialización, que no son los desafíos de la actualidad. El reto de la justicia social, de la redistribución o de la equidad hay que verlo hoy desde la perspectiva de las nuevas formas de desigualdad que acechan a los países más desarrollados, las cuales están demandando una atención y protección distinta del estado providencia inicial, destinado a eliminar las inseguridades sociales más básicas. Dichas formas de desigualdad están poniendo en cuestión derechos fundamentales que siguen defendiéndose en abstracto pero que no se ven garantizados de forma satisfactoria. Los primeros catorce años de gobierno socialista en España consiguieron universalizar el derecho a la educación y a la sanidad escolarizando a todos
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