El Ayuntamiento de Ciudad Real pondrá en marcha, en colaboración con el Colegio de Abogados, una oficina de asesoramiento dirigida a propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas en el término municipal, una iniciativa que el equipo de Gobierno considera «pionera» en Castilla-La Mancha. Así lo ha avanzado la viceportavoz del Ayuntamiento, Aurora Galisteo, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, en la que se ha aprobado la firma de un convenio con el Colegio de Abogados para habilitar este servicio, que contará con un coste de 5.000 euros. La oficina prestará información, asesoramiento y acompañamiento legal a particulares y propietarios que se vean afectados por situaciones de ocupación ilegal, con el objetivo de que puedan actuar «con la mayor rapidez posible» desde los primeros momentos. Galisteo ha defendido que esta medida va a reforzar el apoyo institucional a quienes sufren «una situación compleja e injusta como que te ocupen la vivienda», al tiempo que ha destacado que permitirá a los vecinos disponer de «información clara, acompañamiento legal y herramientas» para afrontar estos casos. «Con este acuerdo garantizamos que todos los vecinos cuenten con un recurso accesible que sea capaz de orientarlos desde los primeros momentos», ha señalado la viceportavoz municipal. Aunque el Ayuntamiento no dispone de datos concretos sobre ocupaciones en la ciudad, Galisteo ha reconocido la preocupación existente en el barrio de La Granja, donde hay viviendas propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, según ha indicado, vuelven a ser ocupadas poco después de quedar libres. En este sentido, ha explicado que el Consistorio mantiene conversaciones con el Gobierno regional para analizar posibles soluciones, protocolos y medidas, dentro de un marco de «colaboración total». Galisteo ha señalado que el objetivo pasa por que las viviendas públicas que estén libres puedan arreglarse, ya que algunas se encuentran «en un estado deplorable», y adjudicarse «lo más rápido posible» a las personas incluidas en la lista de solicitantes de vivienda en la capital, que ha cifrado en unas 5.000. Según ha apuntado, en torno al 80% del parque de vivienda del barrio de La Granja es propiedad de la Junta.
La oficina prestará información, asesoramiento y acompañamiento legal a particulares y propietarios que se vean afectados por situaciones de ocupación ilegal.
El Ayuntamiento de Ciudad Real pondrá en marcha, en colaboración con el Colegio de Abogados, una oficina de asesoramiento dirigida a propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas en el término municipal, una iniciativa que el equipo de Gobierno considera «pionera» en Castilla-La Mancha.Así lo ha avanzado la viceportavoz del Ayuntamiento, Aurora Galisteo, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, en la que se ha aprobado la firma de un convenio con el Colegio de Abogados para habilitar este servicio, que contará con un coste de 5.000 euros.La oficina prestará información, asesoramiento y acompañamiento legal a particulares y propietarios que se vean afectados por situaciones de ocupación ilegal, con el objetivo de que puedan actuar «con la mayor rapidez posible» desde los primeros momentos.Galisteo ha defendido que esta medida va a reforzar el apoyo institucional a quienes sufren «una situación compleja e injusta como que te ocupen la vivienda», al tiempo que ha destacado que permitirá a los vecinos disponer de «información clara, acompañamiento legal y herramientas» para afrontar estos casos.»Con este acuerdo garantizamos que todos los vecinos cuenten con un recurso accesible que sea capaz de orientarlos desde los primeros momentos», ha señalado la viceportavoz municipal.Aunque el Ayuntamiento no dispone de datos concretos sobre ocupaciones en la ciudad, Galisteo ha reconocido la preocupación existente en el barrio de La Granja, donde hay viviendas propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, según ha indicado, vuelven a ser ocupadas poco después de quedar libres.En este sentido, ha explicado que el Consistorio mantiene conversaciones con el Gobierno regional para analizar posibles soluciones, protocolos y medidas, dentro de un marco de «colaboración total».Galisteo ha señalado que el objetivo pasa por que las viviendas públicas que estén libres puedan arreglarse, ya que algunas se encuentran «en un estado deplorable», y adjudicarse «lo más rápido posible» a las personas incluidas en la lista de solicitantes de vivienda en la capital, que ha cifrado en unas 5.000.Según ha apuntado, en torno al 80% del parque de vivienda del barrio de La Granja es propiedad de la Junta.
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