En septiembre de 2025, tres residentes de un centro de menores de la capital onubense agredieron a una educadora durante el turno de noche, estrangulándola hasta dejarla la inconsciencia. Esta misma semana se ha conocido la sentencia de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Huelva que condena a los agresores a 16 meses de internamiento en régimen semiabierto e impone a la Junta de Andalucía la responsabilidad civil subsidiaria, obligándola a abonar, de forma conjunta y solidaria, una indemnización de 10.200 euros a la trabajadora.. Este matiz jurídico es el «punto clave» para el sector ya que «de alguna manera demuestra que la administración no se puede desentender de los niños y de los recursos que tiene externalizados; son los tutores reales de estos menores y tienen una responsabilidad directa. Valoramos mucho que se haga cargo de esa responsabilidad y se le señale», apunta a LA RAZÓN Rocío Lobo, miembro del equipo de acción sindical de Reforma Juvenil y Protección de Menores de la Federación de Enseñanza de CC OO Andalucía, sindicato al frente de la representación penal y laboral de la trabajadora. El trasfondo de esta agresión revela un modelo de gestión que, según denuncian desde CC OO, prima el ahorro económico sobre la seguridad. Actualmente, en Andalucía funcionan unos 220 centros que atienden a cerca de 3.000 niños y adolescentes. Sin embargo, sólo 8 % de los centros son de titularidad y gestión directa de la Junta. El 92 % restante está en manos de empresas privadas y asociaciones.. Esta diferencia se traduce, además, en una brecha de recursos: «Solo entre los salarios del personal laboral de la Junta y los educadores de servicios externalizados hay una diferencia de 1.000 euros al mes», lamenta Lobo. Además, en los centros externalizados, el personal educativo suele verse obligado a realizar tareas de cocina y limpieza, una carga extra que, según el sindicato, aumenta el estrés y resta calidad a la intervención socioeducativa.. Uno de los puntos más críticos es la insuficiencia de las ratios de personal. En la mayoría de los casos, solo hay una persona por turno, una situación que deja a los educadores en una vulnerabilidad extrema, especialmente de noche. «Estos niños están muy dañados emocionalmente; vienen de entornos sin normas y las situaciones tensas son habituales. El riesgo es constante», explica.. Tras el suceso de Huelva, la Inspección de Trabajo, tras la denuncia de CC OO, obligó a la empresa gestora a implementar medidas de seguridad como el botón del pánico. No obstante, esto es una excepción ya que «es el único centro con medidas. El resto de los más de 200 siguen sin protección adecuada ni personal suficiente».. Frente a las críticas, fuentes de la Consejería de Inclusión Social precisan que las últimas licitaciones realizadas ya están alineadas con el V Convenio Colectivo Estatal, incorporando por primera vez mejoras que los pliegos anteriores ignoraban como «complementos salariales como la nocturnidad o el trabajo en festivos, así como la cobertura de periodos de vacaciones y absentismo», señalan desde la administración. Además, la Junta asegura haber incrementado las ratios de personal de atención directa, pasando de un 0,62 en contratos antiguos a un 0,75 en centros básicos, e incluso un 1:1 en centros con programas de atención especializada.. La Consejería subraya que este refuerzo garantiza que los menores sean atendidos siempre por un profesional de la Educación Social, mientras que los auxiliares realizan exclusivamente tareas de apoyo, cumpliendo estrictamente con el convenio vigente.. Además, asegura que los centros actuales «se ajustan a las nuevas estrategias de cuidados en ámbitos residenciales que garantizan una atención más personalizada y de carácter más familiar» siguiendo las observaciones del Comité de Derechos del Niños (2018) y la Estrategia Estatal de derechos de infancia y Adolescencia (2023- 2030) y de la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en comunidad. Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030).. Sin embargo, para los sindicatos, existe una contradicción flagrante. Lobo señala que el propio borrador de la Estrategia de Cuidados 2025-2030 de la Junta reconoce que lo ideal sería contar con ocho educadores para seis menores en cada centro, además de psicólogos y trabajadores sociales a jornada completa. «Ellos mismos afirman que es necesario, pero luego no ponen esos recursos sobre la mesa en los pliegos que asfixian a las plantillas», critica.. Pese a esta respuesta, CC OO ya prepara movilizaciones masivas en Sevilla ante lo que consideran una «falta de respuesta absoluta». El sindicato denuncia que, más allá de los gestos políticos el día de la agresión, no se han tomado medidas preventivas reales en la red de centros. «Esto va a terminar explotando», concluye Rocío Lobo.. El sector exige una reforma integral de los pliegos de contratación que pase de los seis educadores actuales a un mínimo de ocho, asegurando así turnos dobles, que palíen la falta de seguridad y mejoren la atención educativa.
Una sentencia en Huelva condena a tres menores por agredir a una educadora y señala la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta en un sistema de centros mayoritariamente externalizado
En septiembre de 2025, tres residentes de un centro de menores de la capital onubense agredieron a una educadora durante el turno de noche, estrangulándola hasta dejarla la inconsciencia. Esta misma semana se ha conocido la sentencia de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Huelva que condena a los agresores a 16 meses de internamiento en régimen semiabierto e impone a la Junta de Andalucía la responsabilidad civil subsidiaria, obligándola a abonar, de forma conjunta y solidaria, una indemnización de 10.200 euros a la trabajadora.. Este matiz jurídico es el «punto clave» para el sector ya que «de alguna manera demuestra que la administración no se puede desentender de los niños y de los recursos que tiene externalizados; son los tutores reales de estos menores y tienen una responsabilidad directa. Valoramos mucho que se haga cargo de esa responsabilidad y se le señale», apunta a LA RAZÓN Rocío Lobo, miembro del equipo de acción sindical de Reforma Juvenil y Protección de Menores de la Federación de Enseñanza de CC OO Andalucía, sindicato al frente de la representación penal y laboral de la trabajadora. El trasfondo de esta agresión revela un modelo de gestión que, según denuncian desde CC OO, prima el ahorro económico sobre la seguridad. Actualmente, en Andalucía funcionan unos 220 centros que atienden a cerca de 3.000 niños y adolescentes. Sin embargo, sólo 8 % de los centros son de titularidad y gestión directa de la Junta. El 92 % restante está en manos de empresas privadas y asociaciones.. Esta diferencia se traduce, además, en una brecha de recursos: «Solo entre los salarios del personal laboral de la Junta y los educadores de servicios externalizados hay una diferencia de 1.000 euros al mes», lamenta Lobo. Además, en los centros externalizados, el personal educativo suele verse obligado a realizar tareas de cocina y limpieza, una carga extra que, según el sindicato, aumenta el estrés y resta calidad a la intervención socioeducativa.. Uno de los puntos más críticos es la insuficiencia de las ratios de personal. En la mayoría de los casos, solo hay una persona por turno, una situación que deja a los educadores en una vulnerabilidad extrema, especialmente de noche. «Estos niños están muy dañados emocionalmente; vienen de entornos sin normas y las situaciones tensas son habituales. El riesgo es constante», explica.. Tras el suceso de Huelva, la Inspección de Trabajo, tras la denuncia de CC OO, obligó a la empresa gestora a implementar medidas de seguridad como el botón del pánico. No obstante, esto es una excepción ya que «es el único centro con medidas. El resto de los más de 200 siguen sin protección adecuada ni personal suficiente».. Frente a las críticas, fuentes de la Consejería de Inclusión Social precisan que las últimas licitaciones realizadas ya están alineadas con el V Convenio Colectivo Estatal, incorporando por primera vez mejoras que los pliegos anteriores ignoraban como «complementos salariales como la nocturnidad o el trabajo en festivos, así como la cobertura de periodos de vacaciones y absentismo», señalan desde la administración. Además, la Junta asegura haber incrementado las ratios de personal de atención directa, pasando de un 0,62 en contratos antiguos a un 0,75 en centros básicos, e incluso un 1:1 en centros con programas de atención especializada.. La Consejería subraya que este refuerzo garantiza que los menores sean atendidos siempre por un profesional de la Educación Social, mientras que los auxiliares realizan exclusivamente tareas de apoyo, cumpliendo estrictamente con el convenio vigente.. Además, asegura que los centros actuales «se ajustan a las nuevas estrategias de cuidados en ámbitos residenciales que garantizan una atención más personalizada y de carácter más familiar» siguiendo las observaciones del Comité de Derechos del Niños (2018) y la Estrategia Estatal de derechos de infancia y Adolescencia (2023- 2030) y de la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en comunidad. Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030).. Sin embargo, para los sindicatos, existe una contradicción flagrante. Lobo señala que el propio borrador de la Estrategia de Cuidados 2025-2030 de la Junta reconoce que lo ideal sería contar con ocho educadores para seis menores en cada centro, además de psicólogos y trabajadores sociales a jornada completa. «Ellos mismos afirman que es necesario, pero luego no ponen esos recursos sobre la mesa en los pliegos que asfixian a las plantillas», critica.. Pese a esta respuesta, CC OO ya prepara movilizaciones masivas en Sevilla ante lo que consideran una «falta de respuesta absoluta». El sindicato denuncia que, más allá de los gestos políticos el día de la agresión, no se han tomado medidas preventivas reales en la red de centros. «Esto va a terminar explotando», concluye Rocío Lobo.. El sector exige una reforma integral de los pliegos de contratación que pase de los seis educadores actuales a un mínimo de ocho, asegurando así turnos dobles, que palíen la falta de seguridad y mejoren la atención educativa.
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