La gestión de la Plaza de Toros de Zaragoza acaba de convertirse en un auténtico polvorín a las puertas del verano. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa este 30 de junio al anular, por segunda vez consecutiva, el concurso impulsado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para adjudicar el coso de la Misericordia. La resolución estima los recursos presentados por las empresas Tauroemoción y Nautalia Viajes, dejando a la institución en una posición insostenible: con el mes de julio encima, el proceso vuelve a la casilla de salida y la feria estrella de la temporada se queda en el limbo. Este nuevo varapalo judicial es la crónica de un desastre anunciado, ya que la Diputación ha tropezado dos veces exactamente con la misma piedra. El pasado mes de marzo, el Tribunal ya había tumbado el primer concurso por un defecto de forma en el planteamiento del contrato. Lejos de enmendar el error y escuchar las advertencias unánimes del sector taurino, la DPZ convocó otra licitación en mayo haciendo simples retoques estéticos a los papeles. Intentaron colar el contrato como un mero arrendamiento de un inmueble para saltarse las exigencias legales, pero el Tribunal ha sido tajante: cambiarle el nombre a las cosas no altera su verdadera esencia. En su contundente resolución, el órgano administrativo recuerda que la Misericordia solo puede usarse para dar toros, que las fechas del contrato coinciden al dedillo con San Jorge y el Pilar, y que nadie pagaría un dineral por la plaza si no fuera para explotarla taurinamente. Por mucho que la Diputación eliminara la obligación explícita de organizar ferias en los nuevos pliegos, el Tribunal insiste en que esa condición sigue ahí de forma implícita y que están ante un servicio público de manual. Al saltarse la Ley de Contratos del Sector Público, la DPZ ha metido al ciclo del Pilar en un callejón que empieza a no tener salida. La patata caliente está ahora sobre el tejado de la Diputación, que se enfrenta a una auténtica carrera contra el reloj. Quedan poco más de tres meses para que llegue octubre y montar una feria de la categoría de Zaragoza no es algo que se pueda improvisar de la noche a la mañana. Contratar a las figuras del escalafón con las agendas ya cerradas, reseñar las corridas en el campo, tramitar permisos, activar la maquinaria de marketing y poner los abonos a la venta requiere un tiempo precioso que la burocracia se ha tragado por completo tras estas dos anulaciones. Como era de esperar, el terremoto administrativo ha desatado una tormenta política mayúscula en la capital aragonesa. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha salido a la palestra con unas declaraciones durísimas en redes sociales, culpando directamente a la gestión del PSOE al frente de la Diputación de poner en serio peligro las fiestas más emblemáticas de la ciudad. Chueca ha calificado la situación de lamentable y
El Tribunal de Contratos pone al descubierto la trampa del nuevo pliego y la alcaldesa ofrece al Ayuntamiento para rescatar los toros y las vaquillas de octubre
La gestión de la Plaza de Toros de Zaragoza acaba de convertirse en un auténtico polvorín a las puertas del verano. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa este 30 de junio al anular, por segunda vez consecutiva, el concurso impulsado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para adjudicar el coso de la Misericordia. La resolución estima los recursos presentados por las empresas Tauroemoción y Nautalia Viajes, dejando a la institución en una posición insostenible: con el mes de julio encima, el proceso vuelve a la casilla de salida y la feria estrella de la temporada se queda en el limbo.Este nuevo varapalo judicial es la crónica de un desastre anunciado, ya que la Diputación ha tropezado dos veces exactamente con la misma piedra. El pasado mes de marzo, el Tribunal ya había tumbado el primer concurso por un defecto de forma en el planteamiento del contrato. Lejos de enmendar el error y escuchar las advertencias unánimes del sector taurino, la DPZ convocó otra licitación en mayo haciendo simples retoques estéticos a los papeles. Intentaron colar el contrato como un mero arrendamiento de un inmueble para saltarse las exigencias legales, pero el Tribunal ha sido tajante: cambiarle el nombre a las cosas no altera su verdadera esencia.En su contundente resolución, el órgano administrativo recuerda que la Misericordia solo puede usarse para dar toros, que las fechas del contrato coinciden al dedillo con San Jorge y el Pilar, y que nadie pagaría un dineral por la plaza si no fuera para explotarla taurinamente. Por mucho que la Diputación eliminara la obligación explícita de organizar ferias en los nuevos pliegos, el Tribunal insiste en que esa condición sigue ahí de forma implícita y que están ante un servicio público de manual. Al saltarse la Ley de Contratos del Sector Público, la DPZ ha metido al ciclo del Pilar en un callejón que empieza a no tener salida.La patata caliente está ahora sobre el tejado de la Diputación, que se enfrenta a una auténtica carrera contra el reloj. Quedan poco más de tres meses para que llegue octubre y montar una feria de la categoría de Zaragoza no es algo que se pueda improvisar de la noche a la mañana. Contratar a las figuras del escalafón con las agendas ya cerradas, reseñar las corridas en el campo, tramitar permisos, activar la maquinaria de marketing y poner los abonos a la venta requiere un tiempo precioso que la burocracia se ha tragado por completo tras estas dos anulaciones.Como era de esperar, el terremoto administrativo ha desatado una tormenta política mayúscula en la capital aragonesa. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha salido a la palestra con unas declaraciones durísimas en redes sociales, culpando directamente a la gestión del PSOE al frente de la Diputación de poner en serio peligro las fiestas más emblemáticas de la ciudad. Chueca ha calificado la situación de lamentable y ha
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