La decisión de la Abogacía del Estado de personarse en la causa que investiga las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto una contradicción inédita para el Gobierno de Pedro Sánchez. Después de semanas defendiendo sin fisuras al exjefe del Ejecutivo, -Sánchez se ha pronunciado hasta en cinco ocasiones- cuestionando el origen de la investigación judicial y presentando el caso como un episodio más de la ofensiva contra el PSOE, el propio Estado ha decidido intervenir en el procedimiento que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El movimiento tiene una enorme carga política. La personación no supone un pronunciamiento sobre la culpabilidad de Zapatero ni implica asumir que haya cometido delito alguno. Pero sí significa que el Estado considera que existen intereses públicos susceptibles de protección en el procedimiento. Y ese paso rompe, al menos parcialmente, el relato que Moncloa había construido desde que el expresidente quedó bajo investigación. Cabe recordar que el presidente del Gobierno fue el primero que vinculó las alhajas a regalos de la etapa de Zapatero a los mandos del país. Es más, Sánchez aseguró que él mismo recibe regalos cuyo contenido ni conoce. Lo cierto es que el líder socialista ha convertido durante las últimas semanas la defensa de Zapatero en una cuestión casi personal. En el Congreso reivindicó su legado político, expresó públicamente su confianza en él y rechazó equipararlo con otros dirigentes socialistas implicados en causas de corrupción. Desde el Gobierno se insistía además en que el expresidente tenía derecho a defenderse y en que buena parte de las informaciones conocidas respondían a filtraciones interesadas o a una estrategia de desgaste político contra el Ejecutivo. Sin embargo, la actuación de la Abogacía del Estado introduce un elemento que hasta ahora no existía. Ya no es únicamente el juez Calama quien sostiene la investigación. Es el propio Estado el que pasa a formar parte del procedimiento. Esa circunstancia obliga a Moncloa a separar dos planos que hasta ahora había mantenido unidos: el respaldo político al expresidente y la actuación institucional de la Administración. La contradicción resulta evidente, porque la Abogacía del Estado es un instrumento jurídico en manos del propio Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Arcadi España, delegó cualquier decisión a los técnicos de su departamento. Durante los últimos días el Ejecutivo había evitado pronunciarse sobre cuál sería su posición. Preguntado expresamente, el vicepresidente primero remitió la decisión a Hacienda. Y fuentes oficiales del Ejecutivo insistían en que se trataba de una cuestión que debían resolver los servicios jurídicos del Estado. Mientras tanto, en el núcleo duro del Gobierno nadie quería anticipar el desenlace de una decisión que sabían políticamente incómoda.
Sánchez ha convertido durante las últimas semanas la defensa de Zapatero en una cuestión casi personal
La decisión de la Abogacía del Estado de personarse en la causa que investiga las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto una contradicción inédita para el Gobierno de Pedro Sánchez.Después de semanas defendiendo sin fisuras al exjefe del Ejecutivo, -Sánchez se ha pronunciado hasta en cinco ocasiones- cuestionando el origen de la investigación judicial y presentando el caso como un episodio más de la ofensiva contra el PSOE, el propio Estado ha decidido intervenir en el procedimiento que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.El movimiento tiene una enorme carga política. La personación no supone un pronunciamiento sobre la culpabilidad de Zapatero ni implica asumir que haya cometido delito alguno. Pero sí significa que el Estado considera que existen intereses públicos susceptibles de protección en el procedimiento. Y ese paso rompe, al menos parcialmente, el relato que Moncloa había construido desde que el expresidente quedó bajo investigación.Cabe recordar que el presidente del Gobierno fue el primero que vinculó las alhajas a regalos de la etapa de Zapatero a los mandos del país. Es más, Sánchez aseguró que él mismo recibe regalos cuyo contenido ni conoce.Lo cierto es que el líder socialista ha convertido durante las últimas semanas la defensa de Zapatero en una cuestión casi personal. En el Congreso reivindicó su legado político, expresó públicamente su confianza en él y rechazó equipararlo con otros dirigentes socialistas implicados en causas de corrupción.Desde el Gobierno se insistía además en que el expresidente tenía derecho a defenderse y en que buena parte de las informaciones conocidas respondían a filtraciones interesadas o a una estrategia de desgaste político contra el Ejecutivo.Sin embargo, la actuación de la Abogacía del Estado introduce un elemento que hasta ahora no existía. Ya no es únicamente el juez Calama quien sostiene la investigación. Es el propio Estado el que pasa a formar parte del procedimiento.Esa circunstancia obliga a Moncloa a separar dos planos que hasta ahora había mantenido unidos: el respaldo político al expresidente y la actuación institucional de la Administración. La contradicción resulta evidente, porque la Abogacía del Estado es un instrumento jurídico en manos del propio Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Arcadi España, delegó cualquier decisión a los técnicos de su departamento.Durante los últimos días el Ejecutivo había evitado pronunciarse sobre cuál sería su posición. Preguntado expresamente, el vicepresidente primero remitió la decisión a Hacienda. Y fuentes oficiales del Ejecutivo insistían en que se trataba de una cuestión que debían resolver los servicios jurídicos del Estado. Mientras tanto, en el núcleo duro del Gobierno nadie quería anticipar el desenlace de una decisión que sabían políticamente incómoda.La resol
Noticias de Cataluña en La Razón
