En el debate actual sobre el aumento del gasto en pensiones —un problema real— se está abriendo paso una representación del pensionista que resulta injusta y contraproducente. Injusta, porque lo señala como responsable de un desequilibrio económico que tiene causas demográficas, institucionales y productivas profundas, ajenas a las decisiones individuales de quienes reciben una pensión. Contraproducente, porque dificulta la renovación del pacto social entre generaciones, precisamente cuando el cambio demográfico que experimenta la sociedad española hace más necesario que nunca alcanzar nuevos acuerdos colectivos.. Seguir leyendo
Carece de fundamento transformar las necesarias decisiones colectivas sobre la previsión en un juicio moral
En el debate actual sobre el aumento del gasto en pensiones —un problema real— se está abriendo paso una representación del pensionista que resulta injusta y contraproducente. Injusta, porque lo señala como responsable de un desequilibrio económico que tiene causas demográficas, institucionales y productivas profundas, ajenas a las decisiones individuales de quienes reciben una pensión. Contraproducente, porque dificulta la renovación del pacto social entre generaciones, precisamente cuando el cambio demográfico que experimenta la sociedad española hace más necesario que nunca alcanzar nuevos acuerdos colectivos.. Las causas demográficas son bien conocidas: vivimos más años —los nacidos en 2000 tienen una esperanza de vida al nacer aproximadamente 17 años superior a la que se registraba en 1950—; las generaciones del baby boom están alcanzando la edad de jubilación —la población de 65 años o más pasará de representar el 20% del total a superar el 30% hacia mediados de siglo—; y la baja fecundidad ha reducido el tamaño de las cohortes que llegan a la edad de trabajar —en los últimos 50 años, el número de hijos por mujer ha pasado de 2,8 a 1,1, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional—. A ello se añaden factores institucionales en continua transformación, relacionados con las reglas de acceso a la jubilación, el cálculo de las prestaciones y los mecanismos de financiación y revalorización del sistema. Finalmente, las dificultades económicas de España en los últimos 20 años, marcados por una sucesión de crisis de distinta naturaleza —financiera en 2008, sanitaria en 2020 y energética en 2022—, han limitado el crecimiento de los salarios y, con ello, las aportaciones al sistema, en un contexto de débil crecimiento de la productividad.. La Seguridad Social registró en 2011 su primer déficit tras una larga etapa de superávits. A partir de 2012, los desequilibrios se financiaron parcialmente mediante disposiciones del Fondo de Reserva, hasta prácticamente su agotamiento. Entre 2012 y 2017, el gasto en pensiones promedió un 12,2% del PIB. Desde 2017, el endeudamiento de la Seguridad Social ha seguido una trayectoria creciente, fundamentalmente mediante préstamos del Estado. El gasto público en pensiones representa actualmente alrededor del 13% del PIB y se espera que alcance su máximo hacia mediados de siglo, antes de volver a moderarse. La Seguridad Social sitúa ese máximo en el 15,3%; la Airef en el 16,4%, y la Comisión Europea en el 17,3%, según proyecciones elaboradas en distintos años y bajo diferentes supuestos. Las diferencias son considerables y reflejan un elevado grado de incertidumbre, pero todas apuntan a un aumento del esfuerzo presupuestario que deberá convivir con otras necesidades crecientes. Reconocer estas tensiones —que no son irresolubles— es indispensable, pero atribuir su responsabilidad a los pensionistas supone confundir un desafío demográfico colectivo con la responsabilidad individual de quienes tan sólo ejercen unos derechos adquiridos a lo largo de toda su vida laboral.. Por la misma razón, conviene aclarar que el gasto total en pensiones no aumenta por una decisión arbitraria de naturaleza política, salvo en el caso de las pensiones mínimas —936,2 euros brutos mensuales en 2026 para una persona jubilada de 65 años o más que vive sola—. El gasto crece, fundamentalmente, porque cada vez hay más pensionistas —demografía—; porque quienes se incorporan al sistema han tenido, por lo general, mejores salarios y trayectorias laborales que quienes lo abandonan por fallecimiento —como corresponde a una economía que ha progresado en las últimas décadas—; y porque las prestaciones se revalorizan para compensar la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación.. La revalorización de las pensiones conforme al IPC sigue sin suscitar unanimidad, pero ha sido la regla general del sistema, con la excepción de 2011 —congelación en un contexto de crisis— y del periodo 2014 a 2017 —aumento limitado a 0,25% anual por decisión normativa—. Los asalariados en activo nos quejamos, con razón, de que los salarios apenas han aumentado un 5% su poder adquisitivo en 30 años —de acuerdo con la estimación de este mismo diario—. ¿Por qué entonces vamos a negarle a las pensiones un aumento real del 0% en el largo plazo? ¿Lo que para los trabajadores en activo es insuficiente para los pensionistas es un exceso?. Junto con la revalorización, el otro gran estigma de las pensiones es su generosidad, concepto que solo tiene sentido en términos relativos: por ejemplo, como porcentaje del último salario o del salario medio de la economía, o en relación con los años durante los que se percibe la prestación. Que las pensiones españolas estén entre las más generosas de Europa —lo están— no quiere decir que su cuantía sea elevada en términos absolutos, sino que su financiación exige un mayor esfuerzo en relación con los salarios de nuestra economía. Esto plantea dificultades desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero no significa que las pensiones sean opulentas.. Con datos del 31 de diciembre de 2025, el 50% de las pensiones es inferior a 1.050 euros brutos mensuales en 14 pagas; el 66% no alcanza los 1.300 euros; y solo el 10% supera los 2.700 euros.. Sobre estas cuantías, los pensionistas pagan los impuestos que les corresponden, como cualquier otro contribuyente. Quienes perciben pensiones más elevadas tributan por ellas, y quienes obtienen además rentas inmobiliarias o del capital deben contribuir conforme a su capacidad económica. Si esa contribución resulta insuficiente, corresponde revisar la progresividad del sistema tributario y, en particular, el tratamiento fiscal de las rentas del capital, una cuestión que debe abordarse desde la política tributaria, no desde el sistema de pensiones. La generosidad del sistema, la suficiencia de las prestaciones y la progresividad fiscal deben, por tanto, formar parte de la misma conversación.. Es legítimo discutir la edad de jubilación, la contributividad, las tasas de sustitución, la financiación mediante impuestos o la introducción de cláusulas de escape que permitan revisar la revalorización de las pensiones en circunstancias excepcionales. También lo es comparar el gasto en pensiones con las necesidades de educación, vivienda, defensa o inversiones de futuro. Las restricciones presupuestarias existen. Y las preferencias sociales también. Lo que carece de fundamento es transformar esas decisiones colectivas en un juicio moral sobre sus beneficiarios. O, todavía peor, utilizar ese juicio para alimentar una confrontación generacional basada en la falsa premisa de la cantidad fija de prosperidad, como si las sociedades no progresasen, o como si las desigualdades de renta y patrimonio entre personas, con independencia de su edad, no fueran la dimensión esencial del problema.. En última instancia, se trata de distribuir los costes del cambio demográfico sin comprometer la suficiencia de las pensiones ni las oportunidades de quienes todavía trabajan, comienzan su vida adulta o están en la infancia. Se puede defender la necesidad de futuras reformas del sistema y rechazar, al mismo tiempo, la estigmatización de sus beneficiarios. Los pensionistas no son responsables del envejecimiento, de la debilidad de la productividad, de la evolución del poder adquisitivo de los salarios, ni de la crisis de acceso a la vivienda. Señalarlos como culpables no resolverá ninguno de esos problemas. Y enquistará, por reacción, cualquier posibilidad de mejora del sistema. No somos dos generaciones enfrentadas, sino una misma sociedad.. Daniel Fuentes Castro es profesor de Economía en la Universidad de Alcalá (Madrid) y asesor sénior de política económica en KREAB.
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