El accidente que hace poco más de un año costó la vida a cinco trabajadores que estaban sacando carbón de forma ilegal en la mina de Cerredo (Asturias) fue la culminación de «una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción deliberada y duradera que se pudo y se debió detectar».. Esta es la principal conclusión del borrador del dictamen que ha elaborado la diputada regional Covadonga Tomé, la presidenta de la comisión especial que se constituyó en el parlamento asturiano a raíz del accidente con el fin de depurar responsabilidades políticas y analizar la actuación de la administración asturiana.. Este dictamen provisional, que aún deberá ser objeto de negociación entre los distintos grupos parlamentarios y que no se elevará a definitivo hasta dentro de un mes, considera que tres exconsejeros del Principado, un exviceconsejero y tres altos funcionarios deben ser reprobados por sus responsabilidades personales y políticas en dicho accidente.. Entre los que considera responsables políticos se encuentran los tres exconsejeros que tuvieron responsabilidades en materia de minería durante la etapa de Gobierno de Adrián Barbón: Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Rorqueñí, ahora presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, y Berlarmina Fernández, quien dimitió de su cargo tras el accidente de 2025, así como al exviceconsejero de Industria Isaac Pola.. A todos ellos les considera responsables de mantener una estructura organizativa y de inspección insuficiente para el adecuado control de actividades mineras y de no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de una mina en el que ya había habido un accidente mortal.. También ve responsabilidades personales en tres altos funcionarios del Servicio de Minas: Alberto Quirino Vázquez, por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal; Santiago Berjano Serrano, por validar las actas del inspector sin cuestionar la metodología; y Gonzalo Martín Morales, asesor jurídico, como «promotor intelectual y tutelador» de los proyectos de Investigación Complementaria (PICV), una figura no regulada por la Ley de Minas.. Todos ellos, según la presidenta de la comisión, deberían ser cesados por su responsabilidad en este accidente que podría haberse evitado porque había una «absoluta incompatibilidad» entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el PIC autorizado «que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida».. El informe también pone de relieve que la administración asturiana incumplió su función de control no llevó a cabo procesos sancionadores pertinentes, concedió autorizaciones incompatibles entre sí y llevó a cabo inspecciones deficientes, entre otros fallos.. Sin embargo, para el ala socialista del Gobierno asturiano no hay una relación causa-efecto entre la actividad administrativa del Principado y el mayor accidente registrado en la minería asturiana en las tres últimas décadas, y por lo tanto, «no proceden los señalamientos personales y técnicos» que recoge el borrador.. La explosión de grisú registrada el 31 de marzo del pasado año en el nivel tercero de la mina de Cerredo, en el concejo de Degaña provocó la muerte de cinco trabajadores leoneses y lesiones a otros cuatro cuando se encontraban extrayendo mineral pese a que la empresa, Blue Solving, carecía de permiso para hacerlo al tratarse de una explotación sometida a un proceso de cierre.
Así lo señala el borrador del dictamen de la comisión especial creada para depurar responsabilidades
El accidente que hace poco más de un año costó la vida a cinco trabajadores que estaban sacando carbón de forma ilegal en la mina de Cerredo (Asturias) fue la culminación de «una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción deliberada y duradera que se pudo y se debió detectar».. Esta es la principal conclusión del borrador del dictamen que ha elaborado la diputada regional Covadonga Tomé, la presidenta de la comisión especial que se constituyó en el parlamento asturiano a raíz del accidente con el fin de depurar responsabilidades políticas y analizar la actuación de la administración asturiana.. Este dictamen provisional, que aún deberá ser objeto de negociación entre los distintos grupos parlamentarios y que no se elevará a definitivo hasta dentro de un mes, considera que tres exconsejeros del Principado, un exviceconsejero y tres altos funcionarios deben ser reprobados por sus responsabilidades personales y políticas en dicho accidente.. Entre los que considera responsables políticos se encuentran los tres exconsejeros que tuvieron responsabilidades en materia de minería durante la etapa de Gobierno de Adrián Barbón: Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Rorqueñí, ahora presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, y Berlarmina Fernández, quien dimitió de su cargo tras el accidente de 2025, así como al exviceconsejero de Industria Isaac Pola.. A todos ellos les considera responsables de mantener una estructura organizativa y de inspección insuficiente para el adecuado control de actividades mineras y de no haber llevado a cabo una supervisión política reforzada sobre el expediente de una mina en el que ya había habido un accidente mortal.. También ve responsabilidades personales en tres altos funcionarios del Servicio de Minas: Alberto Quirino Vázquez, por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal; Santiago Berjano Serrano, por validar las actas del inspector sin cuestionar la metodología; y Gonzalo Martín Morales, asesor jurídico, como «promotor intelectual y tutelador» de los proyectos de Investigación Complementaria (PICV), una figura no regulada por la Ley de Minas.. Todos ellos, según la presidenta de la comisión, deberían ser cesados por su responsabilidad en este accidente que podría haberse evitado porque había una «absoluta incompatibilidad» entre el proyecto de cierre de la mina que se firmó en 2019 y el posterior proyecto de restauración autorizado dos años después, con el PIC autorizado «que pretende utilizar de manera torticera una actividad extractiva que estaba totalmente prohibida».. El informe también pone de relieve que la administración asturiana incumplió su función de control no llevó a cabo procesos sancionadores pertinentes, concedió autorizaciones incompatibles entre sí y llevó a cabo inspecciones deficientes, entre otros fallos.. Sin embargo, para el ala socialista del Gobierno asturiano no hay una relación causa-efecto entre la actividad administrativa del Principado y el mayor accidente registrado en la minería asturiana en las tres últimas décadas, y por lo tanto, «no proceden los señalamientos personales y técnicos» que recoge el borrador.. La explosión de grisú registrada el 31 de marzo del pasado año en el nivel tercero de la mina de Cerredo, en el concejo de Degaña provocó la muerte de cinco trabajadores leoneses y lesiones a otros cuatro cuando se encontraban extrayendo mineral pese a que la empresa, Blue Solving, carecía de permiso para hacerlo al tratarse de una explotación sometida a un proceso de cierre.
Noticias de Sociedad en La Razón
