El Tribunal de Cuentas ha apreciado indicios de indebido uso de fondos públicos en la compra del ático de Chamberí por 6,3 millones por la Comunidad de Madrid y nombrará a un instructor para que investigue a fondo los hechos. La consejera encargada de hacer el primer filtro de las siete denuncias presentadas considera que hay motivos para valorar una salida de fondos públicos “carente por completo de justificación legal”, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS.. Seguir leyendo
La denuncia supera el primer filtro y pasará a una investigación a fondo
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El Tribunal de Cuentas ha apreciado indicios de indebido uso de fondos públicos en la compra del ático de Chamberí por 6,3 millones por la Comunidad de Madrid y nombrará a un instructor para que investigue a fondo los hechos. La consejera encargada de hacer el primer filtro de las siete denuncias presentadas considera que hay motivos para valorar una salida de fondos públicos “carente por completo de justificación legal”, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS.. El órgano que vigila el gasto del dinero público tomó su decisión este jueves en una resolución que ha sido notificada hoy a las partes. Su auto, que contaba con el respaldo de la Fiscalía, supone que el Consejo de Gobierno del Tribunal de Cuentas debe nombrar a un instructor. Tendrá capacidad de pedir documentación a las partes, tomar declaraciones y encargar informes técnicos sobre el valor real del ático.. La consejera Rosario María Álvarez enumera sus cuatro dudas sobre la operación: primero, que la empresa pública Planifica solo puede adquirir inmuebles para darles un “uso administrativo”; segundo, que el ático se encuentra en un edificio residencial, lo que lo hace inadecuado para ese “uso administrativo”; tercero, que la Consejería de Presidencia justificó en un informe de julio razones para la compra en las que primaba el uso residencial; y cuarto, que se pudo pagar un sobreprecio.. Sobre este último motivo, el auto destaca el hecho de que el inmueble siga en venta a un precio algo mayor al pagado por la Comunidad (6,7 millones de euros, lo que equivale al precio pagado más impuestos). “Puede ser indiciario de que el mercado no ha absorbido el precio de venta fijado”, dice la resolución.. La decisión se conoce cuatro meses después de que estallara el escándalo, el 29 de julio, cuando EL PAÍS reveló esta compra que había permanecido oculta y que la oposición de izquierdas ha vinculado a un presunto interés de Ayuso en usar el inmueble como residencia oficial. La polémica ha pasado a un segundo plano mientras el ciclo informativo se trasladaba frenéticamente a otros asuntos, pero las investigaciones permanecen activas en dos sedes: en el Tribunal de Cuentas y en un juzgado de instrucción de plaza de Castilla. El asunto del ático podría suponer un goteo incesante de informaciones durante la campaña autonómica de mayo, en la que Ayuso buscará prolongar su mandato hasta 2031.. Uno de los denunciantes personados, el abogado vinculado a la izquierda Javier Flores, adelanta que en fase de instrucción pedirá que se suspenda el proceso de venta para “asegurar la prueba”.. “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada”, dice Flores, que en la red social X es muy activo y se llama Jota Vaquerizo. “Si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños. Llegaremos hasta el final”.. En declaraciones a los medios, la portavoz de Más Madrid Manuela Bergerot ha vuelto a arremeter contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como principal responsable: “la compra del aticazo era un uso partidista de las instituciones y muy probablemente un delito y hoy la justicia va en la misma dirección”.. El PSOE ha destacado la decisión del Tribunal de Cuentas. El candidato a las autonómicas, el ministro Óscar López, la ha tuiteado junto a un vídeo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diciendo que pagar casi siete millones del ático “no es nada” en comparación con otras compras públicas. López ha dicho en su tuit: “Luego te hablan de mafia”.. La Comunidad de Madrid no se ha pronunciado de inmediato. En el auto de 28 páginas conocido hoy, se describe cómo había pedido el archivo de las actuaciones alegando, entre otros motivos, que no se ha producido una “pérdida patrimonial” porque la posibilidad de que el inmueble pueda venderse por un precio inferior al coste de adquisición “es potencial, contingente, hipotético y futuro”.. El auto indica que la Comunidad puede interponer recurso de reposición, ante la propia Consejera de Cuentas autora del escrito en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y sin efectos suspensivos.. ¿Tiene algo que contar? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es