El mayor casero de Madrid, la Agencia de la Vivienda Social, aprieta cada vez con más fuerza a los inquilinos que considera irregulares. Hasta el 30 de septiembre había desalojado a 255 familias, según datos oficiales a los que ha accedido EL PAÍS. Es la cifra más alta desde 2015 y refleja la política de mano dura contra la ocupación impulsada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El objetivo declarado es recuperar viviendas para adjudicarlas a familias que esperan su turno y cumplen los requisitos. Sin embargo, esa estrategia convive con cientos de pisos vacíos y con denuncias vecinales sobre inmuebles que permanecen cerrados durante años, protegidos con puertas de acero.. Seguir leyendo
La Agencia de la Vivienda Social había expulsado a 255 familias hasta septiembre, el mayor registro desde 2015, en plena ofensiva de la presidenta contra “los okupas”
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El mayor casero de Madrid, la Agencia de la Vivienda Social, aprieta cada vez con más fuerza a los inquilinos que considera irregulares. Hasta el 30 de septiembre había desalojado a 255 familias, según datos oficiales a los que ha accedido EL PAÍS. Es la cifra más alta desde 2015 y refleja la política de mano dura contra la ocupación impulsada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El objetivo declarado es recuperar viviendas para adjudicarlas a familias que esperan su turno y cumplen los requisitos. Sin embargo, esa estrategia convive con cientos de pisos vacíos y con denuncias vecinales sobre inmuebles que permanecen cerrados durante años, protegidos con puertas de acero.. Seguir leyendo
