La pensión se había establecido cuando los hijos eran menores, dentro del acuerdo aprobado tras el divorcio de sus padres, pero años después el padre solicitó que se suprimiera la cantidad destinada a su hija, que ya había alcanzado la mayoría de edad y había comenzado a trabajar.. El tribunal de instancia rechazó esa petición porque la joven cursaba un grado universitario y no consideró probado que pudiera obtener ingresos propios, por lo que el padre apeló y la discusión pasó a centrarse en la trayectoria laboral anterior al inicio de esos estudios, más extensa de lo que reflejaban los seguimientos realizados por un detective.. La madre sostuvo que su hija solo había trabajado de forma esporádica para costearse parte de la formación y que unos problemas de salud habían retrasado su acceso a la universidad, pero la documentación incorporada al proceso condujo a los jueces a una conclusión distinta sobre la continuidad de sus empleos.. Una trayectoria de 763 días de alta. La Sentencia número 104/2026, dictada el 20 de febrero por la Sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona, recoge que la vida laboral de la joven sumaba 763 días de alta en la Seguridad Social hasta diciembre de 2023, incluidos 391 días con un primer contrato indefinido, entre agosto de 2020 y agosto de 2021.. Después encadenó otros empleos, varios de ellos a tiempo parcial, entre octubre de 2021 y agosto de 2023, y desde el 2 de septiembre de ese año percibía una prestación por desempleo, según la documentación que el tribunal examinó en la apelación.. Para el tribunal, la hija «no se ha limitado a desempeñar empleos esporádicos para costear parte de sus estudios», pues se incorporó al mercado laboral tras terminar el bachillerato y no constaba que siguiera estudiando entre entonces y septiembre de 2023, cuando inició el grado de Enfermería.. La resolución reconoce la dolencia alegada por la madre, pero considera que los informes médicos aportados no demuestran que impidiera comenzar antes los estudios universitarios, al igual que tampoco lo acredita, según la sala, el apoyo educativo que la joven recibió durante el bachillerato por dislexia.. El efecto de volver a estudiar. Los jueces aplican el Código Civil de Cataluña y distinguen la pensión fijada entre los progenitores en el procedimiento de divorcio de los alimentos que una hija mayor de edad puede reclamar directamente si los necesita, pues tras la incorporación al mercado laboral la pensión que se había suprimido no «renace» por volver a estudiar.. La Audiencia estima por ello esta parte del recurso y declara extinguida la prestación de 375 euros mensuales con efectos desde febrero de 2023, ya que el padre había iniciado un procedimiento de mediación previo a la demanda que no llegó a celebrarse porque la madre no lo aceptó.. La sentencia no resuelve una eventual reclamación directa de la hija contra sus progenitores, posibilidad que deja abierta conforme a los requisitos previstos por la legislación catalana si vuelve a necesitar alimentos, aunque precisa que esa vía sería distinta de la pensión establecida entre los padres en el divorcio.. El padre también había invocado la falta de relación con su hija, pero el tribunal considera innecesario decidir sobre esa causa una vez apreciada la incorporación laboral y desestima su petición de retirar a la madre el uso de la vivienda familiar.. Respecto a la pensión de otro hijo, la Audiencia declara que esa parte del recurso quedó sin objeto porque ambos progenitores aceptaron su extinción después de que también comenzara a trabajar, mientras que la sala no impone las costas de la apelación a ninguna de las partes.
La Audiencia Provincial de Barcelona revoca la decisión del juzgado y extingue una prestación de 375 euros mensuales desde febrero de 2023 tras examinar la vida laboral de la joven
La pensión se había establecido cuando los hijos eran menores, dentro del acuerdo aprobado tras el divorcio de sus padres, pero años después el padre solicitó que se suprimiera la cantidad destinada a su hija, que ya había alcanzado la mayoría de edad y había comenzado a trabajar.. El tribunal de instancia rechazó esa petición porque la joven cursaba un grado universitario y no consideró probado que pudiera obtener ingresos propios, por lo que el padre apeló y la discusión pasó a centrarse en la trayectoria laboral anterior al inicio de esos estudios, más extensa de lo que reflejaban los seguimientos realizados por un detective.. La madre sostuvo que su hija solo había trabajado de forma esporádica para costearse parte de la formación y que unos problemas de salud habían retrasado su acceso a la universidad, pero la documentación incorporada al proceso condujo a los jueces a una conclusión distinta sobre la continuidad de sus empleos.. Una trayectoria de 763 días de alta. La Sentencia número 104/2026, dictada el 20 de febrero por la Sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona, recoge que la vida laboral de la joven sumaba 763 días de alta en la Seguridad Social hasta diciembre de 2023, incluidos 391 días con un primer contrato indefinido, entre agosto de 2020 y agosto de 2021.. Después encadenó otros empleos, varios de ellos a tiempo parcial, entre octubre de 2021 y agosto de 2023, y desde el 2 de septiembre de ese año percibía una prestación por desempleo, según la documentación que el tribunal examinó en la apelación.. Para el tribunal, la hija «no se ha limitado a desempeñar empleos esporádicos para costear parte de sus estudios», pues se incorporó al mercado laboral tras terminar el bachillerato y no constaba que siguiera estudiando entre entonces y septiembre de 2023, cuando inició el grado de Enfermería.. La resolución reconoce la dolencia alegada por la madre, pero considera que los informes médicos aportados no demuestran que impidiera comenzar antes los estudios universitarios, al igual que tampoco lo acredita, según la sala, el apoyo educativo que la joven recibió durante el bachillerato por dislexia.. El efecto de volver a estudiar. Los jueces aplican el Código Civil de Cataluña y distinguen la pensión fijada entre los progenitores en el procedimiento de divorcio de los alimentos que una hija mayor de edad puede reclamar directamente si los necesita, pues tras la incorporación al mercado laboral la pensión que se había suprimido no «renace» por volver a estudiar.. La Audiencia estima por ello esta parte del recurso y declara extinguida la prestación de 375 euros mensuales con efectos desde febrero de 2023, ya que el padre había iniciado un procedimiento de mediación previo a la demanda que no llegó a celebrarse porque la madre no lo aceptó.. La sentencia no resuelve una eventual reclamación directa de la hija contra sus progenitores, posibilidad que deja abierta conforme a los requisitos previstos por la legislación catalana si vuelve a necesitar alimentos, aunque precisa que esa vía sería distinta de la pensión establecida entre los padres en el divorcio.. El padre también había invocado la falta de relación con su hija, pero el tribunal considera innecesario decidir sobre esa causa una vez apreciada la incorporación laboral y desestima su petición de retirar a la madre el uso de la vivienda familiar.. Respecto a la pensión de otro hijo, la Audiencia declara que esa parte del recurso quedó sin objeto porque ambos progenitores aceptaron su extinción después de que también comenzara a trabajar, mientras que la sala no impone las costas de la apelación a ninguna de las partes.
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