La organización de defensa de los derechos de los consumidores Facua ha denunciado este miércoles a la Fiscalía el maquillaje de las listas de espera del hospital Ramón y Cajal de Madrid que reveló el martes EL PAÍS, según ha avanzado a este diario Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de la organización. Se trata de la primera denuncia por este escándalo, que también ha originado una investigación por parte del Gobierno regional, aunque ya ha avanzado su resultado al señalar que en Madrid “no se falsean las listas”. El Ministerio de Sanidad reclamó por carta al Gobierno regional que aclare si esta manipulación va más allá y es una práctica generalizada en la sanidad pública madrileña.. Seguir leyendo
La organización considera que el gerente del hospital y el director médico pueden haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa
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La organización de defensa de los derechos de los consumidores Facua ha denunciado este miércoles a la Fiscalía el maquillaje de las listas de espera del hospital Ramón y Cajal de Madrid que reveló el martes EL PAÍS, según ha avanzado a este diario Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de la organización. Se trata de la primera denuncia por este escándalo, que también ha originado una investigación por parte del Gobierno regional, aunque ya ha avanzado su resultado al señalar que en Madrid “no se falsean las listas”. El Ministerio de Sanidad reclamó por carta al Gobierno regional que aclare si esta manipulación va más allá y es una práctica generalizada en la sanidad pública madrileña.. En concreto, Facua considera que el gerente del hospital, Carlos Mingo, y el director médico, Rafael Martínez Fernández, pueden haber incurrido en un delito de “prevaricación administrativa” al ordenar cambiar, presuntamente y a espaldas de los cirujanos de traumatología, la prioridad de decenas de pacientes para adelgazar las listas. “Bajo nuestro punto de vista, las decisiones que adoptaron ambos cargos podrían encajar en ese delito porque, aunque no son cargos políticos, el rango que tienen en el hospital hace que sea posible que hayan incurrido en este ilícito penal, hay precedentes”, detalla Sánchez. La organización considera necesario determinar “quién ordenó cada modificación, con qué criterios se realizaron y si estos cambios pudieron provocar un perjuicio asistencial”.. Para Facua, de ser cierto lo que publica EL PAÍS “y hay indicios muy sólidos” como doctores que muestran su indignación en correos y un médico que ha denunciado los hechos, se habría producido “una irregularidad muy grave” y “un perjuicio muy grave a un número relevante de pacientes”, por lo que considera que “más allá de que se puedan y se deban depurar responsabilidades en el ámbito administrativo por parte de la Consejería de Sanidad, en el ámbito penal hay una vía por explorar”.. Unos hechos de “extraordinaria gravedad”. Según la información de EL PAÍS, entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del año pasado, la prioridad de 57 pacientes de la lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Ramón y Cajal cambió de preferente (los que deberían ser operados en 90 días) a normal (en 180). Este cambio se hizo sin conocimiento de sus médicos, sin valorar a los pacientes y sin tener en cuenta su estado real. Al rebajar su gravedad, el hospital podía exhibir ante la consejería y ante los afectados que fueron intervenidos en el plazo adecuado, lo que le permite cumplir los objetivos de productividad.. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, anunció el martes “diligencias de información interna para volver a revisar todo”, aunque fuentes de su departamento aclararon que no se podrán en tela de juicio todas las listas de espera, sino que la investigación se limitará exclusivamente al Ramón y Cajal. Matute se anticipó a su resultado al “dejar claro que en la Comunidad de Madrid no se falsean las listas de espera”. Además de negar los hechos, la consejera puso en duda la credibilidad del denunciante que entregó la documentación a este diario, el cirujano Luis Alberto Martos: “Es triste el vil ataque que se hace a la excelencia de la sanidad madrileña, que es el tesoro que tengo que defender”.. Al respecto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que sospechaban “desde hace mucho tiempo” que hay ingeniería contable detrás de los datos de Madrid y ha culpado de esta situación a la Consejería de Sanidad, por lo que ha vuelto a mostrar su deseo de aprobar, “con las comunidades autónomas del PP”, una reforma para “dar transparencia a las listas de espera y evitar los fraudes y las manipulaciones”.. ¿Espera Facua que la Comunidad lleve a cabo una investigación seria y sancione a los responsables? “Si el Gobierno de Madrid no mueve ficha, a lo mejor empieza a hacerlo en caso de que se abra la vía penal”, advierte. “Vamos a ver la receptividad de la Fiscalía y si analiza con urgencia el caso porque entendemos que es lo suficientemente grave como para que se abra una investigación”, concluye Sánchez, cuya denuncia apunta a cargos dentro del hospital, pero no a la consejería. “Si se acaba escalando a nivel político o no, para nosotros es una incógnita”, apunta. Al margen de si los directivos del hospital cumplían órdenes de más arriba o no, lo que está claro es que “este maquillaje puede representar un rédito político y electoral para la Comunidad, que así tiene unas cifras más bonitas, y también beneficios económicos que habría que investigar, si cumplir determinados objetivos garantiza unos pluses a determinado personal”, ahonda Sánchez.. Desde que este diario sacara a la luz el caso, han arreciado las críticas del sector sanitario y de la oposición madrileña al completo, que exigieron responsabilidades políticas y una investigación a fondo de todo el sistema. Para Facua, se trata de hechos de “extraordinaria gravedad” porque “se está jugando con la salud y con la vida de los pacientes” y lo más sorprendente es que no sorprendieran ni a la ministra de Sanidad, Mónica García, para quien “manipular listas ni es nuevo ni está penalizado”, ni al sindicato médico Amyts, para quien es “algo que hacen prácticamente la totalidad de centros para ocultar datos a la consejería y es algo que hacen las consejerías a su vez con el ministerio”.. “A los que somos ajenos al sector, este caso nos pone los pelos de punta”, reconoce Sánchez, que subraya que, hasta el momento, era sabido que “hay comunidades donde se ocultan datos durante un determinado periodo de tiempo porque no interesa que trascienda cuáles son las auténticas listas”. Hay también malas prácticas instaladas en la administración, como presionar a los médicos de familia para reducir el número de pacientes que derivan a especialistas con el fin de no aumentar la saturación. Pero “ahora estamos hablando de un escándalo mayúsculo porque es catalogar a un paciente con un nivel de gravedad inferior al que tiene”.. ¿Puede estar ocurriendo en más hospitales y en más comunidades autónomas? “Lo desconocemos”, responde Facua, que apela a “la responsabilidad y la valentía de trabajadores públicos que se atrevan a trasladar, públicamente o a través de medios de comunicación, este tipo de hechos porque ellos son los que manejan los datos” frente a unos gobiernos regionales que, en demasiadas ocasiones, “tienen la percepción de que no hay vigilancia”.
