La tan celebrada estabilidad y equilibrio del que tanto gusta hacer gala el ejecutivo de Juanma Moreno se puso ayer de manifiesto en un «histórico acuerdo» para la mejora del empleo público gracias al consenso de todos los agentes implicados, incluida la totalidad de los sindicatos. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, presentó tras el Consejo de Gobierno uno de los principales logros de su gestión, un nuevo acuerdo que afectará a unos 70.000 empleados públicos y 10.000 más de justicia con un coste de 250 millones en cinco años.. Entre lo acordado, se incluye una dotación financiera anual de cincuenta millones durante cinco años (desde 2026 a 2030) para implementar medidas como la carrera profesional, la puesta en marcha de un sistema de productividad, la recuperación de las medidas de acción social y la ordenación progresiva de los entes instrumentales públicos. Por otro lado, se impulsa la implantación real de la carrera profesional y del sistema de evaluación del desempeño, un instrumento «objetivo y transparente que permitirá reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia de quienes trabajan al servicio de la Junta de Andalucía», según explicó el consejero. En este sentido, el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General -de 10 noviembre de este año- de la carrera horizontal, la evaluación del desempeño y la equiparación retributiva del personal funcionario de carrera, que también tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno, supondrá la base para el futuro decreto que regule estos conceptos.. Además, el acuerdo moderniza en profundidad el sistema retributivo mediante la progresiva sustitución del complemento específico por uno nuevo de puesto, más claro, homogéneo y vinculado a los criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica, poniendo fin a desigualdades históricas y reforzando la coherencia interna del modelo. Igualmente, se refuerza la estabilización del empleo en el sector público con el objetivo de reducir la temporalidad, que ahora está en la administración general de la Junta en el 8 por ciento, pero se han fijado bajarla al 5 por ciento, mediante el compromiso de una programación anual de una oferta pública de empleo para «no abusar de la temporalidad». Incluye también el compromiso de culminar el VII Convenio Colectivo, firmado en 2002, para dotar al personal laboral de un marco actualizado que incorpore los requisitos de la Ley de Función Pública y refuerce ámbitos esenciales como la igualdad, la salud laboral, la corresponsabilidad o el desarrollo profesional. Asimismo, el acuerdo prevé desarrollar una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos y salud laborales, mediante la reconfiguración del Servicio de Prevención Propio, y la creación de unidades administrativas compartidas que permitan la ejecución de proyectos estratégicos o atender necesidades coyunturales o temporales.. Nieto se refirió a la «transformación» de la administración pública como uno de los grandes objetivos de este acuerdo. Para ello, se ponen como metas dotar de una mayor flexibilidad al sistema, incluyendo su completa digitalización. El consejero citó reformas similares llevadas a cabo en los últimos diez años por la administración portuguesa o la lituana como referencias del proyecto. Nieto destacó que «el acuerdo crea un marco estable que impulsa la motivación, la carrera profesional y la estabilidad como elementos clave para mejorar la atención a la ciudadanía», y defendió que «esta iniciativa será un instrumento clave para reducir la brecha digital entre la ciudadanía y facilitará la asistencia a personas con reducido nivel de destrezas digitales»
José Antonio Nieto presentó un pacto para el funcionariado andaluz en el que han participado todos los sindicatos
La tan celebrada estabilidad y equilibrio del que tanto gusta hacer gala el ejecutivo de Juanma Moreno se puso ayer de manifiesto en un «histórico acuerdo» para la mejora del empleo público gracias al consenso de todos los agentes implicados, incluida la totalidad de los sindicatos. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, presentó tras el Consejo de Gobierno uno de los principales logros de su gestión, un nuevo acuerdo que afectará a unos 70.000 empleados públicos y 10.000 más de justicia con un coste de 250 millones en cinco años.. Entre lo acordado, se incluye una dotación financiera anual de cincuenta millones durante cinco años (desde 2026 a 2030) para implementar medidas como la carrera profesional, la puesta en marcha de un sistema de productividad, la recuperación de las medidas de acción social y la ordenación progresiva de los entes instrumentales públicos. Por otro lado, se impulsa la implantación real de la carrera profesional y del sistema de evaluación del desempeño, un instrumento «objetivo y transparente que permitirá reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia de quienes trabajan al servicio de la Junta de Andalucía», según explicó el consejero. En este sentido, el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General -de 10 noviembre de este año- de la carrera horizontal, la evaluación del desempeño y la equiparación retributiva del personal funcionario de carrera, que también tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno, supondrá la base para el futuro decreto que regule estos conceptos.. Además, el acuerdo moderniza en profundidad el sistema retributivo mediante la progresiva sustitución del complemento específico por uno nuevo de puesto, más claro, homogéneo y vinculado a los criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica, poniendo fin a desigualdades históricas y reforzando la coherencia interna del modelo. Igualmente, se refuerza la estabilización del empleo en el sector público con el objetivo de reducir la temporalidad, que ahora está en la administración general de la Junta en el 8 por ciento, pero se han fijado bajarla al 5 por ciento, mediante el compromiso de una programación anual de una oferta pública de empleo para «no abusar de la temporalidad». Incluye también el compromiso de culminar el VII Convenio Colectivo, firmado en 2002, para dotar al personal laboral de un marco actualizado que incorpore los requisitos de la Ley de Función Pública y refuerce ámbitos esenciales como la igualdad, la salud laboral, la corresponsabilidad o el desarrollo profesional. Asimismo, el acuerdo prevé desarrollar una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos y salud laborales, mediante la reconfiguración del Servicio de Prevención Propio, y la creación de unidades administrativas compartidas que permitan la ejecución de proyectos estratégicos o atender necesidades coyunturales o temporales.. Nieto se refirió a la «transformación» de la administración pública como uno de los grandes objetivos de este acuerdo. Para ello, se ponen como metas dotar de una mayor flexibilidad al sistema, incluyendo su completa digitalización. El consejero citó reformas similares llevadas a cabo en los últimos diez años por la administración portuguesa o la lituana como referencias del proyecto. Nieto destacó que «el acuerdo crea un marco estable que impulsa la motivación, la carrera profesional y la estabilidad como elementos clave para mejorar la atención a la ciudadanía», y defendió que «esta iniciativa será un instrumento clave para reducir la brecha digital entre la ciudadanía y facilitará la asistencia a personas con reducido nivel de destrezas digitales»
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