Tras el gravísimo accidente ferroviario en Urda (Toledo), que deja un saldo de 69 fallecidos y más de 200 heridos, el Consejo de Ministros aprobó un decreto de ayudas para los afectados por la tragedia, donde se establecen las indemnizaciones y un mecanismo especial para abonar estas de forma anticipada. En concreto, las indemnizaciones duplican las que establece el seguro obligatorio de viajeros, por lo que podrían rondar los 216.000 euros para los familiares de los fallecidos tras el impacto de dos trenes de alta velocidad en la localidad el pasado 28 de octubre.. Reclamar estas ayudas para las familias de las víctimas y los heridos, además de doloroso, es un proceso complejo que requiere en muchas ocasiones de ayuda profesional. El abogado Miguel Bianquetti Rodríguez, del bufete Accidentalex, que representa a víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, lamenta que muchos afectados se sienten perdidos a la hora de afrontar procesos burocráticos y administrativos de tal complejidad. «Esperan recibir información de las instituciones y eso no siempre ocurre», apunta Bianquetti, y apunta que «nadie debería tener que averiguar solo qué trámites existen».. El Real Decreto-ley 32/2026 prevé oficinas de atención y permite a las Administraciones compartir los datos necesarios para localizar a las víctimas. No obstante, el abogado de Accidentalex, recomienda no depender de esa llamada. «Saber qué vías existen, permite decidir con calma cuándo y cómo dar el paso». Desde su experiencia ante grandes catástrofes, Bianquetti envía un mensaje de tranquilidad a familiares y afectados y advierte de que «lo importante es no tomar decisiones precipitadas sin conocer antes todas las opciones». «No hace falta resolverlo todo hoy», apostilla. Un primer paso, aconseja, es guardar la documentación: el justificante del viaje, los informes médicos, los partes de baja y las facturas. En caso de fallecimiento, también el certificado de defunción y los documentos que acrediten el parentesco o la convivencia.. El abogado de Accidentalex explica a continuación, las diferentes indemnizaciones a las que pueden acceder los afectados y cómo solicitarlas. Primera vía: la ayuda del Gobierno. El Real Decreto-ley 32/2026, publicado en el BOE el 4 de noviembre, regula esta ayuda. Es compatible con las indemnizaciones de los seguros y está exenta de IRPF.. -Importe por fallecimiento: 72.121,46 euros por persona fallecida, que se reparten entre los beneficiarios.. -Importe por lesiones: entre 2.404,04 y 84.141,70 euros, según la categoría de la lesión.. Anticipo: puede pedirse además un anticipo de la responsabilidad civil por el mismo importe. El Estado cobrará después esa parte de la indemnización, y la víctima no devuelve la diferencia si esta fuera menor.. Plazo: tres meses desde que se publique la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes que fije el procedimiento. Conviene estar atentos a esa publicación.. En caso de fallecimiento, la norma establece un orden. Primero están el cónyuge o la pareja que cumpla los requisitos y los hijos. A falta de ellos, los padres; después, los abuelos y, por último, los hermanos.. Las oficinas de atención de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno ayudarán a presentar la solicitud. Quien no pueda desplazarse podrá ser atendido en su domicilio.. La mejora de las bajas y pensiones de Seguridad Social derivadas del accidente es distinta y se aplica sin necesidad de solicitarla. En las bajas, afecta a las iniciadas antes del 30 de noviembre de 2026.. Segunda vía: el Seguro Obligatorio de Viajeros. El Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) es independiente de la ayuda del Gobierno y cubre a los pasajeros sin necesidad de demostrar culpa. Sus cuantías están tasadas: 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404,04 y 84.141,70 euros por lesiones.. La reclamación se dirige a la aseguradora del tren en el que viajaba la víctima. Por eso conviene conservar el billete, el correo de la reserva o el cargo bancario. El AVE 2080 era de Renfe Viajeros y el tren 6076, de Iryo.. Cobrar el SOV no impide reclamar después la responsabilidad civil, que repara el daño de forma íntegra y normalmente supera esas cifras. Antes de firmar cualquier documento de una aseguradora, conviene leerlo con calma y consultarlo con un profesional independiente.. Los 72.000 euros no son la indemnización completa. Los 72.121,46 euros de los que se habla corresponden al SOV y a la ayuda del Gobierno, cada uno por esa cantidad. No son la indemnización por responsabilidad civil.. La responsabilidad civil es una indemnización independiente y, en muchas ocasiones, muy superior. Depende de cada caso: de las lesiones y secuelas, de la edad, de la relación con la víctima o de la pérdida de ingresos.. El anticipo previsto en el decreto tampoco la sustituye. Es solo un adelanto a cuenta de esa indemnización, y lo que esta supere del anticipo corresponde a la víctima.. Tercera vía: la causa penal. La investigación corresponde a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, plaza n.º 2. Las actuaciones están bajo secreto, por lo que, de momento, las partes personadas no pueden ver lo investigado.. Hay que recordar que la investigación avanza aunque la familia no se persone. Quien se persona como acusación particular puede participar en el procedimiento, pedir que se depuren las responsabilidades penales y reclamar en él la responsabilidad civil. Para ello hacen falta abogado y procurador.. Este procedimiento puede durar años. En Adamuz, la aseguradora fue poniendo cantidades a disposición de las víctimas antes de que hubiera sentencia. Aún no se sabe si en Urda ocurrirá lo mismo.
Miguel Bianquetti, de Accidentalex, advierte de que «lo importante es no tomar decisiones precipitadas» y aconseja «no depender» de las llamadas de las instituciones
Tras el gravísimo accidente ferroviario en Urda (Toledo), que deja un saldo de 69 fallecidos y más de 200 heridos, el Consejo de Ministros aprobó un decreto de ayudas para los afectados por la tragedia, donde se establecen las indemnizaciones y un mecanismo especial para abonar estas de forma anticipada. En concreto, las indemnizaciones duplican las que establece el seguro obligatorio de viajeros, por lo que podrían rondar los 216.000 euros para los familiares de los fallecidos tras el impacto de dos trenes de alta velocidad en la localidad el pasado 28 de octubre.. Reclamar estas ayudas para las familias de las víctimas y los heridos, además de doloroso, es un proceso complejo que requiere en muchas ocasiones de ayuda profesional. El abogado Miguel Bianquetti Rodríguez, del bufete Accidentalex, que representa a víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, lamenta que muchos afectados se sienten perdidos a la hora de afrontar procesos burocráticos y administrativos de tal complejidad. «Esperan recibir información de las instituciones y eso no siempre ocurre», apunta Bianquetti, y apunta que «nadie debería tener que averiguar solo qué trámites existen».. El Real Decreto-ley 32/2026 prevé oficinas de atención y permite a las Administraciones compartir los datos necesarios para localizar a las víctimas. No obstante, el abogado de Accidentalex, recomienda no depender de esa llamada. «Saber qué vías existen, permite decidir con calma cuándo y cómo dar el paso». Desde su experiencia ante grandes catástrofes, Bianquetti envía un mensaje de tranquilidad a familiares y afectados y advierte de que «lo importante es no tomar decisiones precipitadas sin conocer antes todas las opciones». «No hace falta resolverlo todo hoy», apostilla. Un primer paso, aconseja, es guardar la documentación: el justificante del viaje, los informes médicos, los partes de baja y las facturas. En caso de fallecimiento, también el certificado de defunción y los documentos que acrediten el parentesco o la convivencia.. El abogado de Accidentalex explica a continuación, las diferentes indemnizaciones a las que pueden acceder los afectados y cómo solicitarlas. Primera vía: la ayuda del Gobierno. El Real Decreto-ley 32/2026, publicado en el BOE el 4 de noviembre, regula esta ayuda. Es compatible con las indemnizaciones de los seguros y está exenta de IRPF.. -Importe por fallecimiento: 72.121,46 euros por persona fallecida, que se reparten entre los beneficiarios.. -Importe por lesiones: entre 2.404,04 y 84.141,70 euros, según la categoría de la lesión.. Anticipo: puede pedirse además un anticipo de la responsabilidad civil por el mismo importe. El Estado cobrará después esa parte de la indemnización, y la víctima no devuelve la diferencia si esta fuera menor.. Plazo: tres meses desde que se publique la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes que fije el procedimiento. Conviene estar atentos a esa publicación.. En caso de fallecimiento, la norma establece un orden. Primero están el cónyuge o la pareja que cumpla los requisitos y los hijos. A falta de ellos, los padres; después, los abuelos y, por último, los hermanos.. Las oficinas de atención de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno ayudarán a presentar la solicitud. Quien no pueda desplazarse podrá ser atendido en su domicilio.. La mejora de las bajas y pensiones de Seguridad Social derivadas del accidente es distinta y se aplica sin necesidad de solicitarla. En las bajas, afecta a las iniciadas antes del 30 de noviembre de 2026.. Segunda vía: el Seguro Obligatorio de Viajeros. El Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) es independiente de la ayuda del Gobierno y cubre a los pasajeros sin necesidad de demostrar culpa. Sus cuantías están tasadas: 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404,04 y 84.141,70 euros por lesiones.. La reclamación se dirige a la aseguradora del tren en el que viajaba la víctima. Por eso conviene conservar el billete, el correo de la reserva o el cargo bancario. El AVE 2080 era de Renfe Viajeros y el tren 6076, de Iryo.. Cobrar el SOV no impide reclamar después la responsabilidad civil, que repara el daño de forma íntegra y normalmente supera esas cifras. Antes de firmar cualquier documento de una aseguradora, conviene leerlo con calma y consultarlo con un profesional independiente.. Los 72.000 euros no son la indemnización completa. Los 72.121,46 euros de los que se habla corresponden al SOV y a la ayuda del Gobierno, cada uno por esa cantidad. No son la indemnización por responsabilidad civil.. La responsabilidad civil es una indemnización independiente y, en muchas ocasiones, muy superior. Depende de cada caso: de las lesiones y secuelas, de la edad, de la relación con la víctima o de la pérdida de ingresos.. El anticipo previsto en el decreto tampoco la sustituye. Es solo un adelanto a cuenta de esa indemnización, y lo que esta supere del anticipo corresponde a la víctima.. Tercera vía: la causa penal. La investigación corresponde a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, plaza n.º 2. Las actuaciones están bajo secreto, por lo que, de momento, las partes personadas no pueden ver lo investigado.. Hay que recordar que la investigación avanza aunque la familia no se persone. Quien se persona como acusación particular puede participar en el procedimiento, pedir que se depuren las responsabilidades penales y reclamar en él la responsabilidad civil. Para ello hacen falta abogado y procurador.. Este procedimiento puede durar años. En Adamuz, la aseguradora fue poniendo cantidades a disposición de las víctimas antes de que hubiera sentencia. Aún no se sabe si en Urda ocurrirá lo mismo.
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