El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión de la ley que modificó la norma que regula la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia. La suspensión de esta ley se produjo el pasado 29 de octubre de 2025, fecha en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, y a instancias del Ministerio de Trabajo, la recurrió. Ahora, el tribunal ha fallado mantener dicha norma sin aplicación hasta que determine si el contenido modificado se ajusta o no a los preceptos constitucionales.. Seguir leyendo
La norma recurrida por el Gobierno, a instancias de Trabajo, quedará sin aplicación hasta el fallo definitivo del tribunal de garantías
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión de la ley que modificó la norma que regula la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia. La suspensión de esta ley se produjo el pasado 29 de octubre de 2025, fecha en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, la recurrió. Ahora, el tribunal ha fallado mantener dicha norma sin aplicación hasta que determine si el contenido modificado se ajusta o no a los preceptos constitucionales.. La ley de participación institucional de la Región de Murcia fue modificada el pasado julio con los votos de PP y Vox. Y según el recurso que presentó el Gobierno, los cambios operados en dicha norma invadían competencias estatales y, en la práctica, abrían incluso la puerta a subvencionar solamente a los empresarios y no a los sindicatos más representativos.. De hecho, nada más detectarse los posibles impactos de este cambio normativo en Murcia, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció durante su intervención en unas jornadas sobre la libertad sindical de UGT, el 22 de octubre pasado, que el Ejecutivo recurriría la norma. Apenas una semana después, el Consejo de Ministros, a instancias del Ministerio de Trabajo y articulando la medida formalmente como una solicitud del Ministerio de Política Territorial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobó recurrir esta ley al Constitucional al considerar que el nuevo texto modificado invadía competencias estatales.. En concreto, según se resume en el auto del Constitucional al que ha tenido acceso este periódico, la ley impugnada “suprime la obligación de financiación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas mediante subvención nominativa en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para compensar los gastos que la participación institucional les genere”.. Ante esto, el recurso presentado por el Ejecutivo considera que, “al descartar expresamente la financiación pública directa y nominativa de la participación institucional de las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales más representativas, [la norma] invade la competencia exclusiva del Estado para la regulación del derecho de libertad sindical —recogido en los artículos 28.1 y 81 de la Constitución—, así como su competencia exclusiva en materia de legislación laboral —incluida en el artículo 149.1.7—“.. En el recurso del Gobierno se destacaba la intención de la ley murciana no solo de terminar con las subvenciones a los agentes sociales, que califica como “prerrogativas”, sino de eliminar también el principio de paridad. Este señala que se deben dar estas ayudas tanto a patronal como a sindicatos. De esa manera, la norma permitiría que las subvenciones pudieran darse solo a una de estas partes.. Ante esta situación, el abogado del Estado ha defendido que la ley se mantenga en suspenso porque “una vez definido el mapa de los intereses en juego, de su ponderación resulta que el alzamiento de la suspensión de la ley produce graves perjuicios para el interés general y para los intereses de terceros”, argumenta en el auto.. Es más, añade que dichos perjuicios “son reales, evaluables, y no hipotéticos, en la medida en que la ley recurrida suprime la obligación del gobierno autonómico de financiar anualmente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”. Esto, genera, según su argumentación, “un daño a los intereses públicos relacionados con la función que ostentan los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales de representación de intereses sociales y económicos”.. Las críticas de Díaz tras conocer los posibles efectos del cambio normativo fueron duras. La ministra denunció la existencia de una ofensiva desde la extrema derecha para eliminar los artículos 6 y 7 de la ley orgánica de libertad sindical. “Podríamos pensar que es una locura más (de Vox) pero no lo es”, aseguró Díaz en su día. “Allí donde gobierna Vox con el PP están desarticulando la negociación colectiva, el diálogo social, la participación institucional. Y hay que estudiar al adversario y adelantarse a él”, añadió, días antes de que el Ejecutivo presentara el recurso al Constitucional.
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