El Colegio de Abogados de Granada ha denunciado el «grave» deterioro del servicio público de Justicia ante unos retrasos en los señalamientos que ha calificado de inasumibles, ya que hay ya juicios programados para el año 2029. En un comunicado, este órgano colegial ha alertado sobre la «preocupante» situación que atraviesa la Justicia por unos retrasos estructurales que han alcanzado niveles incompatibles con el derecho de la ciudadanía a obtener una tutela judicial efectiva. El Colegio de Abogados de Granada ha recibido en las últimas semanas quejas de letrados a los que han fijado juicios para el año 2029, con especial incidencia en la Jurisdicción Social. Esta circunstancia supone que trabajadores, empresas y ciudadanos deben esperar al menos tres años para obtener una resolución judicial sobre cuestiones tan sensibles como despidos, reclamaciones salariales, incapacidades, prestaciones de la Seguridad Social o conflictos laborales que afectan directamente a su estabilidad económica y personal. Por su parte, los profesionales de la abogacía se ven obligados a explicar a sus clientes que, pese a haber ejercido sus derechos en tiempo y forma, deberán afrontar esperas desproporcionadas para obtener una respuesta judicial, lo que genera frustración e incertidumbre y, en muchos casos, daño reputacional para el colectivo profesional. Según el Colegio de Abogados de Granada, no se trata de una incidencia puntual sino de un problema estructural que se ha agravado con el tiempo, la implantación de una reforma judicial sin la adecuada planificación y las continuas incidencias tecnológicas. La abogacía granadina ha insistido en que una justicia a tres años vista deja de cumplir adecuadamente su función constitucional y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones y ha reclamado la adopción inmediata de medidas que permitan revertir esta situación. Entre esas medidas, ha pedido un refuerzo de las plantillas de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario, más recursos materiales y técnicos, crear nuevos órganos allí donde la carga de trabajo lo exige, y establecer planes específicos de choque para agilizar las citas judiciales.
El Colegio de Abogados reclama un refuerzo urgente de las plantillas de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario
El Colegio de Abogados de Granada ha denunciado el «grave» deterioro del servicio público de Justicia ante unos retrasos en los señalamientos que ha calificado de inasumibles, ya que hay ya juicios programados para el año 2029.En un comunicado, este órgano colegial ha alertado sobre la «preocupante» situación que atraviesa la Justicia por unos retrasos estructurales que han alcanzado niveles incompatibles con el derecho de la ciudadanía a obtener una tutela judicial efectiva.El Colegio de Abogados de Granada ha recibido en las últimas semanas quejas de letrados a los que han fijado juicios para el año 2029, con especial incidencia en la Jurisdicción Social.Esta circunstancia supone que trabajadores, empresas y ciudadanos deben esperar al menos tres años para obtener una resolución judicial sobre cuestiones tan sensibles como despidos, reclamaciones salariales, incapacidades, prestaciones de la Seguridad Social o conflictos laborales que afectan directamente a su estabilidad económica y personal.Por su parte, los profesionales de la abogacía se ven obligados a explicar a sus clientes que, pese a haber ejercido sus derechos en tiempo y forma, deberán afrontar esperas desproporcionadas para obtener una respuesta judicial, lo que genera frustración e incertidumbre y, en muchos casos, daño reputacional para el colectivo profesional.Según el Colegio de Abogados de Granada, no se trata de una incidencia puntual sino de un problema estructural que se ha agravado con el tiempo, la implantación de una reforma judicial sin la adecuada planificación y las continuas incidencias tecnológicas.La abogacía granadina ha insistido en que una justicia a tres años vista deja de cumplir adecuadamente su función constitucional y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones y ha reclamado la adopción inmediata de medidas que permitan revertir esta situación.Entre esas medidas, ha pedido un refuerzo de las plantillas de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario, más recursos materiales y técnicos, crear nuevos órganos allí donde la carga de trabajo lo exige, y establecer planes específicos de choque para agilizar las citas judiciales.
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