La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado ‘caso Plus Ultra’ ha obligado a la izquierda catalana a posicionarse. Aunque tanto el PSC como los Comuns han apelado a la prudencia y al respeto por el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional, las reacciones han evidenciado diferencias de tono: mientras los socialistas han cerrado filas con una defensa política y emocional del exdirigente, los Comuns han evitado comprar el relato de una supuesta persecución judicial y han reclamado explicaciones.. El primero en salir al paso fue el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha subrayado el peso político y sentimental que Zapatero conserva entre el socialismo español. El dirigente del Govern admitió que el expresidente tiene “un impacto emocional importante” dentro del PSOE y aprovechó para reivindicar algunas de las políticas más emblemáticas de sus mandatos.. Dalmau recordó que Zapatero fue el presidente que aprobó el matrimonio homosexual, retiró las tropas españolas de Irak y promovió la ley de dependencia, medidas que —vino a decir— marcaron a toda una generación progresista. “Es el presidente que hizo que muchas personas nos hubiéramos podido casar”, destacó, antes de insistir en la necesidad de esperar al desarrollo judicial y preservar la presunción de inocencia. “Miro con la distancia de esperar y confiar en la presunción de inocencia y que se puedan dar las explicaciones oportunas”, sostuvo.. En términos similares se expresó la consellera de Economía, Alícia Romero, que reconoció sentirse “un poco apenada” por la situación judicial del expresidente socialista. Romero pidió prudencia, expresó confianza en el trabajo de la Justicia y recordó la complejidad de investigaciones de este tipo, evitando cualquier condena anticipada. La dirigente socialista insistió además en el peso político de Zapatero dentro del PSOE, al que definió como una figura de “legitimidad muy alta” y una referencia política de primer orden dentro del espacio progresista español.. Más incómoda se mostró la reacción de los Comuns. La presidenta de su grupo parlamentario, Jéssica Albiach, rechazó sumarse automáticamente a quienes denuncian un caso de ‘lawfare’ o guerra judicial contra el expresidente. “Hay mucho lawfare, pero no todo es lawfare”, advirtió, marcando distancias con un argumento que en otros episodios sí ha utilizado la izquierda para denunciar actuaciones judiciales.. Albiach recordó que, a su juicio, sí han existido episodios de guerra judicial contra el independentismo, contra Podemos, Barcelona en Comú o incluso contra el exfiscal general del Estado. Sin embargo, en el caso de Zapatero prefirió no cerrar filas sin matices. Aunque insistió en que todavía le falta información y pidió actuar con prudencia, admitió sentirse incómoda con algunas de las informaciones aparecidas en los medios.. “A mí no me está gustando lo que veo”, reconoció, para introducir además un elemento político que va más allá de la posible responsabilidad penal. Según planteó, incluso si determinadas conductas no terminaran constituyendo delito, seguiría abierta la discusión sobre si son éticas o estéticamente aceptables en alguien que ha ocupado la Presidencia del Gobierno.. La dirigente de los Comuns consideró además que quien debe ofrecer explicaciones públicas no es tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino el propio Zapatero, y aprovechó la polémica para abrir un debate más amplio sobre los límites de actuación de los expresidentes una vez abandonan la primera línea política.. Pese a sus reservas, Albiach quiso dejar claro que el exlíder socialista sigue siendo una figura de referencia para buena parte de la izquierda española. “No hace falta ser socialista para reconocer que Zapatero era un referente para muchísima gente progresista”, admitió.
Dalmau y Romero apelan a la presunción de inocencia del expresidente y reivindican su legado político, mientras Albiach evita hablar de guerra judicial y reclama explicaciones
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado ‘caso Plus Ultra’ ha obligado a la izquierda catalana a posicionarse. Aunque tanto el PSC como los Comuns han apelado a la prudencia y al respeto por el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional, las reacciones han evidenciado diferencias de tono: mientras los socialistas han cerrado filas con una defensa política y emocional del exdirigente, los Comuns han evitado comprar el relato de una supuesta persecución judicial y han reclamado explicaciones.. El primero en salir al paso fue el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que subrayó el peso político y sentimental que Zapatero conserva entre el socialismo español. El dirigente del Govern admitió que el expresidente tiene “un impacto emocional importante” dentro del PSOE y aprovechó para reivindicar algunas de las políticas más emblemáticas de sus mandatos.. Dalmau recordó que Zapatero fue el presidente que aprobó el matrimonio homosexual, retiró las tropas españolas de Irak y promovió la ley de dependencia, medidas que —vino a decir— marcaron a toda una generación progresista. “Es el presidente que hizo que muchas personas nos hubiéramos podido casar”, destacó, antes de insistir en la necesidad de esperar al desarrollo judicial y preservar la presunción de inocencia. “Miro con la distancia de esperar y confiar en la presunción de inocencia y que se puedan dar las explicaciones oportunas”, sostuvo.. En términos similares se expresó la consellera de Economía, Alícia Romero, que reconoció sentirse “un poco apenada” por la situación judicial del expresidente socialista. Romero pidió prudencia, expresó confianza en el trabajo de la Justicia y recordó la complejidad de investigaciones de este tipo, evitando cualquier condena anticipada.. La dirigente socialista insistió además en el peso político de Zapatero dentro del PSOE, al que definió como una figura de “legitimidad muy alta” y una referencia política de primer orden dentro del espacio progresista español.. Más incómoda se mostró la reacción de los Comuns. La presidenta de su grupo parlamentario, Jéssica Albiach, rechazó sumarse automáticamente a quienes denuncian un caso de ‘lawfare’ o guerra judicial contra el expresidente. “Hay mucho lawfare, pero no todo es lawfare”, advirtió, marcando distancias con un argumento que en otros episodios sí ha utilizado la izquierda para denunciar actuaciones judiciales.. Albiach recordó que, a su juicio, sí han existido episodios de guerra judicial contra el independentismo, contra Podemos, Barcelona en Comú o incluso contra el exfiscal general del Estado. Sin embargo, en el caso de Zapatero prefirió no cerrar filas sin matices. Aunque insistió en que todavía le falta información y pidió actuar con prudencia, admitió sentirse incómoda con algunas de las informaciones aparecidas en los medios.. “A mí no me está gustando lo que veo”, reconoció, para introducir además un elemento político que va más allá de la posible responsabilidad penal. Según planteó, incluso si determinadas conductas no terminaran constituyendo delito, seguiría abierta la discusión sobre si son éticas o estéticamente aceptables en alguien que ha ocupado la Presidencia del Gobierno.. La dirigente de los Comuns consideró además que quien debe ofrecer explicaciones públicas no es tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino el propio Zapatero, y aprovechó la polémica para abrir un debate más amplio sobre los límites de actuación de los expresidentes una vez abandonan la primera línea política.. Pese a sus reservas, Albiach quiso dejar claro que el exlíder socialista sigue siendo una figura de referencia para buena parte de la izquierda española. “No hace falta ser socialista para reconocer que Zapatero era un referente para muchísima gente progresista”, admitió.
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