La historia de Rosario Bermudo parecía acercarse por fin a su desenlace. Después de lograr que la Justicia reconociera que era hija biológica del aristócrata Leoncio González de Gregorio y Martí y de conseguir que los tribunales le otorgaran el derecho a recibir la parte de la herencia que le correspondía, la batalla se había desplazado al terreno penal. Su abogado, Fernando Osuna, defiende que uno de sus hermanastros ocultó su patrimonio para impedir que pudiera cobrar íntegramente la cantidad que aún le adeuda. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que la investigación avanzaría, el procedimiento ha quedado inesperadamente bloqueado, según confirma el letrado a LA RAZÓN.
Los juzgados de Soria y Madrid consideran que ninguno de los dos es competente para instruir la causa por un presunto delito de alzamiento de bienes. Mientras ambos órganos judiciales discuten quién debe asumir el procedimiento, la investigación queda prácticamente paralizada.
A simple vista puede parecer un detalle burocrático, pero las consecuencias son importantes. La instrucción no puede avanzar mientras no exista un juez competente que practique diligencias, acuerde nuevas pruebas o decida los siguientes pasos procesales. Es decir, el caso entra en un compás de espera que previsiblemente se prolongará durante meses.
Interpretaciones contradictorias
Lo ocurrido responde a lo que en Derecho se denomina un conflicto negativo de competencia. Se produce cuando dos órganos judiciales consideran que el asunto corresponde al otro. En este caso, el origen de la discrepancia está en el lugar donde presuntamente se habría cometido el delito.
El juzgado soriano entiende que las operaciones bancarias investigadas tuvieron lugar principalmente en Madrid y que, por tanto, corresponde a la capital continuar con la instrucción. El juzgado madrileño mantiene la tesis opuesta. Considera que el investigado mantiene una estrecha vinculación con Soria, donde se encuentra además buena parte del patrimonio familiar y donde podrían situarse los hechos relevantes para la causa.
Ante esa falta de acuerdo será ahora el Tribunal Supremo quien deba decidir qué juzgado continuará la investigación. El abogado Bermudo, Fernando Osuna, calcula que esa decisión podría demorarse entre ocho y nueve meses, aunque dependerá de la carga de trabajo del Alto Tribunal. Durante ese tiempo el procedimiento permanecerá prácticamente detenido.
Una batalla que comenzó hace más de diez años
La nueva demora añade otro capítulo a uno de los litigios hereditarios más largos y singulares de la aristocracia española. Rosario nació en 1950 fruto de la relación que Leoncio González de Gregorio y Martí mantuvo con una empleada del servicio antes de contraer matrimonio con Luisa Isabel Álvarez de Toledo, la célebre «duquesa roja». Durante décadas aquella filiación nunca fue reconocida oficialmente.
No fue hasta 2013 cuando Bermudo inició el procedimiento judicial para demostrar su paternidad. El proceso obligó incluso a exhumar los restos mortales del aristócrata para obtener ADN. Tras varios recursos, los tribunales terminaron reconociendo definitivamente su filiación y, con ella, su condición de heredera.
A partir de ese momento comenzó un segundo proceso, determinar qué parte de la herencia debía recibir. Una parte importante del conflicto sucesorio ya quedó resuelta. Tres de los hermanos fueron abonando las cantidades que les correspondían dentro del reparto hereditario. Sin embargo, según sostiene la defensa de Bermudo, aún permanece pendiente el pago de algo más de 200.000 euros por parte de su hermanastro Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo.
Precisamente alrededor de esa deuda gira ahora la causa penal. Osuna considera que, cuando comenzaron las actuaciones judiciales, existían activos suficientes para afrontar el pago. Posteriormente, esas posiciones patrimoniales desaparecieron, lo que llevó a presentar una querella por un presunto delito de alzamiento de bienes. La acusación mantiene que el patrimonio habría sido ocultado o vaciado para impedir la ejecución de la sentencia civil. Se trata, por ahora, de una acusación que deberá ser investigada judicialmente y sobre la que no existe pronunciamiento alguno sobre el fondo.
Bloqueo procesal
Ningún tribunal ha cuestionado el derecho Bermudo a la herencia ni ha archivado la investigación sobre el presunto alzamiento de bienes. Lo que se ha producido es un bloqueo estrictamente procesal derivado de la discusión sobre qué órgano debe instruir la causa.
Si finalmente el Tribunal Supremo atribuye la competencia a uno de los juzgados, la investigación continuará exactamente donde quedó interrumpida. Lo que sí resulta inevitable es un nuevo retraso en una historia judicial que ya supera la década y que ha obligado a Rosario Bermudo a recorrer prácticamente todas las instancias posibles para obtener primero el reconocimiento de su identidad y, después, el efectivo cumplimiento de los derechos hereditarios que los tribunales ya le reconocieron.
La historia de Rosario Bermudo parecía acercarse por fin a su desenlace. Después de lograr que la Justicia reconociera que era hija biológica del aristócrata Leoncio González de Gregorio y Martí y de conseguir que los tribunales le otorgaran el derecho a recibir la parte de la herencia que le correspondía, la batalla se había desplazado al terreno penal. Su abogado, Fernando Osuna, defiende que uno de sus hermanastros ocultó su patrimonio para impedir que pudiera cobrar íntegramente la cantidad que aún le adeuda. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que la investigación avanzaría, el procedimiento ha quedado inesperadamente bloqueado, según confirma el letrado a LA RAZÓN.
Los juzgados de Soria y Madrid consideran que ninguno de los dos es competente para instruir la causa por un presunto delito de alzamiento de bienes. Mientras ambos órganos judiciales discuten quién debe asumir el procedimiento, la investigación queda prácticamente paralizada.
A simple vista puede parecer un detalle burocrático, pero las consecuencias son importantes. La instrucción no puede avanzar mientras no exista un juez competente que practique diligencias, acuerde nuevas pruebas o decida los siguientes pasos procesales. Es decir, el caso entra en un compás de espera que previsiblemente se prolongará durante meses.
Interpretaciones contradictorias
Lo ocurrido responde a lo que en Derecho se denomina un conflicto negativo de competencia. Se produce cuando dos órganos judiciales consideran que el asunto corresponde al otro. En este caso, el origen de la discrepancia está en el lugar donde presuntamente se habría cometido el delito.
El juzgado soriano entiende que las operaciones bancarias investigadas tuvieron lugar principalmente en Madrid y que, por tanto, corresponde a la capital continuar con la instrucción. El juzgado madrileño mantiene la tesis opuesta. Considera que el investigado mantiene una estrecha vinculación con Soria, donde se encuentra además buena parte del patrimonio familiar y donde podrían situarse los hechos relevantes para la causa.
Ante esa falta de acuerdo será ahora el Tribunal Supremo quien deba decidir qué juzgado continuará la investigación. El abogado Bermudo, Fernando Osuna, calcula que esa decisión podría demorarse entre ocho y nueve meses, aunque dependerá de la carga de trabajo del Alto Tribunal. Durante ese tiempo el procedimiento permanecerá prácticamente detenido.
Una batalla que comenzó hace más de diez años
La nueva demora añade otro capítulo a uno de los litigios hereditarios más largos y singulares de la aristocracia española. Rosario nació en 1950 fruto de la relación que Leoncio González de Gregorio y Martí mantuvo con una empleada del servicio antes de contraer matrimonio con Luisa Isabel Álvarez de Toledo, la célebre «duquesa roja». Durante décadas aquella filiación nunca fue reconocida oficialmente.
No fue hasta 2013 cuando Bermudo inició el procedimiento judicial para demostrar su paternidad. El proceso obligó incluso a exhumar los restos mortales del aristócrata para obtener ADN. Tras varios recursos, los tribunales terminaron reconociendo definitivamente su filiación y, con ella, su condición de heredera.
A partir de ese momento comenzó un segundo proceso, determinar qué parte de la herencia debía recibir. Una parte importante del conflicto sucesorio ya quedó resuelta. Tres de los hermanos fueron abonando las cantidades que les correspondían dentro del reparto hereditario. Sin embargo, según sostiene la defensa de Bermudo, aún permanece pendiente el pago de algo más de 200.000 euros por parte de su hermanastro Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo.
Precisamente alrededor de esa deuda gira ahora la causa penal. Osuna considera que, cuando comenzaron las actuaciones judiciales, existían activos suficientes para afrontar el pago. Posteriormente, esas posiciones patrimoniales desaparecieron, lo que llevó a presentar una querella por un presunto delito de alzamiento de bienes. La acusación mantiene que el patrimonio habría sido ocultado o vaciado para impedir la ejecución de la sentencia civil. Se trata, por ahora, de una acusación que deberá ser investigada judicialmente y sobre la que no existe pronunciamiento alguno sobre el fondo.
Bloqueo procesal
Ningún tribunal ha cuestionado el derecho Bermudo a la herencia ni ha archivado la investigación sobre el presunto alzamiento de bienes. Lo que se ha producido es un bloqueo estrictamente procesal derivado de la discusión sobre qué órgano debe instruir la causa.
Si finalmente el Tribunal Supremo atribuye la competencia a uno de los juzgados, la investigación continuará exactamente donde quedó interrumpida. Lo que sí resulta inevitable es un nuevo retraso en una historia judicial que ya supera la década y que ha obligado a Rosario Bermudo a recorrer prácticamente todas las instancias posibles para obtener primero el reconocimiento de su identidad y, después, el efectivo cumplimiento de los derechos hereditarios que los tribunales ya le reconocieron.
