Los ayuntamientos gallegos tendrán nuevas herramientas para afrontar problemas que van desde la falta de personal técnico hasta la financiación o la prestación de servicios en los municipios con menos población. El Consello da Xunta ha aprobado este lunes el proyecto de la nueva Ley de Administración Local de Galicia, que sustituirá a la normativa vigente desde 1997.. El texto inicia ahora su tramitación en el Parlamento después de un proceso de audiencia e información pública en el que, según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se evaluaron alrededor de medio millar de aportaciones. En su elaboración participaron también diputaciones, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y representantes de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local.. Uno de los cambios con mayor impacto para los concellos afecta al Fondo de Cooperación Local. Casi nueve de cada diez euros tendrán carácter incondicionado, de manera que los municipios podrán decidir su destino dentro de sus competencias. Estos recursos aumentarán en 20 millones de euros respecto al modelo actual.. Además, se fija una cantidad mínima anual de 100.000 euros para cada municipio por sus costes fijos. Para distribuir el dinero se tendrán en cuenta factores como la población, el envejecimiento, la superficie, la dispersión territorial, el reto demográfico o el esfuerzo fiscal.. Más apoyo para los concellos pequeños. La ley presta una atención específica a los municipios en situación de reto demográfico. Xunta y diputaciones podrán articular medidas de cooperación para garantizar la prestación de servicios en aquellos territorios con menos población y recursos.. También se amplían las posibilidades para compartir trabajadores. Varios concellos podrán agruparse para disponer conjuntamente de personal técnico, una opción pensada especialmente para aquellos que tienen dificultades para incorporar determinados perfiles profesionales.. A ello se suman las denominadas áreas funcionales temporales, que permitirán a varios municipios asociarse durante un periodo concreto para prestar servicios o desarrollar actuaciones de interés común. Las mancomunidades seguirán funcionando como fórmula estable de cooperación y se mantiene el impulso a las fusiones voluntarias de municipios.. Las diputaciones reforzarán igualmente su labor de asistencia a los concellos con menor capacidad económica. Los municipios podrán, además, trasladar sus prioridades durante la elaboración de los presupuestos provinciales mediante una consulta electrónica no vinculante.. Inteligencia artificial en la Administración local. La tecnología constituye otro de los ejes del proyecto. Se regula expresamente el uso de inteligencia artificial en la tramitación y en la toma de decisiones administrativas, siempre dentro del marco europeo y bajo supervisión humana.. También se da cobertura a las sesiones telemáticas y mixtas de los órganos colegiados y se incorporan herramientas para aumentar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.. En el terreno organizativo, los municipios de más de 30.000 habitantes podrán contar con vicealcaldías. Tanto estos concellos como las diputaciones podrán incorporar además la figura de la dirección pública profesional.. El proyecto no atribuye nuevas competencias a las entidades locales, sino que busca precisar cuáles corresponden a cada administración para reducir conflictos y aportar seguridad jurídica. Su aprobación supondrá también la derogación de cinco leyes autonómicas, entre ellas la Ley de Administración Local de Galicia de 1997.
La nueva Ley de Administración Local permitirá compartir técnicos y dará un tratamiento específico a los que afrontan el reto demográfico
Los ayuntamientos gallegos tendrán nuevas herramientas para afrontar problemas que van desde la falta de personal técnico hasta la financiación o la prestación de servicios en los municipios con menos población. El Consello da Xunta ha aprobado este lunes el proyecto de la nueva Ley de Administración Local de Galicia, que sustituirá a la normativa vigente desde 1997.. El texto inicia ahora su tramitación en el Parlamento después de un proceso de audiencia e información pública en el que, según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se evaluaron alrededor de medio millar de aportaciones. En su elaboración participaron también diputaciones, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y representantes de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local.. Uno de los cambios con mayor impacto para los concellos afecta al Fondo de Cooperación Local. Casi nueve de cada diez euros tendrán carácter incondicionado, de manera que los municipios podrán decidir su destino dentro de sus competencias. Estos recursos aumentarán en 20 millones de euros respecto al modelo actual.. Además, se fija una cantidad mínima anual de 100.000 euros para cada municipio por sus costes fijos. Para distribuir el dinero se tendrán en cuenta factores como la población, el envejecimiento, la superficie, la dispersión territorial, el reto demográfico o el esfuerzo fiscal.. Más apoyo para los concellos pequeños. La ley presta una atención específica a los municipios en situación de reto demográfico. Xunta y diputaciones podrán articular medidas de cooperación para garantizar la prestación de servicios en aquellos territorios con menos población y recursos.. También se amplían las posibilidades para compartir trabajadores. Varios concellos podrán agruparse para disponer conjuntamente de personal técnico, una opción pensada especialmente para aquellos que tienen dificultades para incorporar determinados perfiles profesionales.. A ello se suman las denominadas áreas funcionales temporales, que permitirán a varios municipios asociarse durante un periodo concreto para prestar servicios o desarrollar actuaciones de interés común. Las mancomunidades seguirán funcionando como fórmula estable de cooperación y se mantiene el impulso a las fusiones voluntarias de municipios.. Las diputaciones reforzarán igualmente su labor de asistencia a los concellos con menor capacidad económica. Los municipios podrán, además, trasladar sus prioridades durante la elaboración de los presupuestos provinciales mediante una consulta electrónica no vinculante.. Inteligencia artificial en la Administración local. La tecnología constituye otro de los ejes del proyecto. Se regula expresamente el uso de inteligencia artificial en la tramitación y en la toma de decisiones administrativas, siempre dentro del marco europeo y bajo supervisión humana.. También se da cobertura a las sesiones telemáticas y mixtas de los órganos colegiados y se incorporan herramientas para aumentar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.. En el terreno organizativo, los municipios de más de 30.000 habitantes podrán contar con vicealcaldías. Tanto estos concellos como las diputaciones podrán incorporar además la figura de la dirección pública profesional.. El proyecto no atribuye nuevas competencias a las entidades locales, sino que busca precisar cuáles corresponden a cada administración para reducir conflictos y aportar seguridad jurídica. Su aprobación supondrá también la derogación de cinco leyes autonómicas, entre ellas la Ley de Administración Local de Galicia de 1997.
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