La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de relevancia en materia de derecho de familia y protección de menores. En la resolución núm. 1632/2026, de fecha 19 de octubre de 2026 (Recurso de Casación 5609/2025), la Sección Primera del alto tribunal ha estimado el recurso interpuesto por la representación procesal de una madre contra la sentencia n.º 121/2025 (dictada erróneamente en fechas del rollo como de 3 de marzo de 2025) de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Sevilla. El fallo del Supremo casa y anula la resolución de apelación y ordena la retroacción de las actuaciones para que el tribunal provincial recabe un informe técnico psicosocial antes de resolver de nuevo sobre el régimen de guarda y custodia.. El litigio tiene su origen en la demanda de medidas paternofiliales presentada el 17 de mayo de 2022 por la madre ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Sevilla. Fruto de la convivencia de la pareja nació su hija menor, en 2020. En primera instancia, el Juzgado dictó sentencia el 9 de noviembre de 2022 atribuyendo la guarda y custodia a la madre, fijando un régimen de estancias paterno y una pensión de alimentos de 180 euros mensuales. Sin embargo, recurrido el fallo por el padre, la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia el 3 de marzo de 2025 revocando parcialmente la resolución y estableciendo un sistema de custodia compartida con estancias semanales, reduciendo la pensión alimenticia a 100 euros mensuales.. El recurso de casación se articulaba en un motivo único al amparo del artículo 92.2 del Código Civil y el artículo 2.2.c) de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. La madre alegaba la existencia de antecedentes por violencia de género del progenitor y el rechazo y afectación anímica que supuestamente manifestaba la menor. Durante la tramitación del recurso en el Supremo, se incorporaron a los autos antecedentes del padre procedentes del registro Syrac, constatándose condenas previas por delitos contra la seguridad vial y una sentencia de junio de 2024 de un tribunal de instancia de Sevilla por delitos con penas de alejamiento respecto a una víctima anterior.. El Tribunal Supremo, tras recordar la doctrina constitucional sobre la especial vulnerabilidad de los menores y la necesidad de una motivación reforzada en las resoluciones judiciales que afecten a su esfera personal, advierte que las relaciones familiares son dinámicas y exigen contemplar la realidad existente al tiempo de dictar sentencia. El Fundamento de Derecho Tercero acoge la petición formulada por el Ministerio Fiscal para asegurar el acierto de la decisión: «En este escenario resolutivo contamos, también, con la petición del Ministerio Fiscal, en su función de velar por el interés superior de los menores […] que solicita la práctica de una prueba pericial, no acordada durante la sustanciación del proceso, que permitirá contar con mayores elementos de juicio para adoptar la medida que mejor se concilie con el interés» de la menor.. La Sala subraya que la determinación del interés superior del menor no es una simple labor de interpretación jurídica, sino de apreciación circunstancial donde el auxilio de disciplinas expertas, como los informes psicosociales, resulta indispensable. En consecuencia, el alto tribunal decreta la nulidad de la sentencia de apelación, ordena retrotraer las actuaciones para que la Audiencia Provincial solicite el dictamen del equipo técnico psicosocial y decida de nuevo con libertad de criterio. El Supremo dispone asimismo que, mientras se elabora dicho informe y se emite la nueva resolución, regirá provisionalmente el régimen de custodia materna y visitas fijado originalmente por el juzgado de primera instancia.
La Sala de lo Civil estima el recurso de casación interpuesto por la madre al constatar la aparición de nuevos elementos de juicio, como antecedentes penales del padre, y la falta de valoración experta sobre el interés superior de la niña
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de relevancia en materia de derecho de familia y protección de menores. En la resolución núm. 1632/2026, de fecha 19 de octubre de 2026 (Recurso de Casación 5609/2025), la Sección Primera del alto tribunal ha estimado el recurso interpuesto por la representación procesal de una madre contra la sentencia n.º 121/2025 (dictada erróneamente en fechas del rollo como de 3 de marzo de 2025) de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Sevilla. El fallo del Supremo casa y anula la resolución de apelación y ordena la retroacción de las actuaciones para que el tribunal provincial recabe un informe técnico psicosocial antes de resolver de nuevo sobre el régimen de guarda y custodia.. El litigio tiene su origen en la demanda de medidas paternofiliales presentada el 17 de mayo de 2022 por la madre ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Sevilla. Fruto de la convivencia de la pareja nació su hija menor, en 2020. En primera instancia, el Juzgado dictó sentencia el 9 de noviembre de 2022 atribuyendo la guarda y custodia a la madre, fijando un régimen de estancias paterno y una pensión de alimentos de 180 euros mensuales. Sin embargo, recurrido el fallo por el padre, la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia el 3 de marzo de 2025 revocando parcialmente la resolución y estableciendo un sistema de custodia compartida con estancias semanales, reduciendo la pensión alimenticia a 100 euros mensuales.. El recurso de casación se articulaba en un motivo único al amparo del artículo 92.2 del Código Civil y el artículo 2.2.c) de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. La madre alegaba la existencia de antecedentes por violencia de género del progenitor y el rechazo y afectación anímica que supuestamente manifestaba la menor. Durante la tramitación del recurso en el Supremo, se incorporaron a los autos antecedentes del padre procedentes del registro Syrac, constatándose condenas previas por delitos contra la seguridad vial y una sentencia de junio de 2024 de un tribunal de instancia de Sevilla por delitos con penas de alejamiento respecto a una víctima anterior.. El Tribunal Supremo, tras recordar la doctrina constitucional sobre la especial vulnerabilidad de los menores y la necesidad de una motivación reforzada en las resoluciones judiciales que afecten a su esfera personal, advierte que las relaciones familiares son dinámicas y exigen contemplar la realidad existente al tiempo de dictar sentencia. El Fundamento de Derecho Tercero acoge la petición formulada por el Ministerio Fiscal para asegurar el acierto de la decisión: «En este escenario resolutivo contamos, también, con la petición del Ministerio Fiscal, en su función de velar por el interés superior de los menores […] que solicita la práctica de una prueba pericial, no acordada durante la sustanciación del proceso, que permitirá contar con mayores elementos de juicio para adoptar la medida que mejor se concilie con el interés» de la menor.. La Sala subraya que la determinación del interés superior del menor no es una simple labor de interpretación jurídica, sino de apreciación circunstancial donde el auxilio de disciplinas expertas, como los informes psicosociales, resulta indispensable. En consecuencia, el alto tribunal decreta la nulidad de la sentencia de apelación, ordena retrotraer las actuaciones para que la Audiencia Provincial solicite el dictamen del equipo técnico psicosocial y decida de nuevo con libertad de criterio. El Supremo dispone asimismo que, mientras se elabora dicho informe y se emite la nueva resolución, regirá provisionalmente el régimen de custodia materna y visitas fijado originalmente por el juzgado de primera instancia.
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