El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha anunciado la interposición de un recurso contra el decreto de regularización de inmigrantes del Ejecutivo central, al considerar que la norma se ha aprobado «de espaldas» a las comunidades autónomas y sin responder a las alegaciones presentadas por el Ejecutivo murciano.
A preguntas de los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño ha vinculado la tramitación de este plan con la situación judicial de la esposa del presidente del Gobierno, al afirmar que el decreto se utiliza como una «herramienta para tapar su corrupción» atendiendo a «intereses electorales».
En este sentido, el portavoz regional ha instado al Ejecutivo central a asumir la política migratoria como una «cuestión de Estado» que implique a la Unión Europea, actúe en los países de origen y luche contra las mafias, y ha remarcado que las autonomías son el destino de una inmigración irregular derivada de un «descontrol de fronteras».
Asimismo, el Gobierno murciano ha calificado de «preocupante» que el hecho de poseer antecedentes policiales no sea causa de exclusión en este proceso de regularización que se inserta el marco de una política migratoria estatal que, según Ortuño, sitúa a España en «dirección contraria» a las de la Unión Europea.
También ha alertado sobre el «colapso» que ya se registra en las oficinas de Correos, Extranjería y servicios sociales, y ha acusado al Gobierno de España de «quitarse de en medio» y trasladar la «presión» y el coste económico a ayuntamientos y comunidades autónomas, que carecen de los medios necesarios para afrontar este proceso.
Finalmente, ha reiterado que la aprobación de este decreto se ha realizado «de espaldas» a las administraciones locales y con una «falta de planificación total».
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El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha anunciado la interposición de un recurso contra el decreto de regularización de inmigrantes del Ejecutivo central, al considerar que la norma se ha aprobado «de espaldas» a las comunidades autónomas y sin responder a las alegaciones presentadas por el Ejecutivo murciano.. A preguntas de los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño ha vinculado la tramitación de este plan con la situación judicial de la esposa del presidente del Gobierno, al afirmar que el decreto se utiliza como una «herramienta para tapar su corrupción» atendiendo a «intereses electorales».. En este sentido, el portavoz regional ha instado al Ejecutivo central a asumir la política migratoria como una «cuestión de Estado» que implique a la Unión Europea, actúe en los países de origen y luche contra las mafias, y ha remarcado que las autonomías son el destino de una inmigración irregular derivada de un «descontrol de fronteras».. Asimismo, el Gobierno murciano ha calificado de «preocupante» que el hecho de poseer antecedentes policiales no sea causa de exclusión en este proceso de regularización que se inserta el marco de una política migratoria estatal que, según Ortuño, sitúa a España en «dirección contraria» a las de la Unión Europea.. También ha alertado sobre el «colapso» que ya se registra en las oficinas de Correos, Extranjería y servicios sociales, y ha acusado al Gobierno de España de «quitarse de en medio» y trasladar la «presión» y el coste económico a ayuntamientos y comunidades autónomas, que carecen de los medios necesarios para afrontar este proceso.. Finalmente, ha reiterado que la aprobación de este decreto se ha realizado «de espaldas» a las administraciones locales y con una «falta de planificación total».
Así lo ha confirmado el portavoz que afirma que lo hacen por «falta de planificación» y «legislar de espalda» a CCAA
