El Gobierno defiende que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) mantienen un seguimiento constante de la evolución de las actividades relacionadas con el narcotráfico en las distintas zonas del territorio nacional, incluyendo el entorno del río Guadalquivir».. Así lo traslada el Ejecutivo en una respuesta escrita fechada el pasado 8 de mayo que surge tras una pregunta de diputados del PP sobre el «incremento de la actividad de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el río Guadalquivir, y medidas que está adoptando el Ministerio del Interior para reforzar la vigilancia y control en esta zona».. En su respuesta sobre esta cuestión, el Gobierno comienza defendiendo que «la lucha contra el narcotráfico constituye una de las prioridades permanentes» para el Ejecutivo, «a través del Ministerio del Interior», de forma que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) mantienen un seguimiento constante de la evolución de las actividades relacionadas con el narcotráfico en las distintas zonas del territorio nacional, incluyendo el entorno del río Guadalquivir».. En este contexto, el Gobierno señala que se ha detectado, «durante los últimos años, una evolución en las dinámicas del narcotráfico caracterizada por la adaptación constante de las organizaciones criminales a la presión policial y judicial ampliando o modificando sus áreas de actuación, utilizando nuevas rutas y estructuras logísticas para el transporte y almacenamiento de sustancias estupefacientes, afectando también a territorios del eje del Guadalquivir, entre ellos la provincia de Sevilla, integrada en el ámbito de aplicación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar».. Ante esta situación -continúa la respuesta del Gobierno-, «el Ministerio del Interior mantiene una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico basada en el refuerzo de las capacidades de investigación, el incremento de la cooperación policial y judicial y el desarrollo de operaciones dirigidas a la desarticulación de las estructuras criminales que sustentan estas actividades ilícitas, en línea con los objetivos establecidos en el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar».. MÁS DE 45.500 OPERACIONES POLICIALES. Desde el Gobierno defienden que «esta presión operativa se refleja en los resultados obtenidos en el marco de dicho Plan, en cuyo ámbito territorial se han desarrollado más de 45.500 operaciones policiales contra el narcotráfico desde su puesta en marcha», en el año 2018.. Por otra parte, el Gobierno hace alusión en su respuesta al Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur), del que detalla que «se integró dentro de las estructuras orgánicas de las diferentes Unidades de Policía Judicial de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía en septiembre de 2022, y los principales indicadores de eficacia operativa vinculados a la ejecución del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar no evidenciaron ningún menoscabo apreciable en la capacidad de respuesta frente al narcotráfico».. Para el Ejecutivo, eso «resulta coherente con la medida organizativa adoptada en aquel momento, toda vez que los efectivos que formaban parte de dicha unidad pasaron a integrarse en la estructura territorial de las plantillas de la Guardia Civil en los distintos territorios incluidos en el citado Plan Especial».. Desde el Gobierno defienden así que «la organización y distribución de las unidades operativas responde a criterios de eficacia y adaptación a la evolución del fenómeno delictivo, manteniéndose en todo caso las capacidades necesarias para el desarrollo de investigaciones complejas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada».. Asimismo, el Ejecutivo pone de relieve en su respuesta que, «en el marco del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, se han adoptado medidas dirigidas a reforzar la seguridad de los agentes, entre ellas la mejora de los medios de protección y equipamiento operativo», y en el pasado año 2025 se destinaron «más de 21 millones de euros para la adquisición de vehículos securizados y otros medios de protección, así como el refuerzo de la formación para intervenciones en entornos de riesgo».. Asimismo, el nuevo Plan Especial contempla «una dotación específica de 19,9 millones de euros destinada a la adquisición de nuevos medios materiales» para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.. Por último, «el Ministerio del Interior ha trasladado la necesidad de continuar reforzando la respuesta penal frente a determinadas conductas delictivas vinculadas a la delincuencia organizada y a las agresiones contra los agentes de la autoridad, con el fin de garantizar una protección jurídica adecuada y una respuesta eficaz frente a este tipo de comportamientos», concluye la contestación del Gobierno.. BARBATE. El Gobierno ha recordado que la Abogacía General del Estado, en representación de la Administración General del Estado-Ministerio del Interior, se ha personado en la causa abierta en el caso que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) por los hechos ocurridos en la noche del 9 de febrero de 2024 en el puerto barbateño, donde una narcolancha embistió «de manera frontal» contra una zodiac de la Guardia Civil «con una clara y determinada intención de acabar con la vida de los ocupantes de la zodiac», según señaló la Fiscalía en su escrito.. En una respuesta del Gobierno a pregunta de Vox, recogida por Europa Press, señala que la Abogacía del Estado está personada en la causa, así como que ha solicitado la apertura de juicio oral y formulado escrito de conclusiones provisionales.. Cabe recordar que el pasado mes de abril la Fiscalía presentó su escrito de conclusiones provisionales, en el que pedía un total de 42 años de cárcel para el piloto de la narcolancha, Karim E.B., en prisión desde septiembre de 2024.. La fiscalía considera al piloto de la narcolancha como responsable de dos delitos de asesinato agravado, por lo que pide diez años de cárcel por cada uno de ellos. Igualmente, pide cinco años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de asesinato intentado y otros dos años por un delito de atentado agravado. Por su parte, para el otro acusado, tripulante de la narcolancha, solicita dos años de prisión por el delito de atentado agravado. Ala hora de determinar las penas privativas de libertad en su escrito de acusación señala que concurre en ambos acusados, respecto a todos los delitos, la atenuante de arrepentimiento como muy cualificada.. En su escrito, la Fiscalía detalla que la zodiac de la Guardia Civil había sido botada al agua sobre las 20:00 horas, con la finalidad de «conseguir que las embarcaciones de alta velocidad abandonasen el puerto, ante la alarma social que se había generado por esa situación». «Sin embargo, en ningún momento los agentes realizaron actos de persecución, ni siquiera acercamiento, sobre las seis narcolanchas presentes», sino que «la actuación de la Guardia Civil se limitó a una presencia disuasoria en la zona», advierte.. Así, una vez que la embarcación oficial estaba en el Puerto, «algunas de las narcolanchas comenzaron a efectuar maniobras de navegación, mientras que otras permanecían detenidas» y entre las primeras se encontraba la de los dos acusados, que «se aproximó a la zodiac de la Guardia Civil y comenzó a realizar maniobras de navegación peligrosas y agresivas, pasando repetidas veces muy cerca de la embarcación oficial, navegando en círculos cerrados y a gran velocidad alrededor de la zodiac».. «Estas maniobras, efectuadas hasta en seis ocasiones sin solución de continuidad, tenían como fin socavar el principio de autoridad y amedrentar a los agentes, que se encontraban en clara desventaja por la diferencia de eslora y potencia entre ambas embarcaciones, por el hecho de encontrarse a bordo seis personas en un espacio muy reducido y por la oscuridad y las difíciles condiciones meteorológicas», indica la Fiscalía.. Así, tras esas reiteradas maniobras de acometimiento previas, el acusado -piloto- dirigió la embarcación de alta velocidad (EAV) en sentido opuesto respecto a la zodiac de la Guardia Civil, es decir, en dirección hacia el interior del puerto, con el «objetivo» de «tomar distancia suficiente para incrementar la velocidad y así poder ejecutar una maniobra más contundente».. «A continuación, aceleró la EAV a una potencia muy elevada, orientando la proa directamente hacia la embarcación oficial, cuya ubicación conocía perfectamente, ya que acababa de separarse de ella y los agentes mantenían los sistemas luminosos y los rotativos en funcionamiento, lo que facilitaba su visión», señala el escrito de los hechos por parte de la Fiscalía.. Finalmente, según relata, «con una clara y determinada intención de acabar con la vida de los ocupantes de la zodiac, dirigió la EAV en línea recta contra la embarcación de la Guardia Civil, sin modificar en ningún momento el rumbo ni reducir la velocidad» y «como consecuencia de esta acción deliberada, la colisión se produjo de manera frontal», lo que hizo que «tanto el casco de la EAV como las hélices de los motores impactaron y pasaron por encima de la zodiac, arrollando a la propia embarcación y, necesariamente, a los agentes que se encontraban a bordo».. «El ataque fue tan rápido e inesperado que los agentes de la Guardia Civil no tuvieron posibilidad alguna de defensa», apunta la Fiscalía, que califica las dos muertes de los agentes como asesinatos y las lesiones provocadas a los otros como fruto de un asesinato intentado.
El Ejecutivo recuerda que está personado en la causa de la muerte de los dos guardias civiles en Barbate
El Gobierno defiende que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) mantienen un seguimiento constante de la evolución de las actividades relacionadas con el narcotráfico en las distintas zonas del territorio nacional, incluyendo el entorno del río Guadalquivir».. Así lo traslada el Ejecutivo en una respuesta escrita fechada el pasado 8 de mayo que surge tras una pregunta de diputados del PP sobre el «incremento de la actividad de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el río Guadalquivir, y medidas que está adoptando el Ministerio del Interior para reforzar la vigilancia y control en esta zona».. En su respuesta sobre esta cuestión, el Gobierno comienza defendiendo que «la lucha contra el narcotráfico constituye una de las prioridades permanentes» para el Ejecutivo, «a través del Ministerio del Interior», de forma que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) mantienen un seguimiento constante de la evolución de las actividades relacionadas con el narcotráfico en las distintas zonas del territorio nacional, incluyendo el entorno del río Guadalquivir».. En este contexto, el Gobierno señala que se ha detectado, «durante los últimos años, una evolución en las dinámicas del narcotráfico caracterizada por la adaptación constante de las organizaciones criminales a la presión policial y judicial ampliando o modificando sus áreas de actuación, utilizando nuevas rutas y estructuras logísticas para el transporte y almacenamiento de sustancias estupefacientes, afectando también a territorios del eje del Guadalquivir, entre ellos la provincia de Sevilla, integrada en el ámbito de aplicación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar».. Ante esta situación -continúa la respuesta del Gobierno-, «el Ministerio del Interior mantiene una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico basada en el refuerzo de las capacidades de investigación, el incremento de la cooperación policial y judicial y el desarrollo de operaciones dirigidas a la desarticulación de las estructuras criminales que sustentan estas actividades ilícitas, en línea con los objetivos establecidos en el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar».. MÁS DE 45.500 OPERACIONES POLICIALES. Desde el Gobierno defienden que «esta presión operativa se refleja en los resultados obtenidos en el marco de dicho Plan, en cuyo ámbito territorial se han desarrollado más de 45.500 operaciones policiales contra el narcotráfico desde su puesta en marcha», en el año 2018.. Por otra parte, el Gobierno hace alusión en su respuesta al Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur), del que detalla que «se integró dentro de las estructuras orgánicas de las diferentes Unidades de Policía Judicial de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía en septiembre de 2022, y los principales indicadores de eficacia operativa vinculados a la ejecución del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar no evidenciaron ningún menoscabo apreciable en la capacidad de respuesta frente al narcotráfico».. Para el Ejecutivo, eso «resulta coherente con la medida organizativa adoptada en aquel momento, toda vez que los efectivos que formaban parte de dicha unidad pasaron a integrarse en la estructura territorial de las plantillas de la Guardia Civil en los distintos territorios incluidos en el citado Plan Especial».. Desde el Gobierno defienden así que «la organización y distribución de las unidades operativas responde a criterios de eficacia y adaptación a la evolución del fenómeno delictivo, manteniéndose en todo caso las capacidades necesarias para el desarrollo de investigaciones complejas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada».. Asimismo, el Ejecutivo pone de relieve en su respuesta que, «en el marco del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, se han adoptado medidas dirigidas a reforzar la seguridad de los agentes, entre ellas la mejora de los medios de protección y equipamiento operativo», y en el pasado año 2025 se destinaron «más de 21 millones de euros para la adquisición de vehículos securizados y otros medios de protección, así como el refuerzo de la formación para intervenciones en entornos de riesgo».. Asimismo, el nuevo Plan Especial contempla «una dotación específica de 19,9 millones de euros destinada a la adquisición de nuevos medios materiales» para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.. Por último, «el Ministerio del Interior ha trasladado la necesidad de continuar reforzando la respuesta penal frente a determinadas conductas delictivas vinculadas a la delincuencia organizada y a las agresiones contra los agentes de la autoridad, con el fin de garantizar una protección jurídica adecuada y una respuesta eficaz frente a este tipo de comportamientos», concluye la contestación del Gobierno.. BARBATE. El Gobierno ha recordado que la Abogacía General del Estado, en representación de la Administración General del Estado-Ministerio del Interior, se ha personado en la causa abierta en el caso que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) por los hechos ocurridos en la noche del 9 de febrero de 2024 en el puerto barbateño, donde una narcolancha embistió «de manera frontal» contra una zodiac de la Guardia Civil «con una clara y determinada intención de acabar con la vida de los ocupantes de la zodiac», según señaló la Fiscalía en su escrito.. En una respuesta del Gobierno a pregunta de Vox, recogida por Europa Press, señala que la Abogacía del Estado está personada en la causa, así como que ha solicitado la apertura de juicio oral y formulado escrito de conclusiones provisionales.. Cabe recordar que el pasado mes de abril la Fiscalía presentó su escrito de conclusiones provisionales, en el que pedía un total de 42 años de cárcel para el piloto de la narcolancha, Karim E.B., en prisión desde septiembre de 2024.. La fiscalía considera al piloto de la narcolancha como responsable de dos delitos de asesinato agravado, por lo que pide diez años de cárcel por cada uno de ellos. Igualmente, pide cinco años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de asesinato intentado y otros dos años por un delito de atentado agravado. Por su parte, para el otro acusado, tripulante de la narcolancha, solicita dos años de prisión por el delito de atentado agravado. Ala hora de determinar las penas privativas de libertad en su escrito de acusación señala que concurre en ambos acusados, respecto a todos los delitos, la atenuante de arrepentimiento como muy cualificada.. En su escrito, la Fiscalía detalla que la zodiac de la Guardia Civil había sido botada al agua sobre las 20:00 horas, con la finalidad de «conseguir que las embarcaciones de alta velocidad abandonasen el puerto, ante la alarma social que se había generado por esa situación». «Sin embargo, en ningún momento los agentes realizaron actos de persecución, ni siquiera acercamiento, sobre las seis narcolanchas presentes», sino que «la actuación de la Guardia Civil se limitó a una presencia disuasoria en la zona», advierte.. Así, una vez que la embarcación oficial estaba en el Puerto, «algunas de las narcolanchas comenzaron a efectuar maniobras de navegación, mientras que otras permanecían detenidas» y entre las primeras se encontraba la de los dos acusados, que «se aproximó a la zodiac de la Guardia Civil y comenzó a realizar maniobras de navegación peligrosas y agresivas, pasando repetidas veces muy cerca de la embarcación oficial, navegando en círculos cerrados y a gran velocidad alrededor de la zodiac».. «Estas maniobras, efectuadas hasta en seis ocasiones sin solución de continuidad, tenían como fin socavar el principio de autoridad y amedrentar a los agentes, que se encontraban en clara desventaja por la diferencia de eslora y potencia entre ambas embarcaciones, por el hecho de encontrarse a bordo seis personas en un espacio muy reducido y por la oscuridad y las difíciles condiciones meteorológicas», indica la Fiscalía.. Así, tras esas reiteradas maniobras de acometimiento previas, el acusado -piloto- dirigió la embarcación de alta velocidad (EAV) en sentido opuesto respecto a la zodiac de la Guardia Civil, es decir, en dirección hacia el interior del puerto, con el «objetivo» de «tomar distancia suficiente para incrementar la velocidad y así poder ejecutar una maniobra más contundente».. «A continuación, aceleró la EAV a una potencia muy elevada, orientando la proa directamente hacia la embarcación oficial, cuya ubicación conocía perfectamente, ya que acababa de separarse de ella y los agentes mantenían los sistemas luminosos y los rotativos en funcionamiento, lo que facilitaba su visión», señala el escrito de los hechos por parte de la Fiscalía.. Finalmente, según relata, «con una clara y determinada intención de acabar con la vida de los ocupantes de la zodiac, dirigió la EAV en línea recta contra la embarcación de la Guardia Civil, sin modificar en ningún momento el rumbo ni reducir la velocidad» y «como consecuencia de esta acción deliberada, la colisión se produjo de manera frontal», lo que hizo que «tanto el casco de la EAV como las hélices de los motores impactaron y pasaron por encima de la zodiac, arrollando a la propia embarcación y, necesariamente, a los agentes que se encontraban a bordo».. «El ataque fue tan rápido e inesperado que los agentes de la Guardia Civil no tuvieron posibilidad alguna de defensa», apunta la Fiscalía, que califica las dos muertes de los agentes como asesinatos y las lesiones provocadas a los otros como fruto de un asesinato intentado.
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