Esta semana se ha reanudado el denominado «Caso ataúdes» en la Audiencia Provincial de Valladolid con la declaración de nuevos testigos que han vuelto a confirmar que en las fotos mostradas por los agentes de la Policía Nacional durante la investigación aparecen los cuerpos de sus seres queridos tirados en el suelo o en féretros diferentes en los que estuvieron durante los velatorios.. Uno de los testimonio más conmovedores fue el de María Covadonga, que octubre 2013 incineró a su marido. En su declaración, reconoció que aunque vio como se introducía el féretro a través de una especie de cinta transportadora e incluso escuchó un ruido muy fuerte que se imaginó que podía ser el del propio horno crematorio funcionando, la realidad es que cuando acudió a comisaría y los agentes le mostraron las fotos, pudo ver el cuerpo de su marido tirado en el suelo de terrazo blanco y negro, junto con un cartón en el que aparecía su nombre y la fecha de su fallecimiento.. Además de reconocer que los servicios funerarios fueron contratados directamente con Ignacio Morchón (hijo), responsable de la funeraria que también estaba presente en el momento de la incineración, María Covadonga, visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, reconoció que desde que vio las fotografías de su marido hace dos años, está reviviendo un duelo que ya fue muy duro en su momento.. Además, esta enfermera de cuidados paliativos, que incluso atendió a un familiar de Ignacio Morchón, aseguró que nadie tiene derecho a ser tratado de la forma en que lo fue su marido, informa Ical.. El llanto también afloró durante el testimonio de Fernando, que perdió a su madre en noviembre de 2012, y que reconoció que cuando se enteró por la prensa del presunto fraude, “volví a sentir mucho dolor”. En el mismo sentido se pronunció Ángela, que incineró a su padre en mayo de 2012: “sientes tristeza, rabia e impotencia al ver que han tratado a tu padre como un objeto, en lugar de hacerlo con la dignidad que merecía. Es como volver al duelo”.. Mientras tanto, Sonia, que en abril de 2019 dio el último adiós a su padre, remarcó que ahora entiende el “afán” del trabajador de El Salvador por la incineración cuando se acercó por la oficina de la funeraria para contratar el sepelio de su progenitor. “Sientes dolor e impotencia. No se puede acabar con la dignidad de una persona de esta manera”.. Otros testigos, como María Antonia, que incineró a su marido en 2004 y a su padre en 2008, explicó que cuando se enteró del presunto fraude es como “si me clavaran un puñal” y afirmó que lo peor de todo es que hasta “tienes dudas de quién serán las cenizas”. Gabriel, que incineró a su madre en abril de 2014, aseguró que si se confirman las sospechas, la forma de actuar de los responsables de la funeraria es “repugnante, mezquina y ruin».. «La posible indemnización que pueda recibir me da igual. El daño moral es irreparable», afirmaba.. A su vez, Alberto, que perdió a su esposa en febrero de 2013, reconoció que él no quiso ver las fotos cuando fue llamado por la Policía Nacional, algo que sí que hicieron sus hijos. “Mi esposa ya había pasado mucho antes de morir, y no se merecía esto”, remarcó.. El juicio continuará mañana con la declaración de más testigos por una causa en la que la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel.. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
«Sientes tristeza, rabia e impotencia al ver que han tratado a tu padre como un objeto, en lugar de hacerlo con la dignidad que merecía», declara uno de los testigos mientras que otro afirma que reconoció en unas fotos a su esposo tirado en un terrazo
Esta semana se ha reanudado el denominado «Caso ataúdes» en la Audiencia Provincial de Valladolid con la declaración de nuevos testigos que han vuelto a confirmar que en las fotos mostradas por los agentes de la Policía Nacional durante la investigación aparecen los cuerpos de sus seres queridos tirados en el suelo o en féretros diferentes en los que estuvieron durante los velatorios.. Uno de los testimonio más conmovedores fue el de María Covadonga, que octubre 2013 incineró a su marido. En su declaración, reconoció que aunque vio como se introducía el féretro a través de una especie de cinta transportadora e incluso escuchó un ruido muy fuerte que se imaginó que podía ser el del propio horno crematorio funcionando, la realidad es que cuando acudió a comisaría y los agentes le mostraron las fotos, pudo ver el cuerpo de su marido tirado en el suelo de terrazo blanco y negro, junto con un cartón en el que aparecía su nombre y la fecha de su fallecimiento.. Además de reconocer que los servicios funerarios fueron contratados directamente con Ignacio Morchón (hijo), responsable de la funeraria que también estaba presente en el momento de la incineración, María Covadonga, visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, reconoció que desde que vio las fotografías de su marido hace dos años, está reviviendo un duelo que ya fue muy duro en su momento.. Además, esta enfermera de cuidados paliativos, que incluso atendió a un familiar de Ignacio Morchón, aseguró que nadie tiene derecho a ser tratado de la forma en que lo fue su marido, informa Ical.. El llanto también afloró durante el testimonio de Fernando, que perdió a su madre en noviembre de 2012, y que reconoció que cuando se enteró por la prensa del presunto fraude, “volví a sentir mucho dolor”. En el mismo sentido se pronunció Ángela, que incineró a su padre en mayo de 2012: “sientes tristeza, rabia e impotencia al ver que han tratado a tu padre como un objeto, en lugar de hacerlo con la dignidad que merecía. Es como volver al duelo”.. Mientras tanto, Sonia, que en abril de 2019 dio el último adiós a su padre, remarcó que ahora entiende el “afán” del trabajador de El Salvador por la incineración cuando se acercó por la oficina de la funeraria para contratar el sepelio de su progenitor. “Sientes dolor e impotencia. No se puede acabar con la dignidad de una persona de esta manera”.. Otros testigos, como María Antonia, que incineró a su marido en 2004 y a su padre en 2008, explicó que cuando se enteró del presunto fraude es como “si me clavaran un puñal” y afirmó que lo peor de todo es que hasta “tienes dudas de quién serán las cenizas”. Gabriel, que incineró a su madre en abril de 2014, aseguró que si se confirman las sospechas, la forma de actuar de los responsables de la funeraria es “repugnante, mezquina y ruin».. «La posible indemnización que pueda recibir me da igual. El daño moral es irreparable», afirmaba.. A su vez, Alberto, que perdió a su esposa en febrero de 2013, reconoció que él no quiso ver las fotos cuando fue llamado por la Policía Nacional, algo que sí que hicieron sus hijos. “Mi esposa ya había pasado mucho antes de morir, y no se merecía esto”, remarcó.. El juicio continuará mañana con la declaración de más testigos por una causa en la que la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel.. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
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