Las colas de emigrantes ante la Oficina de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, colapsada esta primavera por extranjeros en situación irregular que necesitaban el certificado de la tarjeta de transportes regional para demostrar su arraigo y acogerse a la regularización promovida por el Gobierno de España, difícilmente volverán a producirse. La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha decidido que a partir del lunes ese título solo se pueda obtener con el correspondiente empadronamiento en un municipio de la región, o de un grupo seleccionado de Castilla-La Mancha y Castilla y León.. Seguir leyendo
La Comunidad hace obligatorio el documento tras las colas de extranjeros para usar el título para demostrar su arraigo en la regularización del Gobierno central y calcula en 200.000 a los usuarios afectados
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Las colas de emigrantes ante la Oficina de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, colapsada esta primavera por extranjeros en situación irregular que necesitaban el certificado de la tarjeta de transportes regional para demostrar su arraigo y acogerse a la regularización promovida por el Gobierno de España, difícilmente volverán a producirse. La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha decidido que a partir del lunes ese título solo se pueda obtener con el correspondiente empadronamiento en un municipio de la región, o de un grupo seleccionado de Castilla-La Mancha y Castilla y León.. La medida, recogida este viernes en el boletín oficial autonómico, llega en medio de la polémica abierta por la “prioridad nacional” que impulsa Vox, y no solo deja en fuera de juego a muchos extranjeros en situación irregular. También afecta a estudiantes originarios de otras provincias o países, que tendrán que hacer el trámite administrativo, y a trabajadores que viven en otras regiones y trabajan en Madrid. La Administración calcula que los usuarios no residentes son unos 200.000 (3,4% del total). El empadronamiento no era obligatorio hasta ahora, y también se exigirá para los duplicados, y previsiblemente para las renovaciones, que se producen 10 años después de la emisión.. Más información. “Exigir el padrón es una muy mala idea que solo va a complicar la vida de miles de estudiantes universitarios que mantienen la residencia en sus provincias de origen, trabajadores que trabajan en Madrid pero viven fuera de la Comunidad de Madrid y, desde luego, personas venidas de fuera que, sin importar su situación administrativa, encuentran todo tipo de dificultades y trabas para empadronarse aquí“, lamenta Manuela Begerot, la portavoz de Más Madrid. ”Es, también, una demostración de que Ayuso no necesita un pacto de coalición con Vox para aplicar las políticas de la llamada “prioridad nacional”, ya que sin necesidad de sus votos y de tapadillo ya se dedica ella sola a hacerle la vida más difícil a las personas migrantes y a usar las trabas burocráticas para quitar derechos a la gente”, argumenta. “Es una medida absurda que nos hace más pequeños y cerrados, y que va a hacer un poco más pobres y menos libres a todos los perjudicados. Exigimos su retirada inmediata”.. Esto dice Gonzalo Fanjul, director de investigaciones de la Fundación Por Causa: “A quien puede hacer daño —y mucho— es a las familias vulnerables, especialmente a las de origen extranjero, que no han tenido la oportunidad de empadronarse en Madrid por dificultades de todo tipo, como no disponer de una vivienda que puedan acreditar. Estas personas se verán obligadas a renunciar a un derecho fundamental como es el del transporte, un mecanismo básico de integración, empezando por la posibilidad de trabajar”.. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, tras un pleno en la Asamblea de Madrid, el pasado 4 de junio. Fernando Sánchez (Europa Press). Hasta ahora, para lograr la tarjeta de transporte era suficiente con identificarse con DNI, Permiso de Residencia o Pasaporte, dar la dirección en la que debía ser entregada, y pagar cuatro euros. Desde el lunes se suma el requisito del empadronamiento “en desarrollo de lo previsto en la normativa vigente”.. Un portavoz de la Comunidad de Madrid asegura que “no es una medida nueva”, sino aprobada en 2011, cuya aplicación “se ha retrasado durante años por la implantación progresiva de la tarjeta sin contacto, limitaciones tecnológicas e integración del sistema, la pandemia de COVID-19 y la alteración de la demanda”. Además, se vincula a que los precios del transporte público están fuertemente subvencionados, por lo que, sostiene, “la finalidad es que quienes contribuyen con sus impuestos al mantenimiento del sistema sean quienes puedan beneficiarse de estas condiciones subvencionadas”.. Por ahora quedan excluidas de demostrar que cumplen con este requisito las familias numerosas, aunque solo “con carácter excepcional, por motivos tecnológicos y mientras resulte estrictamente necesario”.. El precedente de las bibliotecas. En Madrid, a 1 de enero, había 3.527.924 empadronados, según el Área de Economía del Ayuntamiento. Solo en el último año se han inscrito 67.433 personas más. Las dificultades para empadronarse en la capital —falta de citas, trabas administrativas o la negativa de algunos caseros a facilitar la documentación— han alimentado un mercado negro que convierte un trámite gratuito en un negocio ilegal. En redes sociales proliferan anuncios de supuestos gestores que, por entre 50 y 300 euros, ofrecen empadronamientos rápidos a personas —sobre todo migrantes— que necesitan acreditar arraigo con urgencia. Esta demanda, unida al atasco del sistema y al desconocimiento de los requisitos legales, permite que intermediarios cobren por facilitar un derecho básico, a menudo mediante inscripciones ficticias o en viviendas saturadas, con los riesgos que ello implica para quienes pagan.. Edith Espínola, portavoz de Regularización Ya, advierte de que estas dificultades no son un problema administrativo menor, sino un factor que agrava la desigualdad social: “Se va a profundizar en la exclusión. El padrón ya no es un derecho, es un privilegio”. Espínola subraya que miles de personas —con DNI, NIE o pasaporte— no pueden empadronarse en las viviendas en las que residen debido a diversas trabas, lo que convierte el acceso al registro en una barrera estructural. “No hay garantías de un acceso real al empadronamiento, por lo que es una forma de discriminación indirecta que castiga a la población trabajadora”, sostiene.. A su juicio, estas dificultades tienen consecuencias directas en ámbitos básicos como la movilidad: “El transporte público es un derecho esencial para trabajar, estudiar o simplemente vivir, pero esta exclusión expulsa a las personas más vulnerables y precarizadas, que se ven obligadas a pagar más caro, por ejemplo, los billetes de 10 viajes”.. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), se despide del papa León XIV (d) junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles (i), en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez.ZIPI (EFE). En la misma línea, Youssef Ouled, investigador experto en discriminación racial, critica la exigencia del padrón para acceder a determinados derechos como la tarjeta de transporte: “Exigir el empadronamiento para poder solicitar la tarjeta de transporte entra dentro de una lógica discriminatoria impulsada por la ultraderecha con su famosa prioridad nacional. Con esta medida, Madrid no confronta esa lógica, sino que avanza en la misma dirección racista y xenófoba, al levantar trabas burocráticas para las personas migrantes”.. Ouled recuerda, además, que el problema de fondo no es nuevo: “Desde hace años, organizaciones y colectivos sociales denuncian las dificultades para conseguir una cita que debería ser gratuita, pero que en la práctica se adquiere mediante pagos de entre 50 y 300 euros en foros online. La alternativa es pasar semanas o meses intentando obtenerla”. Esta situación no solo bloquea el acceso al transporte, advierte, sino también a otros derechos básicos: “Se sufre la imposibilidad de acceder a la tarjeta de transporte, pero también a la tarjeta sanitaria o incluso a la escolarización de los hijos”.. Por su parte, Javier Baeza, de la parroquia de Entrevías, critica que dirigentes como el alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, o Díaz Ayuso, hayan olvidado rápidamente el mensaje que el papa León XIV dejó en su visita al barrio de La Laguna, cuando afirmó que “quien está en Madrid es de Madrid”. A su juicio, esa idea implica una “obligación ética y moral” de garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos, por lo que reclama que se dejen de poner obstáculos al empadronamiento y se permita que todas las personas puedan acceder “en igualdad de condiciones a los servicios y recursos que la comunidad presta”.. En 2024, la Comunidad de Madrid ya hizo obligatorio el empadronamiento en la región para obtener el carné de biblioteca. Cuando EL PAÍS se interesó por ello, el Gobierno regional rectificó. Apenas unas horas después de preguntar este diario a la Consejería de Cultura por la fecha exacta de la instrucción del nuevo requisito, por los motivos y por su legalidad, este fue modificado. El mismo apartado que lo recogía pasó a reflejar que el solicitante declaraba “residir permanente o temporalmente en una dirección postal de un municipio de la Comunidad de Madrid”.. Este diario contactó con el PSOE de Madrid para conocer su opinión al respecto, sin haber recibido respuesta en el momento de publicación de este artículo.
