Dos mensajes de presión, verbal y no verbal, han sido arrojados desde la Casa Blanca en los últimos días sobre el gobierno de facto que dirige Delcy Rodríguez. Por un lado, la aparición fotográfica del secretario de Estado, Marco Rubio, vistiendo el mismo traje deportivo que usaba Nicolás Maduro cuando fue capturado el 3 de enero. En segundo lugar, y de manera más seria, la declaración de Donald J. Trump sobre la intención de anexar a Venezuela como el estado número 51 de su país. Posteriormente, y evidenciando que no se trataba de una imprudencia verbal, la cuenta oficial en redes sociales del presidente norteamericano y la de la Casa Blanca publicaron la misma imagen, que muestra el mapa venezolano revestido con la bandera de los Estados Unidos y un número 51 posado en la parte superior.. A juzgar por la provocación de Rubio y la esperpéntica intención de Trump, ambos gestos forman parte de un ejercicio de presión sobre el Gobierno venezolano. En las últimas semanas han ocurrido nombramientos políticos y pseudo procesos de cambios que muestran poca voluntad desde Caracas para sentar las bases de una transición hacia la democracia; una real, no maquillada. Ha sido el caso, por ejemplo, de Vladimir Padrino López, sobre cuya cabeza se mantiene una recompensa de 15 millones de dólares por parte del Gobierno estadounidense por tráfico de drogas. Curiosamente, Delcy Rodríguez decidió removerlo del Ministerio de la Defensa pero, pocos días después, lo nombró ministro de Agricultura y Tierras; en otras palabras, la remoción quedó en un cambio estético.. Ha pasado lo mismo con el poder judicial. Hace un mes, la sucesora de Maduro reconoció fallas en el sistema de justicia venezolano. A partir de allí, propuso una gran consulta sobre la reforma a la justicia penal. Días atrás, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó una reforma para elevar el número de magistrados en el Supremo; concretamente, de 20 a 32. So pretexto de la necesidad de comenzar una nueva etapa, los diputados aprobaron la medida. Sin embargo, los jueces siguen siendo aquellos vinculados al gobierno: algunos por permanencia y otros de reciente incorporación, pero con vínculos históricos y carrera política dentro del chavismo. Es decir, se trata de la lógica del gatopardismo: se introducen cambios para, precisa y paradójicamente, asegurarse de que todo siga igual.. La guerra en Irán, el conflicto en Ucrania y la tensión permanente con China podrían sugerir que el Gobierno venezolano concluya que los ojos de la Casa Blanca se encuentran en otro sitio, distinto y lejano a ellos. Sin embargo, los últimos mensajes de Rubio y de Trump son un aviso, un recordatorio a Caracas, finalmente, un: «No lo olviden, acá seguimos». La presión, ciertamente, y más allá de sus formas, resulta crucial de cara al desenlace que la mayoría anhela: unas elecciones libres que permitan la instauración de un gobierno finalmente comprometido con la libertad y la democracia.
Dos mensajes de presión, verbal y no verbal, han sido arrojados desde la Casa Blanca en los últimos días sobre el gobierno de facto que dirige Delcy Rodríguez. Por un lado, la aparición fotográfica del secretario de Estado, Marco Rubio, vistiendo el mismo traje deportivo que usaba Nicolás Maduro cuando fue capturado el 3 de enero. En segundo lugar, y de manera más seria, la declaración de Donald J. Trump sobre la intención de anexar a Venezuela como el estado número 51 de su país. Posteriormente, y evidenciando que no se trataba de una imprudencia verbal, la cuenta oficial en redes sociales del presidente norteamericano y la de la Casa Blanca publicaron la misma imagen, que muestra el mapa venezolano revestido con la bandera de los Estados Unidos y un número 51 posado en la parte superior.. A juzgar por la provocación de Rubio y la esperpéntica intención de Trump, ambos gestos forman parte de un ejercicio de presión sobre el Gobierno venezolano. En las últimas semanas han ocurrido nombramientos políticos y pseudo procesos de cambios que muestran poca voluntad desde Caracas para sentar las bases de una transición hacia la democracia; una real, no maquillada. Ha sido el caso, por ejemplo, de Vladimir Padrino López, sobre cuya cabeza se mantiene una recompensa de 15 millones de dólares por parte del Gobierno estadounidense por tráfico de drogas. Curiosamente, Delcy Rodríguez decidió removerlo del Ministerio de la Defensa pero, pocos días después, lo nombró ministro de Agricultura y Tierras; en otras palabras, la remoción quedó en un cambio estético.. Ha pasado lo mismo con el poder judicial. Hace un mes, la sucesora de Maduro reconoció fallas en el sistema de justicia venezolano. A partir de allí, propuso una gran consulta sobre la reforma a la justicia penal. Días atrás, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó una reforma para elevar el número de magistrados en el Supremo; concretamente, de 20 a 32. So pretexto de la necesidad de comenzar una nueva etapa, los diputados aprobaron la medida. Sin embargo, los jueces siguen siendo aquellos vinculados al gobierno: algunos por permanencia y otros de reciente incorporación, pero con vínculos históricos y carrera política dentro del chavismo. Es decir, se trata de la lógica del gatopardismo: se introducen cambios para, precisa y paradójicamente, asegurarse de que todo siga igual.. La guerra en Irán, el conflicto en Ucrania y la tensión permanente con China podrían sugerir que el Gobierno venezolano concluya que los ojos de la Casa Blanca se encuentran en otro sitio, distinto y lejano a ellos. Sin embargo, los últimos mensajes de Rubio y de Trump son un aviso, un recordatorio a Caracas, finalmente, un: «No lo olviden, acá seguimos». La presión, ciertamente, y más allá de sus formas, resulta crucial de cara al desenlace que la mayoría anhela: unas elecciones libres que permitan la instauración de un gobierno finalmente comprometido con la libertad y la democracia.
Los últimos mensajes lanzados por el presidente y el secretario de Estado de EE UU son un aviso, un recordatorio a Caracas: «No lo olviden, acá seguimos»
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