La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, un bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se acerca tras tres décadas de tortuosas negociaciones. En Bruselas y en las capitales sudamericanas se habla de una nueva era en las relaciones económicas. En los campos y las sedes de las organizaciones agrarias andaluzas, sin embargo, la palabra que más se repite es otra: alarma. Hay una sensación generalizada de que el campo del sur de Europa, y muy especialmente el andaluz, se ha convertido en la moneda de cambio para que la poderosa industria automovilística, química o de bienes de lujo europea gane mercados al otro lado del Atlántico. El malestar no es una protesta vaga contra la globalización, sino una queja muy concreta que exige jugar con las mismas reglas.. Jaime Martínez, portavoz de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, lo resume sin rodeos cuando afirma que «el acuerdo no nos vale». Su organización, que agrupa a las entidades que comercializan entre el 60 y el 70 por ciento de la producción andaluza, ve el pacto como profundamente lesivo. Martínez enumera los sectores amenazados, señalando que es «lesivo para el sector arrocero, para los sectores cárnicos, para el sector de la miel». Incluso pone en duda el supuesto beneficio para el olivar y apunta a la aceituna de mesa como una gran perdedora, ya que las producciones argentinas entrarían en condiciones más ventajosas.. El problema central no es el volumen de los contingentes acordados, sino las condiciones bajo las cuales llegarán. Martínez insiste en que la falta de reciprocidad es clave. Para él, las exigencias medioambientales, sociales y laborales que se imponen a los productores europeos «tienen que ser las mismas que se pongan para las producciones que vengan de Mercosur». Desde Cooperativas aseguran que eso no se cumple y que aceptar el acuerdo sin esa garantía condenaría a los agricultores europeos a una desventaja permanente. Además, desconfían de las cláusulas de salvaguardia, mecanismos que permitirían paralizar importaciones de incumplirse los requisitos de calidad de los productos importados, porque consideran que en la práctica son lentas e ineficaces, como ya se ha visto con otros acuerdos.. Su propuesta aboga por controles en origen. Critica la eficacia del sistema actual de inspección en frontera, que solo revisa un porcentaje mínimo de lo que entra, y argumenta que las más de 6.000 alertas sanitarias por importaciones de terceros países registradas el año pasado en España demuestran que «esos controles no son lo que debieran ser». Por ello, exige que los estándares europeos se verifiquen en las mismas fincas y plantas sudamericanas antes del embarque.. Ricardo Serra, presidente de Asaja en Andalucía, comparte esa visión. Explica la frustración del sector con una imagen gráfica: «Es como un partido de fútbol en el cual un equipo tiene unas reglas del juego distintas que otros». Señala que en Europa los agricultores trabajan con limitaciones medioambientales muy estrictas que elevan los costes. Si los competidores del Mercosur no están sujetos a las mismas reglas, la partida está perdida. Serra afirma que el interés sudamericano es claramente agroexportador, mientras que el interés europeo es industrial, apuntando que «lo que está detrás de esto es la industria, por ejemplo, del automóvil».. Ambos dirigentes lamentan la falta de participación real del sector en unas negociaciones que llevan fraguándose casi treinta años. Coinciden en que «no han contado con nosotros», una queja que también extienden a la última reforma de la Política Agraria Común (PAC). Sienten que el sector agroalimentario se ha convertido en «el pagador» de los grandes acuerdos comerciales. Serra matiza, sin embargo, que el acuerdo aún no está cerrado, ya que debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y posiblemente por los parlamentos nacionales, un resquicio que considera crucial para ejercer presión.. La reacción política en España encuentra un inusual consenso entre formaciones a la izquierda y a la derecha del PSOE y el PP. Vox ha situado el rechazo al acuerdo como una de sus banderas en el ámbito rural, argumentando que supone una «sentencia de muerte» para el campo español. Por la izquierda, Sumar y Podemos también se oponen, aunque centran sus argumentos en el impacto medioambiental y en la defensa de la agricultura familiar. Esta convergencia crítica complica el panorama para el Gobierno de Pedro Sánchez, que debe balancear su apoyo al acuerdo europeo con la gestión del descontento de un sector estratégico.. Frente a esta presión, las administraciones intentan calmar los ánimos. Serra reconoce que la postura de la Junta de Andalucía es «muy coincidente» con la del sector, al entender que la comunidad, como primera potencia agrícola nacional, tiene mucho que perder. La coordinación con el Gobierno central, no obstante, parece más compleja, dado que el marco de la negociación es europeo.. El mensaje final desde el campo andaluz es de urgencia. No piden proteccionismo, sino equidad. Consideran que Europa no puede sacrificar los estándares que tanto ha costado construir ni dejar a sus agricultores en inferioridad. «Si se supone que estamos velando por un medio ambiente y estamos velando por una salubridad, al menos que lo que venga, venga en los mismos requisitos», reclama Jaime Martínez. El tiempo dirá si Bruselas escucha esta demanda o si el campo andaluz se convierte en la primera baja de un nuevo orden comercial.
El tratado de libre comercio podría suponer la pérdida de competitividad del campo andaluz, que pide igualar los requisitos de producción entre Europa y Sudamérica
La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, un bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se acerca tras tres décadas de tortuosas negociaciones. En Bruselas y en las capitales sudamericanas se habla de una nueva era en las relaciones económicas. En los campos y las sedes de las organizaciones agrarias andaluzas, sin embargo, la palabra que más se repite es otra: alarma. Hay una sensación generalizada de que el campo del sur de Europa, y muy especialmente el andaluz, se ha convertido en la moneda de cambio para que la poderosa industria automovilística, química o de bienes de lujo europea gane mercados al otro lado del Atlántico. El malestar no es una protesta vaga contra la globalización, sino una queja muy concreta que exige jugar con las mismas reglas.. Jaime Martínez, portavoz de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, lo resume sin rodeos cuando afirma que «el acuerdo no nos vale». Su organización, que agrupa a las entidades que comercializan entre el 60 y el 70 por ciento de la producción andaluza, ve el pacto como profundamente lesivo. Martínez enumera los sectores amenazados, señalando que es «lesivo para el sector arrocero, para los sectores cárnicos, para el sector de la miel». Incluso pone en duda el supuesto beneficio para el olivar y apunta a la aceituna de mesa como una gran perdedora, ya que las producciones argentinas entrarían en condiciones más ventajosas.. El problema central no es el volumen de los contingentes acordados, sino las condiciones bajo las cuales llegarán. Martínez insiste en que la falta de reciprocidad es clave. Para él, las exigencias medioambientales, sociales y laborales que se imponen a los productores europeos «tienen que ser las mismas que se pongan para las producciones que vengan de Mercosur». Desde Cooperativas aseguran que eso no se cumple y que aceptar el acuerdo sin esa garantía condenaría a los agricultores europeos a una desventaja permanente. Además, desconfían de las cláusulas de salvaguardia, mecanismos que permitirían paralizar importaciones de incumplirse los requisitos de calidad de los productos importados, porque consideran que en la práctica son lentas e ineficaces, como ya se ha visto con otros acuerdos.. Su propuesta aboga por controles en origen. Critica la eficacia del sistema actual de inspección en frontera, que solo revisa un porcentaje mínimo de lo que entra, y argumenta que las más de 6.000 alertas sanitarias por importaciones de terceros países registradas el año pasado en España demuestran que «esos controles no son lo que debieran ser». Por ello, exige que los estándares europeos se verifiquen en las mismas fincas y plantas sudamericanas antes del embarque.. Ricardo Serra, presidente de Asaja en Andalucía, comparte esa visión. Explica la frustración del sector con una imagen gráfica: «Es como un partido de fútbol en el cual un equipo tiene unas reglas del juego distintas que otros». Señala que en Europa los agricultores trabajan con limitaciones medioambientales muy estrictas que elevan los costes. Si los competidores del Mercosur no están sujetos a las mismas reglas, la partida está perdida. Serra afirma que el interés sudamericano es claramente agroexportador, mientras que el interés europeo es industrial, apuntando que «lo que está detrás de esto es la industria, por ejemplo, del automóvil».. Ambos dirigentes lamentan la falta de participación real del sector en unas negociaciones que llevan fraguándose casi treinta años. Coinciden en que «no han contado con nosotros», una queja que también extienden a la última reforma de la Política Agraria Común (PAC). Sienten que el sector agroalimentario se ha convertido en «el pagador» de los grandes acuerdos comerciales. Serra matiza, sin embargo, que el acuerdo aún no está cerrado, ya que debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y posiblemente por los parlamentos nacionales, un resquicio que considera crucial para ejercer presión.. La reacción política en España encuentra un inusual consenso entre formaciones a la izquierda y a la derecha del PSOE y el PP. Vox ha situado el rechazo al acuerdo como una de sus banderas en el ámbito rural, argumentando que supone una «sentencia de muerte» para el campo español. Por la izquierda, Sumar y Podemos también se oponen, aunque centran sus argumentos en el impacto medioambiental y en la defensa de la agricultura familiar. Esta convergencia crítica complica el panorama para el Gobierno de Pedro Sánchez, que debe balancear su apoyo al acuerdo europeo con la gestión del descontento de un sector estratégico.. Frente a esta presión, las administraciones intentan calmar los ánimos. Serra reconoce que la postura de la Junta de Andalucía es «muy coincidente» con la del sector, al entender que la comunidad, como primera potencia agrícola nacional, tiene mucho que perder. La coordinación con el Gobierno central, no obstante, parece más compleja, dado que el marco de la negociación es europeo.. El mensaje final desde el campo andaluz es de urgencia. No piden proteccionismo, sino equidad. Consideran que Europa no puede sacrificar los estándares que tanto ha costado construir ni dejar a sus agricultores en inferioridad. «Si se supone que estamos velando por un medio ambiente y estamos velando por una salubridad, al menos que lo que venga, venga en los mismos requisitos», reclama Jaime Martínez. El tiempo dirá si Bruselas escucha esta demanda o si el campo andaluz se convierte en la primera baja de un nuevo orden comercial.
Noticias de Andalucía en La Razón
