Las dos hijas de Ignacio Morchón Alonso, Laura y María del Rosario, han asegurado hoy en una nueva jornada del «caso ataúdes» que se juzga en la Audiencia Provincial de Valladolid por el cambiazo de los ataúdes en el grupo funerario El Salvador de Valladolid, que su padre era el encargado de la gestión de la empresa y la compra de los féretros.. A preguntas solo de su abogado, ambas acusadas respondieron que él era el encargado de la toma de decisiones en la funeraria, incluso una vez jubilado. Solo, a raíz de su fallecimiento en 2022, los hermanos tuvieron que hacerse cargo del grupo, “al no quedar más remedio”.. Laura Morchón destacó, según ha recocogido Ical, que nunca llegó a desempeñar trabajos en el cementerio ni tuvo participación en la compra de féretros ni tampoco en la gestión del horno crematorio, además de no tener ninguna actividad relacionada con la contabilidad y las facturas.. Por su parte, María del Rosario apuntó que “lo normal” es que, en aquellos años, los servicios funerarios se abonaran en efectivo por lo que no le extrañó que la Policía encontrara en el registro de la residencia de sus padres una gran cantidad de dinero, cerca de 900.000 euros. “Mi padre siempre recogía todo el dinero en efectivo en las diferentes sedes de la funeraria. La empresa y él eran lo mismo por que tenía el poder y el mando y hacía y deshacía”, sentenció. Además, negó que El Salvador llevara a cabo la práctica ilícita del cambio de féretros y precisó que le extrañaba “muchísimo”.. La Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel.. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
Una de ellas, María del Rosario, afirma en el juicio que no le extrañó que la Policía encontrara en el registro de la residencia de sus padres cerca de 900.000 euros
Las dos hijas de Ignacio MorchónAlonso, Laura y María del Rosario, han asegurado hoy en una nueva jornada del «caso ataúdes» que se juzga en la Audiencia Provincial de Valladolid por el cambiazo de los ataúdes en el grupo funerario El Salvador de Valladolid, que su padre era el encargado de la gestión de la empresa y la compra de los féretros.. A preguntas solo de su abogado, ambas acusadas respondieron que él era el encargado de la toma de decisiones en la funeraria, incluso una vez jubilado. Solo, a raíz de su fallecimiento en 2022, los hermanos tuvieron que hacerse cargo del grupo, “al no quedar más remedio”.. Laura Morchón destacó, según ha recocogido Ical, que nunca llegó a desempeñar trabajos en el cementerio ni tuvo participación en la compra de féretros ni tampoco en la gestión del horno crematorio, además de no tener ninguna actividad relacionada con la contabilidad y las facturas.. Por su parte, María del Rosario apuntó que “lo normal” es que, en aquellos años, los servicios funerarios se abonaran en efectivo por lo que no le extrañó que la Policía encontrara en el registro de la residencia de sus padres una gran cantidad de dinero, cerca de 900.000 euros. “Mi padre siempre recogía todo el dinero en efectivo en las diferentes sedes de la funeraria. La empresa y él eran lo mismo por que tenía el poder y el mando y hacía y deshacía”, sentenció. Además, negó que El Salvador llevara a cabo la práctica ilícita del cambio de féretros y precisó que le extrañaba “muchísimo”.. La Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel.. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
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