En torno a las diez de la mañana del pasado jueves, los abogados de las exclarisas de Belorado entregaban las llaves del convento a la comisión judicial encargada de materializar el desahucio más mediático de la reciente historia de España. A priori, con este gesto pareciera darse por terminado el serial cismático que protagonizó este grupo de monjas venido a menos cuando decidieron romper con la Iglesia católica, a priori por un arraigo ideológico preconciliar, pero que, tras de sí, bajo la alfombra ocultaba una pseudotrama inmobiliaria.. Lo cierto es que el serial judicial no se cierra con la ejecución de la sentencia que expulsa a las siete inquilinas que conforman el grupo cismático. El «spin-off» de Belorado tiene otros tantos flecos jurídicos por resolver. Incluso alguno más que podría abrirse.. Por un lado, las propias exmonjas díscolas amenazan con una vuelta, más tarde o más temprano, a Belorado, puesto que confían en que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación que han presentado. Sería la primera vez, dentro de toda esta batalla, que logran poner a un magistrado de su lado. En paralelo, quedan por resolver los dos procesos de desahucio abiertos por los otros conventos vinculados a la comunidad: Orduña y Derio. Según ha podido saber LA RAZÓN, contando precisamente con los recursos que puedan interponer las clarisas díscolas, en un año podrían estar resueltos.. Además, en manos de la Oficina del Comisario Pontificio, la entidad creada por la Iglesia católica para abordar todas las aristas de este caso, tiene en sus manos decidir en estos días si emprenden acciones legales contra las «okupas» de Belorado por el estado en el que han dejado las instalaciones. Si ellas habían gritado a los cuatro vientos que habían limpiado hasta la extenuación los cerca de 3.000 metros cuadrados del recinto con sus más de 30 habitación, el registro realizado por la comisión judicial y los representantes eclesiales han dejado al descubierto algo más que suciedad en los espacios. A través de fotografías, se ha confirmado la presencia de una madriguera de ratones que se movían a sus anchas por el edificio, además de la falta de higiene en aseos, cocinas y alacenas. A cambio, lo que sí que han limpiado han sido todos los armarios de la capilla, donde no queda una sola casulla ni un ornamento litúrgico. También se habrían llevado multitud de muebles así como electrodomésticos de hostelería.. Con este panorama, el equipo del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, tiene en sus manos decidir si dan un paso al frente para denunciarlas por la vía civil, ante desperfectos de gravedad causados por el uso, o apostar por vía penal, si pueden demostrar que hay destrozos realizados a propósito y faltan objetos relevantes.. Gastos múltiples. De la misma manera, está en el tejado del comisario pontificio si deciden emprender acciones legales contra los gastos de cerca de 13.600 euros mensuales que las ex clarisas han generado en recibos, nóminas y deudas durante los casi dos años en los que han «okupado» el convento. Una auditoría eclesial desveló que solo en un mes las facturas de luz y gas llegaban a superar los 4.600 euros.. Al margen de esta cuestión, las cismáticas tienen unas cuantas visitas pendientes a los tribunales. El juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao las investiga por supuestas autoras de delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal. El trato dispensado a las cinco monjas mayores, una de ellas fallecidas, cuando estaban bajo su cuidado es lo que se está examinando ahora mismo, después de que en diciembre una comisión judicial decidiera sacarlas del convento debido al estado en las que se las encontraron. Todas fueron enviadas al hospital de Basurto para someterse a un chequeo y tres tuvieron que quedarse ingresadas varios días. Mientras la ex abadesa tacha de «infamias» las acusaciones, quienes acompañaron a las monjas veteranas esos días certificaron a este periódico que estaban «desatendidas».. En paralelo, sigue abierto el caso contra una presunta venta fraudulenta de obras de arte que en noviembre llevó a la Guardia Civil hasta Belorado y Orduña y que, precisamente, permitió descubrir el estado de las ancianas. Actualmente la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, su compañera sor Paloma y un anticuario de León, están acusados de presuntos delitos de apropiación indebida agravada y receptación. Hasta treinta piezas recuperó la Benemérita durante el registro realizado. Entre el botín, se encuentra una escultura de San Antonio de Padua del siglo XVII. Las penas de prisión para este tipo de delitos se mueven entre uno y seis años, junto a multa de seis a doce meses.. También está sin resolver en el Juzgado de Primera Instancia de Briviesca la investigación por la responsabilidad del grupo cismático en la presunta compraventa ilegal de 1,7 kilos de oro en enero de 2024. La lideresa de la comunidad excomulgada habría recibido un total de 130.000 euros por desprender de unos lingotes que habría vendido como si fueran suyos a un establecimiento burgalés, cuando en realidad pertenecerían a la comunidad auténtica, esto es, a la Iglesia católica. La Policía solicitó a la empresa compradora que no realizara ninguna operación con los bienes adquiridos hasta que se acreditara la titularidad legítima del oro. Es el juzgado de Briviesca el que una vez más tiene en sus manos un expediente con sor Isabel de la Trinidad como protagonista por un presunto delito de apropiación indebida.. La pensión fantasma. Otro de los aspectos más opacos en los que se han visto involucrados las rebeldes ha sido el presunto fraude por parte de la comunidad por el que las religiosas habrían estado cobrando la pensión de una monja fallecida. La Seguridad Social notificó al arzobispado de Burgos su solicitud de devolución de un subsidio abonado indebidamente en las cuentas del Monasterio de Santa Clara de Belorado. La paga corresponde a una religiosa fallecida en abril de 2022, pero los pagos se mantuvieron hasta enero de 2024.. Lo que sí parece resuelto, porque tuvo que asumirlo una vez más el comisariado pontificio, es el pago de la multa de 3.001 euros por la multa de la Junta de Castilla y León a la comunidad por contar con un criadero de perros de raza que no contaba con los permisos correspondientes, incluida la licencia de núcleo zoológico.
Tras el desahucio, las ex monjas se enfrentan a procesos judiciales por presunta venta ilegal de oro y obras de arte, y maltrato a las ancianas
En torno a las diez de la mañana del pasado jueves, los abogados de las exclarisas de Belorado entregaban las llaves del convento a la comisión judicial encargada de materializar el desahucio más mediático de la reciente historia de España. A priori, con este gesto pareciera darse por terminado el serial cismático que protagonizó este grupo de monjas venido a menos cuando decidieron romper con la Iglesia católica, a priori por un arraigo ideológico preconciliar, pero que, tras de sí, bajo la alfombra ocultaba una pseudotrama inmobiliaria.. Lo cierto es que el serial judicial no se cierra con la ejecución de la sentencia que expulsa a las siete inquilinas que conforman el grupo cismático. El «spin-off» de Belorado tiene otros tantos flecos jurídicos por resolver. Incluso alguno más que podría abrirse.. Por un lado, las propias exmonjas díscolas amenazan con una vuelta, más tarde o más temprano, a Belorado, puesto que confían en que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación que han presentado. Sería la primera vez, dentro de toda esta batalla, que logran poner a un magistrado de su lado. En paralelo, quedan por resolver los dos procesos de desahucio abiertos por los otros conventos vinculados a la comunidad: Orduña y Derio. Según ha podido saber LA RAZÓN, contando precisamente con los recursos que puedan interponer las clarisas díscolas, en un año podrían estar resueltos.. Además, en manos de la Oficina del Comisario Pontificio, la entidad creada por la Iglesia católica para abordar todas las aristas de este caso, tiene en sus manos decidir en estos días si emprenden acciones legales contra las «okupas» de Belorado por el estado en el que han dejado las instalaciones. Si ellas habían gritado a los cuatro vientos que habían limpiado hasta la extenuación los cerca de 3.000 metros cuadrados del recinto con sus más de 30 habitación, el registro realizado por la comisión judicial y los representantes eclesiales han dejado al descubierto algo más que suciedad en los espacios. A través de fotografías, se ha confirmado la presencia de una madriguera de ratones que se movían a sus anchas por el edificio, además de la falta de higiene en aseos, cocinas y alacenas. A cambio, lo que sí que han limpiado han sido todos los armarios de la capilla, donde no queda una sola casulla ni un ornamento litúrgico. También se habrían llevado multitud de muebles así como electrodomésticos de hostelería.. Con este panorama, el equipo del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, tiene en sus manos decidir si dan un paso al frente para denunciarlas por la vía civil, ante desperfectos de gravedad causados por el uso, o apostar por vía penal, si pueden demostrar que hay destrozos realizados a propósito y faltan objetos relevantes.. Gastos múltiples. De la misma manera, está en el tejado del comisario pontificio si deciden emprender acciones legales contra los gastos de cerca de 13.600 euros mensuales que las ex clarisas han generado en recibos, nóminas y deudas durante los casi dos años en los que han «okupado» el convento. Una auditoría eclesial desveló que solo en un mes las facturas de luz y gas llegaban a superar los 4.600 euros.. Al margen de esta cuestión, las cismáticas tienen unas cuantas visitas pendientes a los tribunales. El juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao las investiga por supuestas autoras de delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal. El trato dispensado a las cinco monjas mayores, una de ellas fallecidas, cuando estaban bajo su cuidado es lo que se está examinando ahora mismo, después de que en diciembre una comisión judicial decidiera sacarlas del convento debido al estado en las que se las encontraron. Todas fueron enviadas al hospital de Basurto para someterse a un chequeo y tres tuvieron que quedarse ingresadas varios días. Mientras la ex abadesa tacha de «infamias» las acusaciones, quienes acompañaron a las monjas veteranas esos días certificaron a este periódico que estaban «desatendidas».. En paralelo, sigue abierto el caso contra una presunta venta fraudulenta de obras de arte que en noviembre llevó a la Guardia Civil hasta Belorado y Orduña y que, precisamente, permitió descubrir el estado de las ancianas. Actualmente la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, su compañera sor Paloma y un anticuario de León, están acusados de presuntos delitos de apropiación indebida agravada y receptación. Hasta treinta piezas recuperó la Benemérita durante el registro realizado. Entre el botín, se encuentra una escultura de San Antonio de Padua del siglo XVII. Las penas de prisión para este tipo de delitos se mueven entre uno y seis años, junto a multa de seis a doce meses.. También está sin resolver en el Juzgado de Primera Instancia de Briviesca la investigación por la responsabilidad del grupo cismático en la presunta compraventa ilegal de 1,7 kilos de oro en enero de 2024. La lideresa de la comunidad excomulgada habría recibido un total de 130.000 euros por desprender de unos lingotes que habría vendido como si fueran suyos a un establecimiento burgalés, cuando en realidad pertenecerían a la comunidad auténtica, esto es, a la Iglesia católica. La Policía solicitó a la empresa compradora que no realizara ninguna operación con los bienes adquiridos hasta que se acreditara la titularidad legítima del oro. Es el juzgado de Briviesca el que una vez más tiene en sus manos un expediente con sor Isabel de la Trinidad como protagonista por un presunto delito de apropiación indebida.. La pensión fantasma. Otro de los aspectos más opacos en los que se han visto involucrados las rebeldes ha sido el presunto fraude por parte de la comunidad por el que las religiosas habrían estado cobrando la pensión de una monja fallecida. La Seguridad Social notificó al arzobispado de Burgos su solicitud de devolución de un subsidio abonado indebidamente en las cuentas del Monasterio de Santa Clara de Belorado. La paga corresponde a una religiosa fallecida en abril de 2022, pero los pagos se mantuvieron hasta enero de 2024.. Lo que sí parece resuelto, porque tuvo que asumirlo una vez más el comisariado pontificio, es el pago de la multa de 3.001 euros por la multa de la Junta de Castilla y León a la comunidad por contar con un criadero de perros de raza que no contaba con los permisos correspondientes, incluida la licencia de núcleo zoológico.
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