La AP-9 lleva más de medio siglo uniendo Galicia de norte a sur. También lleva décadas acompañada de una polémica que parece no tener fecha de caducidad. La autopista que comunica Ferrol con Tui, pasando por A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, debía haber puesto fin a su concesión en agosto de 2023. Sin embargo, una decisión adoptada en el año 2000 prolongó el negocio de los peajes otros 25 años, hasta 2048. Ahora, aquella prórroga puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.. La Comisión Europea tiene previsto elevar el caso a la Justicia comunitaria “a corto plazo”, según trasladaron este miércoles sus servicios jurídicos a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una reunión celebrada en Bruselas.. El anuncio supone un nuevo paso en un procedimiento que cuestiona la legalidad de la ampliación de la concesión, actualmente en manos de Audasa. Y abre un escenario de consecuencias todavía inciertas para una de las principales vías de comunicación de Galicia.. Decisión del año 2000. El origen del conflicto se encuentra en el Gobierno de José María Aznar. En el año 2000, el Ejecutivo del PP aprobó una ampliación de 25 años de la concesión de la AP-9, que pasó de finalizar en agosto de 2023 a hacerlo en agosto de 2048.. La decisión se adoptó sin convocar un nuevo concurso público. Ese es precisamente el aspecto que Bruselas considera contrario a las reglas europeas de contratación.. En julio de 2025, la Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el que cuestionaba la legalidad de las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y de la AP-66 asturiana. Entendía que las modificaciones introducidas equivalían, por su importancia, a nuevas adjudicaciones que deberían haber sido sometidas a licitación.. El Gobierno español defendió entonces que el dictamen no suponía la anulación automática de las prórrogas y anunció que agotaría las vías jurídicas disponibles. Más de un año después, el procedimiento europeo se aproxima a una nueva fase.. ¿Qué puede ocurrir con los peajes?. La eventual intervención del Tribunal de Justicia de la UE no significa que los conductores vayan a dejar de pagar inmediatamente por circular por la autopista.. Si Bruselas presenta finalmente el recurso y el tribunal considera que España incumplió el Derecho europeo, se abrirá un escenario jurídico que obligará a determinar cómo corregir la irregularidad y qué consecuencias tendría sobre la concesión vigente.. Por tanto, el desenlace permanece abierto. Lo que está en discusión no es únicamente el precio de los peajes, sino la propia validez de la decisión que permite mantenerlos hasta 2048.. Sin acuerdo sobre las condiciones del traspaso. A la incertidumbre jurídica se añade otra cuestión: quién debe gestionar la autopista y en qué condiciones.. El pasado mes de julio, las Cortes aprobaron la ley orgánica que establece la transferencia de la AP-9 a Galicia, después de años de reclamaciones desde el Parlamento autonómico. Sin embargo, la aprobación de la norma no supuso el traspaso inmediato de la infraestructura, que continúa bajo la titularidad y gestión del Estado.. La Xunta quiere negociar antes las condiciones de esa transferencia. El Gobierno de Alfonso Rueda reclama que Galicia pueda asumir la autopista sin cargar con las consecuencias económicas de decisiones adoptadas por el Estado, especialmente las relacionadas con la concesión vigente y las posibles responsabilidades que puedan derivarse de su prórroga.. El texto aprobado por las Cortes establece que el Estado conservará las obligaciones económicas derivadas de sus decisiones anteriores al traspaso, pero también impone límites a las modificaciones que pueda introducir posteriormente la Xunta. Entre otras condiciones, Galicia deberá asumir los costes adicionales que ocasionen sus propias decisiones sobre el régimen económico de la concesión. Un reparto de responsabilidades que deberá concretarse en la Comisión Mixta de Transferencias.. Por eso, el desacuerdo no se limita a una cuestión de plazos. Las dos administraciones mantienen diferencias sobre el alcance económico de la transferencia y las condiciones en las que Galicia podría ejercer las competencias sobre la autopista.. Allegue recordó este miércoles que el Gobierno central todavía no ha respondido a ninguna de las tres fechas propuestas desde Galicia para celebrar una reunión bilateral en la que abordar estas cuestiones.. La negociación adquiere, además, una nueva dimensión ante el posible pronunciamiento de la Justicia europea. Una sentencia contraria a la prórroga hasta 2048 podría alterar el escenario jurídico y económico sobre el que ambas administraciones deben negociar el futuro de la AP-9.. Mientras tanto, para los miles de gallegos que utilizan diariamente la autopista, nada cambia de momento. Audasa continúa explotando la infraestructura, los peajes siguen vigentes y la concesión mantiene oficialmente su fecha de finalización en 2048.. Pero la decisión que permitió prolongar otros 25 años ese negocio se aproxima a su examen jurídico más importante. Y, más de dos décadas después, Galicia sigue sin saber cuándo dejará de pagar por circular por su principal autopista.
La Comisión Europea cuestiona la prórroga hasta 2048 mientras la Xunta exige negociar con el Gobierno un traspaso sin cargas económicas para Galicia
La AP-9 lleva más de medio siglo uniendo Galicia de norte a sur. También lleva décadas acompañada de una polémica que parece no tener fecha de caducidad. La autopista que comunica Ferrol con Tui, pasando por A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, debía haber puesto fin a su concesión en agosto de 2023. Sin embargo, una decisión adoptada en el año 2000 prolongó el negocio de los peajes otros 25 años, hasta 2048. Ahora, aquella prórroga puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.. La Comisión Europea tiene previsto elevar el caso a la Justicia comunitaria “a corto plazo”, según trasladaron este miércoles sus servicios jurídicos a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una reunión celebrada en Bruselas.. El anuncio supone un nuevo paso en un procedimiento que cuestiona la legalidad de la ampliación de la concesión, actualmente en manos de Audasa. Y abre un escenario de consecuencias todavía inciertas para una de las principales vías de comunicación de Galicia.. Decisión del año 2000. El origen del conflicto se encuentra en el Gobierno de José María Aznar. En el año 2000, el Ejecutivo del PP aprobó una ampliación de 25 años de la concesión de la AP-9, que pasó de finalizar en agosto de 2023 a hacerlo en agosto de 2048.. La decisión se adoptó sin convocar un nuevo concurso público. Ese es precisamente el aspecto que Bruselas considera contrario a las reglas europeas de contratación.. En julio de 2025, la Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el que cuestionaba la legalidad de las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y de la AP-66 asturiana. Entendía que las modificaciones introducidas equivalían, por su importancia, a nuevas adjudicaciones que deberían haber sido sometidas a licitación.. El Gobierno español defendió entonces que el dictamen no suponía la anulación automática de las prórrogas y anunció que agotaría las vías jurídicas disponibles. Más de un año después, el procedimiento europeo se aproxima a una nueva fase.. ¿Qué puede ocurrir con los peajes?. La eventual intervención del Tribunal de Justicia de la UE no significa que los conductores vayan a dejar de pagar inmediatamente por circular por la autopista.. Si Bruselas presenta finalmente el recurso y el tribunal considera que España incumplió el Derecho europeo, se abrirá un escenario jurídico que obligará a determinar cómo corregir la irregularidad y qué consecuencias tendría sobre la concesión vigente.. Por tanto, el desenlace permanece abierto. Lo que está en discusión no es únicamente el precio de los peajes, sino la propia validez de la decisión que permite mantenerlos hasta 2048.. Sin acuerdo sobre las condiciones del traspaso. A la incertidumbre jurídica se añade otra cuestión: quién debe gestionar la autopista y en qué condiciones.. El pasado mes de julio, las Cortes aprobaron la ley orgánica que establece la transferencia de la AP-9 a Galicia, después de años de reclamaciones desde el Parlamento autonómico. Sin embargo, la aprobación de la norma no supuso el traspaso inmediato de la infraestructura, que continúa bajo la titularidad y gestión del Estado.. La Xunta quiere negociar antes las condiciones de esa transferencia. El Gobierno de Alfonso Rueda reclama que Galicia pueda asumir la autopista sin cargar con las consecuencias económicas de decisiones adoptadas por el Estado, especialmente las relacionadas con la concesión vigente y las posibles responsabilidades que puedan derivarse de su prórroga.. El texto aprobado por las Cortes establece que el Estado conservará las obligaciones económicas derivadas de sus decisiones anteriores al traspaso, pero también impone límites a las modificaciones que pueda introducir posteriormente la Xunta. Entre otras condiciones, Galicia deberá asumir los costes adicionales que ocasionen sus propias decisiones sobre el régimen económico de la concesión. Un reparto de responsabilidades que deberá concretarse en la Comisión Mixta de Transferencias.. Por eso, el desacuerdo no se limita a una cuestión de plazos. Las dos administraciones mantienen diferencias sobre el alcance económico de la transferencia y las condiciones en las que Galicia podría ejercer las competencias sobre la autopista.. Allegue recordó este miércoles que el Gobierno central todavía no ha respondido a ninguna de las tres fechas propuestas desde Galicia para celebrar una reunión bilateral en la que abordar estas cuestiones.. La negociación adquiere, además, una nueva dimensión ante el posible pronunciamiento de la Justicia europea. Una sentencia contraria a la prórroga hasta 2048 podría alterar el escenario jurídico y económico sobre el que ambas administraciones deben negociar el futuro de la AP-9.. Mientras tanto, para los miles de gallegos que utilizan diariamente la autopista, nada cambia de momento. Audasa continúa explotando la infraestructura, los peajes siguen vigentes y la concesión mantiene oficialmente su fecha de finalización en 2048.. Pero la decisión que permitió prolongar otros 25 años ese negocio se aproxima a su examen jurídico más importante. Y, más de dos décadas después, Galicia sigue sin saber cuándo dejará de pagar por circular por su principal autopista.
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