Tras el fatídico accidente de Rodalies en Gelida el pasado martes, en el que falleció un joven maquinista en prácticas y casi una cuarentena de personas resultaron heridas, llegará la hora de atribuir y asumir responsabilidades. En este panorama, hay dos partidos que, pese a su familiaridad, podrían enfrentarse. Por un lado, el Partit dels Socialistes de Cataluña (PSC), presidido por Salvador Illa, que lidera actualmente la Generalitat, y por otro, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que es quien tiene por ahora las competencias de Renfe Rodalies. Pese a pertenecer a la misma familia socialista, las diferencias entre ambas formaciones siempre han existido.. Así las cosas, la consejera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Govern, Síliva Paneque, ha confirmado hoy que el Ejecutivo catalán ha abierto un «expediente» a Renfe por la interrupción del servicio de Rodalies en todas sus líneas durante el jueves y el viernes. Por ahora, ha comentado Paneque, se trata de un procedimiento «informativo» con el objetivo de saber «cuáles han sido las causas y circunstancias que han impedido que este servicio no se pueda realizar». Sin embargo, no ha cerrado la puerta a que el expediente acabe siendo sancionador: «A la luz de lo que responda, en cualquier caso, si se derivara en un expediente sancionador, sería con Renfe, que es responsable de la relación, en estos momentos, con los trabajadores».. La misma noche del accidente se informó de que el servicio de Rodalies quedaba interrumpido, a la espera de una reunión la mañana siguiente (jueves) para decidir sobre su reanudación. Sin embargo, la red ferroviaria catalana estuvo interrumpida todo el día siguiente, aunque por la tarde se informó de que el viernes Rodalies volvería a funcionar. Ayer, pese a ello, el servicio estuvo de nuevo inhabilitado. Solo seis maquinistas de una plantilla de 140 trabajadores se presentaron a sus puestos de trabajo, argumentando falta de seguridad en las vías.. Paneque ha informado de que el Govern se ha mostró «sorprendido» con la reacción de los maquinistas, y ha remarcado que el miércoles a las 18:00 horas la Generalitat recibió una carta de Adif mediante la cual se exponía que el sistema era «operable», ante lo cual el Govern trasladó a Renfe que empezase el servicio. «Cuando a las 6 de la mañana de hoy nos informan de que no hay maquinistas suficientes como para iniciar el servicio, ya no digo con normalidad, sino con mínimas garantías incluso de seguridad, es cuando nosotros iniciamos este expediente informativo», ha añadido Paneque.. El proceso que ha abierto hoy la Generalitat a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies es, de momento, informativo. En este caso, el Govern requerirá formalmente toda la información disponible a Renfe de lo ocurrido, para conocer las causas que provocaron esta situación. El expediente, sin embargo, podría acabar siendo sancionador, y en este caso se abriría la posibilidad de aplicar sanciones económicas.. La puesta en marcha de este expediente activa la potestad inspectora y sancionadora de la Generalitat de Cataluña sobre el servicio de Rodalies. Además, coloca el foco en el «incumplimiento de la obligación de prestar el servicio», y da la opción a multar. En cuanto a repercusiones políticas, Renfe, que depende del Estado, vería elevada la presión sobre su gestión, mientras que el Govern se descargaría de responsabilidad.. En caso de abrir un procedimiento sancionador, que por ahora no ha confirmado la Generalitat, Renfe se vería expuesta a multas que oscilan entre los cientos de miles y el millón de euros. En caso de que el trámite del Govern se abra por la vía ferroviaria, basándose en el Real Decreto 2034/2009 que expone el traspaso de Cercanías, la multa podría llegar a los 300.000 euros por infracción muy grave. Por otro lado, si la vía que toma la Generalitat es la del contrato de servicio público incumplido, la penalización contractual dependería de lo establecido en el traspaso del mismo Real Decreto mencionado. Por último, si el Govern decide ir por la vía de los derechos de los usuarios (Consumo), aplicando el Código de Consumo de Cataluña (Ley 22/2010), tal y como informa Demócrata, la sanción podría llegar a ser de hasta 1.000.000 de euros, además de otras sanciones accesorias.
La Generalitat abre un expediente a la compañía ferroviaria por la interrupción del servicio
Tras el fatídico accidente de Rodalies en Gelida el pasado martes, en el que falleció un joven maquinista en prácticas y casi una cuarentena de personas resultaron heridas, llegará la hora de atribuir y asumir responsabilidades. En este panorama, hay dos partidos que, pese a su familiaridad, podrían enfrentarse. Por un lado, el Partit dels Socialistes de Cataluña (PSC), presidido por Salvador Illa, que lidera actualmente la Generalitat, y por otro, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que es quien tiene por ahora las competencias de Renfe Rodalies. Pese a pertenecer a la misma familia socialista, las diferencias entre ambas formaciones siempre han existido.. Así las cosas, la consejera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Govern, Síliva Paneque, ha confirmado hoy que el Ejecutivo catalán ha abierto un «expediente» a Renfe por la interrupción del servicio de Rodalies en todas sus líneas durante el jueves y el viernes. Por ahora, ha comentado Paneque, se trata de un procedimiento «informativo» con el objetivo de saber «cuáles han sido las causas y circunstancias que han impedido que este servicio no se pueda realizar». Sin embargo, no ha cerrado la puerta a que el expediente acabe siendo sancionador: «A la luz de lo que responda, en cualquier caso, si se derivara en un expediente sancionador, sería con Renfe, que es responsable de la relación, en estos momentos, con los trabajadores».. La misma noche del accidente se informó de que el servicio de Rodalies quedaba interrumpido, a la espera de una reunión la mañana siguiente (jueves) para decidir sobre su reanudación. Sin embargo, la red ferroviaria catalana estuvo interrumpida todo el día siguiente, aunque por la tarde se informó de que el viernes Rodalies volvería a funcionar. Ayer, pese a ello, el servicio estuvo de nuevo inhabilitado. Solo seis maquinistas de una plantilla de 140 trabajadores se presentaron a sus puestos de trabajo, argumentando falta de seguridad en las vías.. Paneque ha informado de que el Govern se ha mostró «sorprendido» con la reacción de los maquinistas, y ha remarcado que el miércoles a las 18:00 horas la Generalitat recibió una carta de Adif mediante la cual se exponía que el sistema era «operable», ante lo cual el Govern trasladó a Renfe que empezase el servicio. «Cuando a las 6 de la mañana de hoy nos informan de que no hay maquinistas suficientes como para iniciar el servicio, ya no digo con normalidad, sino con mínimas garantías incluso de seguridad, es cuando nosotros iniciamos este expediente informativo», ha añadido Paneque.. El proceso que ha abierto hoy la Generalitat a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies es, de momento, informativo. En este caso, el Govern requerirá formalmente toda la información disponible a Renfe de lo ocurrido, para conocer las causas que provocaron esta situación. El expediente, sin embargo, podría acabar siendo sancionador, y en este caso se abriría la posibilidad de aplicar sanciones económicas.. La puesta en marcha de este expediente activa la potestad inspectora y sancionadora de la Generalitat de Cataluña sobre el servicio de Rodalies. Además, coloca el foco en el «incumplimiento de la obligación de prestar el servicio», y da la opción a multar. En cuanto a repercusiones políticas, Renfe, que depende del Estado, vería elevada la presión sobre su gestión, mientras que el Govern se descargaría de responsabilidad.. En caso de abrir un procedimiento sancionador, que por ahora no ha confirmado la Generalitat, Renfe se vería expuesta a multas que oscilan entre los cientos de miles y el millón de euros. En caso de que el trámite del Govern se abra por la vía ferroviaria, basándose en el Real Decreto 2034/2009 que expone el traspaso de Cercanías, la multa podría llegar a los 300.000 euros por infracción muy grave. Por otro lado, si la vía que toma la Generalitat es la del contrato de servicio público incumplido, la penalización contractual dependería de lo establecido en el traspaso del mismo Real Decreto mencionado. Por último, si el Govern decide ir por la vía de los derechos de los usuarios (Consumo), aplicando el Código de Consumo de Cataluña (Ley 22/2010), tal y como informa Demócrata, la sanción podría llegar a ser de hasta 1.000.000 de euros, además de otras sanciones accesorias.
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