El Gobierno boliviano expulsó hoy a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, al considerar como una «injerencia» las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre las protestas de sindicatos, organizaciones sociales y sectores afines a Evo Morales que se registran en las últimas semanas en Bolivia.. «La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados», indicó este miércoles la Cancillería boliviana en un comunicado en el que matizó que la expulsión de la embajadora colombiana «no constituye ruptura de relaciones diplomáticas» con Colombia. Petro, por su parte, consideró que la salida de la diplomática responde a que el Gobierno boliviano del presidente Rodrigo Paz está «pasando a extremismos».. La expulsión de la embajadora y la consiguiente respuesta de Petro llegan después de que el presidente colombiano afirmara el domingo que Bolivia vive una «insurrección popular» que, a su juicio, es una «respuesta a la soberbia geopolítica» frente las protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del presidente Paz.. Petro ofreció ese día la disposición de su Gobierno, que termina el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis, pidió que «no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas» y llamó a construir una «democracia profunda, multicolor» en la región. «Si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase», dijo este miércoles Petro en una cadena de radio.. Y añadió: «Lo que sabemos que pasa en Bolivia, hasta este momento, es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un Gobierno que está cuestionado por ese pueblo». El presidente colombiano dijo que Bolivia necesita que «se abra un gran diálogo nacional» para solucionar los conflictos o podría haber «una masacre sobre la población boliviana que ningún ser humano en el mundo debe querer ni desear».. La Cancillería de Bolivia insistió en que la expulsión de la embajadora no afecta a «los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos y Estados». Sin embargo, consideró «indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente». El país vive desde hace 15 días una serie de protestas con bloqueos de carreteras que han ocasionado escasez de algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.. La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y cortes de vías que demandan la renuncia del presidente Paz, quien apenas lleva seis meses de gestión.
El Gobierno boliviano expulsó hoy a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, al considerar como una «injerencia» las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre las protestas de sindicatos, organizaciones sociales y sectores afines a Evo Morales que se registran en las últimas semanas en Bolivia.. «La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados», indicó este miércoles la Cancillería boliviana en un comunicado en el que matizó que la expulsión de la embajadora colombiana «no constituye ruptura de relaciones diplomáticas» con Colombia. Petro, por su parte, consideró que la salida de la diplomática responde a que el Gobierno boliviano del presidente Rodrigo Paz está «pasando a extremismos».. La expulsión de la embajadora y la consiguiente respuesta de Petro llegan después de que el presidente colombiano afirmara el domingo que Bolivia vive una «insurrección popular» que, a su juicio, es una «respuesta a la soberbia geopolítica» frente las protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del presidente Paz.. Una salida pacífica. Petro ofreció ese día la disposición de su Gobierno, que termina el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis, pidió que «no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas» y llamó a construir una «democracia profunda, multicolor» en la región. «Si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase», dijo este miércoles Petro en una cadena de radio.. Y añadió: «Lo que sabemos que pasa en Bolivia, hasta este momento, es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un Gobierno que está cuestionado por ese pueblo». El presidente colombiano dijo que Bolivia necesita que «se abra un gran diálogo nacional» para solucionar los conflictos o podría haber «una masacre sobre la población boliviana que ningún ser humano en el mundo debe querer ni desear».. La Cancillería de Bolivia insistió en que la expulsión de la embajadora no afecta a «los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos y Estados». Sin embargo, consideró «indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente». El país vive desde hace 15 días una serie de protestas con bloqueos de carreteras que han ocasionado escasez de algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.. La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y cortes de vías que demandan la renuncia del presidente Paz, quien apenas lleva seis meses de gestión.
El Gobierno considera que ha vulnerado el principio de «no injerencia en asuntos internos»
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