El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la actualización de las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas, uno de los principales mecanismos de financiación con los que cuentan los gobiernos regionales para sostener los servicios públicos en los que tienen competencias, como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia. La medida, que avanzan fuentes gubernamentales, llega después de varias reclamaciones por parte de las autonomías y en un contexto marcado por la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados.. Seguir leyendo
El Consejo de Ministros dará luz verde este martes a la actualización de las entregas a cuenta que reciben los territorios
El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la actualización de las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas, uno de los principales mecanismos de financiación con los que cuentan los gobiernos regionales para sostener los servicios públicos en los que tienen competencias, como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia. La medida, que avanzan fuentes gubernamentales, llega después de varias reclamaciones por parte de las autonomías y en un contexto marcado por la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados.. Las entregas a cuenta son los anticipos que el Estado transfiere cada año a las comunidades autónomas de régimen común en función de la recaudación tributaria que prevé obtener durante el ejercicio. Se trata de un adelanto de los recursos que posteriormente corresponderán a cada territorio dentro del sistema de financiación autonómica y que se calcula a partir de previsiones económicas como el crecimiento del PIB, la evolución del empleo o los ingresos esperados por impuestos como el IRPF, el IVA o los especiales. Dos años después, las cifras se ajustan mediante la liquidación definitiva del sistema. Si la recaudación ha sido mayor de la prevista, las autonomías reciben más dinero; si ha sido menor, deben reintegrar la diferencia.. Estos importes tienen una importancia lógica para las comunidades porque constituyen una de las referencias fundamentales para elaborar sus propios Presupuestos. Conocer con antelación cuánto dinero recibirán les permite planificar el gasto y garantizar la prestación de los servicios públicos de los que son competentes. Habitualmente, las cifras se comunican en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que reúne al Ministerio de Hacienda y a los responsables de las comunidades autónomas, aunque el anuncio no siempre se produce en ese encuentro.. La actualización que aprobará el Gobierno este martes llega precedida por las quejas de varias autonomías, debido a los retrasos acumulados en los últimos años. La semana pasada, los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP, que son mayoría, remitieron una carta al ministro del ramo, Arcadi España, en la que alertaban de las consecuencias financieras que, aseguran, está provocando la demora en la revisión de estas cantidades.. En la misiva, los responsables autonómicos sostienen que la falta de actualización está generando tensiones de tesorería. Según explican, la ausencia de unas cuentas públicas desde 2023 y la vinculación de las entregas a cuenta al proceso presupuestario han provocado que los territorios reciban, “durante muchos meses”, cantidades “sustancialmente inferiores a las comunicadas”. Por ello, reclaman al Gobierno que establezca un mecanismo que permita actualizar estos recursos al comienzo de cada ejercicio y al margen de la aprobación de las cuentas públicas.. Precisamente esa es una de las modificaciones que Hacienda estudia incorporar a la reforma del sistema de financiación autonómica que el Gobierno ha vuelto a sacar a relucir esta semana tras anunciar que empezará a reunirse con las autonomías para debatir el modelo. El ministerio quiere aprovechar la revisión del modelo para desligar legalmente la actualización de las entregas a cuenta de los Presupuestos y evitar así que los anticipos queden congelados cuando las cuentas se prorrogan. La medida pretende dar mayor certidumbre financiera a autonomías y ayuntamientos en un contexto en el que las dificultades para aprobar unas cuentas son cada vez más obvias.. Aunque en los últimos años el Gobierno ha encontrado fórmulas para actualizar las entregas pese a las sucesivas prórrogas presupuestarias, el proceso ha estado acompañado de retrasos y controversias políticas. La intención ahora es consolidar ese mecanismo en la ley para evitar que dependa de soluciones extraordinarias, tal y como reclaman las comunidades en la misiva.. Los consejeros sostienen, no obstante, que esos retrasos ya han tenido consecuencias económicas para las comunidades. En su carta recuerdan que la actualización de las entregas a cuenta no llegó hasta septiembre en 2024 y que también hubo una demora considerable en 2025. Según sus cálculos, el desfase entre las cantidades anunciadas y las efectivamente percibidas alcanzó los 6.908 millones de euros el primer año y los 14.540 millones el segundo, con un coste financiero acumulado de 206 millones para el conjunto de las autonomías.. Además, denuncian que las comunidades siguen recibiendo las entregas a cuenta calculadas con datos de 2023, pese a que Hacienda ya comunicó hace meses unas cantidades superiores. A su juicio, esta situación obliga a recurrir a financiación a corto plazo para garantizar la prestación de los servicios públicos, generando esos costes financieros adicionales para las arcas autonómicas.
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