La investigación contra una presunta organización dedicada al narcotráfico internacional que pretendía introducir cocaína desde Sudamérica a través de los puertos gallegos estuvo a punto de venirse abajo por el riesgo que corría un agente infiltrado de la Policía Nacional.. La operación, que finalmente permitió decomisar más de 650 kilos de cocaína en Vigo valorados en más de 25 millones de euros, centró este jueves una nueva sesión del juicio que se celebra en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.. Cuatro acusados se sientan en el banquillo por su supuesta participación en una red que, entre julio de 2022 y abril de 2023, trataba de introducir grandes cantidades de droga ocultas en contenedores de fruta procedentes de Sudamérica. La Fiscalía les atribuye delitos contra la salud pública cometidos por organización criminal y reclama para cada uno 12 años de prisión y multas de 100 millones de euros.. El supuesto líder de la trama, el malagueño Damián R.U., no está siendo juzgado porque permanece en paradero desconocido. Según declararon los mandos policiales durante la vista oral, fue precisamente este presunto cabecilla quien comenzó a exigir que el agente encubierto viajase a Colombia para reunirse con los responsables del envío de la droga y demostrar así que era una persona de confianza.. Esa exigencia encendió todas las alarmas dentro de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Vigo y de la Sección de Actividades Especiales (SAE), encargada de coordinar las infiltraciones policiales.. El entonces inspector jefe de la Udyco ha explicado ante el tribunal, en declaraciones recogidas por EFE, que la situación se agravó después de que, en una reunión celebrada en Málaga en agosto de 2022, fuera detectado uno de los vehículos policiales que realizaban labores de vigilancia.. Ante el temor de que la identidad del infiltrado pudiera quedar comprometida y de que el viaje a Sudamérica supusiera un riesgo extremo, la Policía optó por solicitar el archivo provisional de la investigación en noviembre de 2022. “No era seguro continuar”, han resumido los responsables policiales durante el juicio.. “La operación se iría al traste”. El responsable de la SAE corroboró esa versión y aseguró que, si el infiltrado no aceptaba viajar a Colombia, la operación “se iría al traste”. Según detalló, la prioridad era proteger la integridad física del agente y evitar que una organización criminal internacional pudiera descubrir su verdadera identidad.. La causa, sin embargo, no quedó definitivamente cerrada. Meses después, el presunto líder de la red “relajó esas exigencias” y dejó de insistir en el desplazamiento a Colombia. Eso permitió que la investigación fuese retomada y que la Fiscalía Antidroga autorizase la reapertura del procedimiento en febrero de 2023.. Las defensas de los acusados cuestionaron durante el juicio esa decisión policial y criticaron que, durante el tiempo en que la causa estuvo archivada provisionalmente, la investigación realmente continuó activa. Consideran que no se informó correctamente a la Fiscalía Antidroga de lo que estaba ocurriendo en ese periodo.. Teléfonos de infiltrados. Otro de los puntos de fricción durante la vista fue la negativa policial a entregar los teléfonos utilizados por los agentes encubiertos para mantener conversaciones a través de Telegram con los presuntos narcotraficantes. Las defensas reclamaban acceder a esos terminales, pero el responsable de la SAE defendió que hacerlo pondría en peligro a los infiltrados.. Según explicó, esos teléfonos contienen datos de geolocalización permanente y almacenan información extremadamente sensible sobre la vida personal y profesional de los agentes. “Cualquier posibilidad de que acabe donde no debe es arriesgar la vida de los agentes encubiertos”, sostuvo ante el tribunal.. Durante su declaración también reivindicó el papel de los policías infiltrados como una de las pocas herramientas eficaces contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico internacional. Además, incidió en la dificultad de encontrar agentes dispuestos a asumir un nivel de riesgo tan elevado, tanto para ellos mismos como para sus familias.. La investigación se inició en julio de 2022 a raíz de una información remitida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Los investigadores sabían que la organización criminal estaba buscando colaboradores en Galicia para introducir cocaína a través de los puertos españoles y aprovecharon esa circunstancia para introducir a un agente infiltrado.. La primera reunión tuvo lugar en el restaurante O Castro de Vigo aquel mismo verano. Según relató el responsable de la Udyco, después se celebraron otros encuentros en Málaga, concretamente en una vivienda privada y en una peluquería cerrada, donde se negociaban los detalles de las futuras importaciones de droga.. La operación culminó a finales de 2023 con la intervención en Vigo de 651,6 kilogramos de cocaína distribuidos en 650 tabletas marcadas con un logotipo de herradura y cabeza de caballo. La droga alcanzaba una pureza superior al 81 % y, según los cálculos policiales, tenía un valor en el mercado ilícito superior a los 25 millones de euros.
La Policía llegó a pedir el archivo provisional de la investigación por el riesgo para este policía encubierto
La investigación contra una presunta organización dedicada al narcotráfico internacional que pretendía introducir cocaína desde Sudamérica a través de los puertos gallegos estuvo a punto de venirse abajo por el riesgo que corría un agente infiltrado de la Policía Nacional.. La operación, que finalmente permitió decomisar más de 650 kilos de cocaína en Vigo valorados en más de 25 millones de euros, centró este jueves una nueva sesión del juicio que se celebra en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.. Cuatro acusados se sientan en el banquillo por su supuesta participación en una red que, entre julio de 2022 y abril de 2023, trataba de introducir grandes cantidades de droga ocultas en contenedores de fruta procedentes de Sudamérica. La Fiscalía les atribuye delitos contra la salud pública cometidos por organización criminal y reclama para cada uno 12 años de prisión y multas de 100 millones de euros.. El supuesto líder de la trama, el malagueño Damián R.U., no está siendo juzgado porque permanece en paradero desconocido. Según declararon los mandos policiales durante la vista oral, fue precisamente este presunto cabecilla quien comenzó a exigir que el agente encubierto viajase a Colombia para reunirse con los responsables del envío de la droga y demostrar así que era una persona de confianza.. Esa exigencia encendió todas las alarmas dentro de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Vigo y de la Sección de Actividades Especiales (SAE), encargada de coordinar las infiltraciones policiales.. El entonces inspector jefe de la Udyco ha explicado ante el tribunal, en declaraciones recogidas por EFE, que la situación se agravó después de que, en una reunión celebrada en Málaga en agosto de 2022, fuera detectado uno de los vehículos policiales que realizaban labores de vigilancia.. Ante el temor de que la identidad del infiltrado pudiera quedar comprometida y de que el viaje a Sudamérica supusiera un riesgo extremo, la Policía optó por solicitar el archivo provisional de la investigación en noviembre de 2022. “No era seguro continuar”, han resumido los responsables policiales durante el juicio.. “La operación se iría al traste”. El responsable de la SAE corroboró esa versión y aseguró que, si el infiltrado no aceptaba viajar a Colombia, la operación “se iría al traste”. Según detalló, la prioridad era proteger la integridad física del agente y evitar que una organización criminal internacional pudiera descubrir su verdadera identidad.. La causa, sin embargo, no quedó definitivamente cerrada. Meses después, el presunto líder de la red “relajó esas exigencias” y dejó de insistir en el desplazamiento a Colombia. Eso permitió que la investigación fuese retomada y que la Fiscalía Antidroga autorizase la reapertura del procedimiento en febrero de 2023.. Las defensas de los acusados cuestionaron durante el juicio esa decisión policial y criticaron que, durante el tiempo en que la causa estuvo archivada provisionalmente, la investigación realmente continuó activa. Consideran que no se informó correctamente a la Fiscalía Antidroga de lo que estaba ocurriendo en ese periodo.. Teléfonos de infiltrados. Otro de los puntos de fricción durante la vista fue la negativa policial a entregar los teléfonos utilizados por los agentes encubiertos para mantener conversaciones a través de Telegram con los presuntos narcotraficantes. Las defensas reclamaban acceder a esos terminales, pero el responsable de la SAE defendió que hacerlo pondría en peligro a los infiltrados.. Según explicó, esos teléfonos contienen datos de geolocalización permanente y almacenan información extremadamente sensible sobre la vida personal y profesional de los agentes. “Cualquier posibilidad de que acabe donde no debe es arriesgar la vida de los agentes encubiertos”, sostuvo ante el tribunal.. Durante su declaración también reivindicó el papel de los policías infiltrados como una de las pocas herramientas eficaces contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico internacional. Además, incidió en la dificultad de encontrar agentes dispuestos a asumir un nivel de riesgo tan elevado, tanto para ellos mismos como para sus familias.. La investigación se inició en julio de 2022 a raíz de una información remitida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Los investigadores sabían que la organización criminal estaba buscando colaboradores en Galicia para introducir cocaína a través de los puertos españoles y aprovecharon esa circunstancia para introducir a un agente infiltrado.. La primera reunión tuvo lugar en el restaurante O Castro de Vigo aquel mismo verano. Según relató el responsable de la Udyco, después se celebraron otros encuentros en Málaga, concretamente en una vivienda privada y en una peluquería cerrada, donde se negociaban los detalles de las futuras importaciones de droga.. La operación culminó a finales de 2023 con la intervención en Vigo de 651,6 kilogramos de cocaína distribuidos en 650 tabletas marcadas con un logotipo de herradura y cabeza de caballo. La droga alcanzaba una pureza superior al 81 % y, según los cálculos policiales, tenía un valor en el mercado ilícito superior a los 25 millones de euros.
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