El contraste no puede ser mayor. Mientras el Gobierno central avanza con rapidez en la transferencia de la AP-68 a Navarra, Galicia permanece estancada en su histórica reivindicación de gestionar la AP-9, su arteria principal que vertebra la región de norte a sur. A la sensación de agravio político se suma durante estas fechas un gravamen económico: viajar por la AP-9 volverá a ser más caro en 2026, en plena investigación de la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión hasta 2048, considerada ilegal por Bruselas.. La combinación de bloqueo institucional y peajes al alza refuerza, según la Xunta, la percepción de “trato discriminatorio” hacia Galicia por parte del Gobierno central. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, denunciaba ayer que, mientras Navarra recibe el traspaso de su tramo de la AP-68 y Cataluña obtiene la cesión de competencias sobre las oposiciones para habilitados nacionales, Galicia continúa sin un solo avance formal en la transferencia de la AP-9, pese a las reiteradas peticiones del Parlamento gallego y del Ejecutivo autonómico.. Subida de peajes. En este marco, el 2026 se prevé aún más duro para los usuarios de la AP-9. Los peajes crecerán un 5% respecto a los precios de este 2025. La subida se explica por la inflación prevista, a la que se suma el canon anual que Audasa sigue percibiendo por las obras de ampliación de Rande y de los accesos de Santiago, ejecutadas hace ya una década. Un incremento que ha resultado mayor gracias al habitual redondeo al alza.. Se trata de un nuevo golpe al bolsillo de los gallegos, que acumulan años de incrementos consecutivos y soportan algunos de los peajes más altos del Estado, mientras la concesión permanece bajo investigación europea por su extensión hasta 2048.. De acuerdo a esta última subida, a partir de 2026 viajar de A Coruña a Vigo (apenas 150 kilómetros de trayecto) costará 21,5 € (frente a 20,45 € en 2025); mientras que hacerlo de Ferrol a Tui, partida y final de la autopista, se elevará por encima de los 28 euros. De este modo, todos los trayectos principales encarecen su precio, subrayando la paradoja: los gallegos pagan la autopista, pero Galicia no decide sobre ella.. Dos comunidades, dos velocidades. En este marco, el Gobierno de Navarra y el Ejecutivo central han alcanzado esta semana un acuerdo para transferir la titularidad de la AP-68 y los servicios asociados. El Gobierno foral celebra que el pacto fortalece su autogobierno y complete su red viaria, de la que la AP-68 era la única excepción restante.. En Galicia, en cambio, la situación es muy diferente. La AP-9 continúa sin ser debatida en el Congreso, pese a las reiteradas solicitudes. La Xunta denuncia que ni siquiera ha recibido la información solicitada sobre las alegaciones que España envió a la Comisión Europea en relación con la prórroga de la concesión de Audasa, bajo investigación desde 2023.. “No sabemos nada sobre la situación de la AP-9, pero sí sabemos que con otras comunidades se negocia y se cede”, lamenta Calvo, acusando al Gobierno de “hacer lo que sea” por determinados acuerdos parlamentarios mientras Galicia queda relegada .. La AP-9, símbolo del agravio. Bajo este prisma, la AP-9 comienza a ser algo más que una infraestructura clave: es un símbolo político y económico. Más de 100.000 vehículos diarios circulan por algunos de sus tramos. Afecta al transporte, a la logística, a la automoción, a la movilidad laboral y al día a día de millones de ciudadanos.. Por este motivo, el bloqueo del traspaso genera un creciente malestar. Galicia no decide sobre las tarifas que cada año encarecen la vida de miles de familias, ni sobre las inversiones, ni sobre el modelo de gestión de una autopista declarada de “interés general” pero cuya concesión se prolongó hasta 2048 de forma irregular según la UE.. El contraste con Navarra —que ya avanza hacia la gestión plena de su autopista— agrava la sensación de que Galicia circula en un carril distinto, más lento y con mayores peajes.
La Xunta denuncia un trato “discriminatorio” mientras la comunidad afronta nuevas subidas de peajes en la AP-9, una de las vías más caras y con la concesión investigada
El contraste no puede ser mayor. Mientras el Gobierno central avanza con rapidez en la transferencia de la AP-68 a Navarra, Galicia permanece estancada en su histórica reivindicación de gestionar la AP-9, su arteria principal que vertebra la región de norte a sur. A la sensación de agravio político se suma durante estas fechas un gravamen económico: viajar por la AP-9 volverá a ser más caro en 2026, en plena investigación de la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión hasta 2048, considerada ilegal por Bruselas.. La combinación de bloqueo institucional y peajes al alza refuerza, según la Xunta, la percepción de “trato discriminatorio” hacia Galicia por parte del Gobierno central. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, denunciaba ayer que, mientras Navarra recibe el traspaso de su tramo de la AP-68 y Cataluña obtiene la cesión de competencias sobre las oposiciones para habilitados nacionales, Galicia continúa sin un solo avance formal en la transferencia de la AP-9, pese a las reiteradas peticiones del Parlamento gallego y del Ejecutivo autonómico.. Subida de peajes. En este marco, el 2026 se prevé aún más duro para los usuarios de la AP-9. Los peajes crecerán un 5% respecto a los precios de este 2025. La subida se explica por la inflación prevista, a la que se suma el canon anual que Audasa sigue percibiendo por las obras de ampliación de Rande y de los accesos de Santiago, ejecutadas hace ya una década. Un incremento que ha resultado mayor gracias al habitual redondeo al alza.. Se trata de un nuevo golpe al bolsillo de los gallegos, que acumulan años de incrementos consecutivos y soportan algunos de los peajes más altos del Estado, mientras la concesión permanece bajo investigación europea por su extensión hasta 2048.. De acuerdo a esta última subida, a partir de 2026 viajar de A Coruña a Vigo (apenas 150 kilómetros de trayecto) costará 21,5 € (frente a 20,45 € en 2025); mientras que hacerlo de Ferrol a Tui, partida y final de la autopista, se elevará por encima de los 28 euros. De este modo, todos los trayectos principales encarecen su precio, subrayando la paradoja: los gallegos pagan la autopista, pero Galicia no decide sobre ella.. Dos comunidades, dos velocidades. En este marco, el Gobierno de Navarra y el Ejecutivo central han alcanzado esta semana un acuerdo para transferir la titularidad de la AP-68 y los servicios asociados. El Gobierno foral celebra que el pacto fortalece su autogobierno y complete su red viaria, de la que la AP-68 era la única excepción restante.. En Galicia, en cambio, la situación es muy diferente. La AP-9 continúa sin ser debatida en el Congreso, pese a las reiteradas solicitudes. La Xunta denuncia que ni siquiera ha recibido la información solicitada sobre las alegaciones que España envió a la Comisión Europea en relación con la prórroga de la concesión de Audasa, bajo investigación desde 2023.. “No sabemos nada sobre la situación de la AP-9, pero sí sabemos que con otras comunidades se negocia y se cede”, lamenta Calvo, acusando al Gobierno de “hacer lo que sea” por determinados acuerdos parlamentarios mientras Galicia queda relegada .. La AP-9, símbolo del agravio. Bajo este prisma, la AP-9 comienza a ser algo más que una infraestructura clave: es un símbolo político y económico. Más de 100.000 vehículos diarios circulan por algunos de sus tramos. Afecta al transporte, a la logística, a la automoción, a la movilidad laboral y al día a día de millones de ciudadanos.. Por este motivo, el bloqueo del traspaso genera un creciente malestar. Galicia no decide sobre las tarifas que cada año encarecen la vida de miles de familias, ni sobre las inversiones, ni sobre el modelo de gestión de una autopista declarada de “interés general” pero cuya concesión se prolongó hasta 2048 de forma irregular según la UE.. El contraste con Navarra —que ya avanza hacia la gestión plena de su autopista— agrava la sensación de que Galicia circula en un carril distinto, más lento y con mayores peajes.
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