Alicante ha aprobado hoy, en el pleno ordinario del mes de enero, la propuesta de adhesión al convenio de la Generalitat, según el cual podrá multar a los pisos de alquiler turístico considerados ilegales. La propuesta para incoar, tramitar y resolver infracciones en materia de viviendas de uso turístico, conocidas como VUT, ha salido adelante con 25 votos a favor de PP, Vox y PSOE y 3 abstenciones de Compromís y EU.. Al aprobar este trámite, el Gobierno Local podrá emprender procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves o muy graves. Según el Gobierno Local, esta medida se toma por la implantación masiva de las viviendas turísticas que “ha hecho que este fenómeno se convierta en prioritario”, según el vicealcalde, Manuel Villar.. Antes de asumir las competencias para sancionar, el Gobierno Local ya aprobó una moratoria en la concesión de licencias a los apartamentos turísticos por un periodo de dos años.. Ahora se da un paso al frente, dado que el Ayuntamiento podrá sancionar, algo que “se revela como instrumento más idóneo, porque permite compartir medios personales y materiales a las administraciones implicadas, a la vez que reduce coste en el ejercicio de las competencias de cada una de ellas”.. Por cinco años. La adhesión a este convenio se establece con un horizonte temporal inicial de cinco años y viene refrendada por un informe favorable del Servicio de Economía y Hacienda sobre estabilidad presupuestaria e informe del Servicio Jurídico municipal que certifica que “no existe inconveniente legal para la tramitación y aprobación del convenio que se propone”.. Asimismo, otro informe del departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles, de la concejalía de Urbanismo, evalúa la situación actual del departamento y la carga de trabajo, el impacto que supondría la asunción de las nuevas competencias, la necesidad de personal de nueva incorporación y una previsión del impacto económico en el presupuesto municipal de ingresos y de gastos.. Este informe habla de un incremento de la carga de trabajo del 20%, un impacto presupuestario en ingresos de 8,8 millones en cinco años y un impacto nulo en gastos, ya que el personal a incorporar al departamento no supone incremento de la plantilla presupuestaria, sino redistribución del personal ya existente y/o pendiente de incorporar a los procesos selectivos en marcha.
Prevé ingresar 8,8 millones en cinco años por estas sanciones
Alicante ha aprobado hoy, en el pleno ordinario del mes de enero, la propuesta de adhesión al convenio de la Generalitat, según el cual podrá multar a los pisos de alquiler turístico considerados ilegales. La propuesta para incoar, tramitar y resolver infracciones en materia de viviendas de uso turístico, conocidas como VUT, ha salido adelante con 25 votos a favor de PP, Vox y PSOE y 3 abstenciones de Compromís y EU.. Al aprobar este trámite, el Gobierno Local podrá emprender procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves o muy graves. Según el Gobierno Local, esta medida se toma por la implantación masiva de las viviendas turísticas que “ha hecho que este fenómeno se convierta en prioritario”, según el vicealcalde, Manuel Villar.. Antes de asumir las competencias para sancionar, el Gobierno Local ya aprobó una moratoria en la concesión de licencias a los apartamentos turísticos por un periodo de dos años.. Ahora se da un paso al frente, dado que el Ayuntamiento podrá sancionar, algo que “se revela como instrumento más idóneo, porque permite compartir medios personales y materiales a las administraciones implicadas, a la vez que reduce coste en el ejercicio de las competencias de cada una de ellas”.. Por cinco años. La adhesión a este convenio se establece con un horizonte temporal inicial de cinco años y viene refrendada por un informe favorable del Servicio de Economía y Hacienda sobre estabilidad presupuestaria e informe del Servicio Jurídico municipal que certifica que “no existe inconveniente legal para la tramitación y aprobación del convenio que se propone”.. Asimismo, otro informe del departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles, de la concejalía de Urbanismo, evalúa la situación actual del departamento y la carga de trabajo, el impacto que supondría la asunción de las nuevas competencias, la necesidad de personal de nueva incorporación y una previsión del impacto económico en el presupuesto municipal de ingresos y de gastos.. Este informe habla de un incremento de la carga de trabajo del 20%, un impacto presupuestario en ingresos de 8,8 millones en cinco años y un impacto nulo en gastos, ya que el personal a incorporar al departamento no supone incremento de la plantilla presupuestaria, sino redistribución del personal ya existente y/o pendiente de incorporar a los procesos selectivos en marcha.
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