La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de trascendental importancia en el ámbito del derecho de familia y la protección de los menores. En la resolución núm. 1652/2026, de fecha 27 de octubre de 2026 (Recurso de Casación 8206/2025), la Sección Primera del alto tribunal ha estimado el recurso formulado por la representación procesal de una madre contra la sentencia dictada el 2 de junio de 2025 por la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Granada. El fallo del Supremo anula íntegramente la resolución de apelación y ordena la devolución de las actuaciones al tribunal de origen para que subsane la omisión procesal de no haber escuchado a las menores antes de modificar sustancialmente su régimen de custodia.. El litigio tiene su origen en la demanda de modificación de medidas definitivas presentada por la madre el 8 de marzo de 2022 ante el Juzgado de Primera Instancia e Infancia n.º19 de Granada, en la que solicitaba el incremento de la pensión alimenticia y la supresión de las entregas en el Punto de Encuentro Familiar (PEF). Por su parte, el padre se opuso y formuló demanda reconvencional interesando el cambio judicial de la guarda y custodia de las hijas comunes a su favor, así como la extinción temporal de los alimentos y la suspensión del régimen de visitas materno.. En primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia n.º 19 dictó la sentencia núm. 106/2024, de 22 de marzo, acordando el mantenimiento de las medidas de la sentencia de divorcio inicial (de 27 de mayo de 2015 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 2 de Granada) y añadiendo la intervención de un Equipo de Tratamiento Familiar. Sin embargo, recurrida la resolución en apelación por el padre, la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Granada estimó el recurso mediante la sentencia núm. 244/2025, de 2 de junio, otorgando la guarda y custodia exclusiva al padre, suspendiendo el régimen de visitas de la madre e imponiendo a esta última una pensión de alimentos de 200 euros mensuales por cada hija, además de notificar la situación a la Entidad Pública de protección de menores.. La omisión de la audiencia a las menores. Frente a esta decisión, la madre interpuso recurso de casación articulado en dos motivos basados en la vulneración del interés superior del menor, el derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de motivación reforzada. El Tribunal Supremo, tras valorar los argumentos expuestos y el informe del Ministerio Fiscal, centra su decisión en una garantía procesal ineludible: la exploración o audiencia de los hijos menores de edad cuando cuentan con suficiente madurez y juicio.. En el Fundamento de Derecho Cuarto, se advierte que al dictarse la sentencia de apelación las niñas contaban ya con más de doce y once años, respectivamente, sin que el tribunal andaluz hubiera justificado el motivo de prescindir de su testimonio: «En el caso enjuiciado, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, las menores no han sido oídas y escuchadas, a pesar de que cuando se dicta la sentencia de segunda instancia, en fecha 2 de junio de 2025, ya tenían doce años y seis meses y once años y cinco meses, respectivamente. El tribunal de apelación tampoco ha justificado el motivo por el que no pudiera realizarse la audiencia ni ha mencionado que pudiera entrañar algún perjuicio para las menores».. El alto tribunal recuerda que el derecho del menor a ser oído forma parte de su estatuto jurídico indisponible como norma de orden público procesal. Al haberse alterado de manera radical un sistema de custodia que operaba desde la ruptura conyugal, el tribunal tenía la obligación legal ineludible de conocer los deseos, sentimientos y opiniones de las niñas para calibrar el impacto emocional de la medida. Por todo ello, la Sala acuerda estimar el recurso de casación, anular la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada y devolver las actuaciones al tribunal de apelación para que, previa audiencia de las niñas y la práctica de las pruebas complementarias precisas, dicte una nueva resolución plenamente motivada conforme al interés superior de las menores.
La Audiencia de Granada había revocado el régimen anterior sin haber escuchado previamente a las menores, que ya superaban los doce años
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de trascendental importancia en el ámbito del derecho de familia y la protección de los menores. En la resolución núm. 1652/2026, de fecha 27 de octubre de 2026 (Recurso de Casación 8206/2025), la Sección Primera del alto tribunal ha estimado el recurso formulado por la representación procesal de una madre contra la sentencia dictada el 2 de junio de 2025 por la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Granada. El fallo del Supremo anula íntegramente la resolución de apelación y ordena la devolución de las actuaciones al tribunal de origen para que subsane la omisión procesal de no haber escuchado a las menores antes de modificar sustancialmente su régimen de custodia.. El litigio tiene su origen en la demanda de modificación de medidas definitivas presentada por la madre el 8 de marzo de 2022 ante el Juzgado de Primera Instancia e Infancia n.º19 de Granada, en la que solicitaba el incremento de la pensión alimenticia y la supresión de las entregas en el Punto de Encuentro Familiar (PEF). Por su parte, el padre se opuso y formuló demanda reconvencional interesando el cambio judicial de la guarda y custodia de las hijas comunes a su favor, así como la extinción temporal de los alimentos y la suspensión del régimen de visitas materno.. En primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia n.º 19 dictó la sentencia núm. 106/2024, de 22 de marzo, acordando el mantenimiento de las medidas de la sentencia de divorcio inicial (de 27 de mayo de 2015 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 2 de Granada) y añadiendo la intervención de un Equipo de Tratamiento Familiar. Sin embargo, recurrida la resolución en apelación por el padre, la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Granada estimó el recurso mediante la sentencia núm. 244/2025, de 2 de junio, otorgando la guarda y custodia exclusiva al padre, suspendiendo el régimen de visitas de la madre e imponiendo a esta última una pensión de alimentos de 200 euros mensuales por cada hija, además de notificar la situación a la Entidad Pública de protección de menores.. La omisión de la audiencia a las menores. Frente a esta decisión, la madre interpuso recurso de casación articulado en dos motivos basados en la vulneración del interés superior del menor, el derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de motivación reforzada. El Tribunal Supremo, tras valorar los argumentos expuestos y el informe del Ministerio Fiscal, centra su decisión en una garantía procesal ineludible: la exploración o audiencia de los hijos menores de edad cuando cuentan con suficiente madurez y juicio.. En el Fundamento de Derecho Cuarto, se advierte que al dictarse la sentencia de apelación las niñas contaban ya con más de doce y once años, respectivamente, sin que el tribunal andaluz hubiera justificado el motivo de prescindir de su testimonio: «En el caso enjuiciado, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, las menores no han sido oídas y escuchadas, a pesar de que cuando se dicta la sentencia de segunda instancia, en fecha 2 de junio de 2025, ya tenían doce años y seis meses y once años y cinco meses, respectivamente. El tribunal de apelación tampoco ha justificado el motivo por el que no pudiera realizarse la audiencia ni ha mencionado que pudiera entrañar algún perjuicio para las menores».. El alto tribunal recuerda que el derecho del menor a ser oído forma parte de su estatuto jurídico indisponible como norma de orden público procesal. Al haberse alterado de manera radical un sistema de custodia que operaba desde la ruptura conyugal, el tribunal tenía la obligación legal ineludible de conocer los deseos, sentimientos y opiniones de las niñas para calibrar el impacto emocional de la medida. Por todo ello, la Sala acuerda estimar el recurso de casación, anular la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada y devolver las actuaciones al tribunal de apelación para que, previa audiencia de las niñas y la práctica de las pruebas complementarias precisas, dicte una nueva resolución plenamente motivada conforme al interés superior de las menores.
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