Una decisión sin precedentes en la historia institucional de Colombia sacudió este miércoles la ya convulsa recta final de la campaña presidencial. Gloria Arizabaleta, diputada por el Pacto Histórico –el mismo partido del presidente Gustavo Petro– y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, firmó un auto en el que ordenaba suspender provisionalmente al jefe del Estado de sus funciones hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que se celebra la segunda vuelta presidencial entre el candidato progresista Iván Cepeda y el populista Abelardo De la Espriella.. La medida cautelar, de siete páginas, se sustenta en una presunta participación indebida en política por parte del mandatario. Concretamente, la congresista apunta a quince publicaciones realizadas desde la cuenta oficial de Petro en la red social X entre 2023 y 2025, que a su juicio constituyen una falta grave o gravísima. Arizabaleta argumentó un «riesgo de reiteración» de esa conducta dada la proximidad del balotaje y amparó la medida en una ley que permite la suspensión provisional de servidores públicos durante investigaciones disciplinarias.. La orden carece de validez. Petro, que se encontraba en Nueva York participando en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mediación en Oriente Medio, reaccionó con brevedad: «El día final de mi mandato saldré, no sé a dónde, diría que como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente». Dentro de Colombia, el consenso jurídico fue inmediato: la orden carece de validez. La Constitución colombiana es explícita al definir que únicamente el Senado puede suspender o destituir al presidente, y sólo tras un largo proceso que comienza en la Comisión de Acusaciones, pasa por la plenaria de la Cámara y desemboca en esa cámara alta.. Académicos de distintas universidades y varios analistas coincidieron en que la medida impulsada por la diputada carece de validez jurídica. Y el gobierno también rechazó el auto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, veterano del Congreso, recordó que «la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante». El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, añadió como falla procedimental que el auto no fue aprobado por la Comisión como cuerpo colegiado.. Voces de la oposición, como el expresidente Iván Duque o el candidato Abelardo De la Espriella, sostienen que se trata de un «autoatentado legislativo» diseñado para permitir que Petro haga campaña abierta a favor de Cepeda mientras se presenta como víctima del establishment. «Petro se quiere robar las elecciones», dijo abiertamente De la Espriella en su cuenta de X.. El documento se filtró antes de tiempo. Desde el petrismo, las miradas apuntaron a Roy Barreras, excandidato presidencial y exesposo de la propia Arizabaleta, como posible artífice de una jugada destinada a perjudicar al mandatario. Gustavo Bolívar, senador próximo a Petro, lo acusó directamente. Barreras, no obstante, rechazó la medida insistiendo en que carece de toda validez. Existe además la versión de que el documento se filtró antes de tiempo. El representante Alejandro Ocampo, copartidario de Arizabaleta y miembro de la misma Comisión parlamentaria, aseguró que el auto nunca fue radicado formalmente ni pasó por la secretaría del organismo, y que la propia Arizabaleta supuestamente explicó a sus colegas que el texto estaba en su teléfono como borrador y habría sido sustraído de manera ilegal.. Arizabaleta afirmó a la revista Semana que radicó el auto y que enviará el documento al presidente del Senado para que tome una decisión final. En paralelo, el abogado Luis Felipe Henao presentó una denuncia penal contra ella por «dictar una resolución manifiestamente contraria a la ley».. Al menos seis ministros son investigados. La intromisión del gobierno en la campaña electoral a favor de Iván Cepeda ha sido documentada desde hace semanas. La Procuraduría investiga al menos a seis ministros por esa conducta y suspendió a la embajadora en Haití por referirse públicamente a Cepeda como «un magnífico candidato», y al embajador en Brasil por pedir que Benedetti se incorporara a la campaña.. Según reveló el portal La Silla Vacía, en abril el propio Petro se reunió en la Casa de Nariño con Cepeda y Benedetti para hablar de la campaña, y semanas después un viceministro coordinó por chat a influenciadores del Gobierno para respaldar al candidato oficialista, asegurando que la orden venía del presidente. Colombia está a once días del balotaje en una campaña que suma ruido jurídico a las acusaciones cruzadas de fraude, cuestionamientos al preconteo de la primera vuelta y una creciente polarización. La segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella se disputará el 21 de junio.
Una decisión sin precedentes en la historia institucional de Colombia sacudió este miércoles la ya convulsa recta final de la campaña presidencial. Gloria Arizabaleta, diputada por el Pacto Histórico –el mismo partido del presidente Gustavo Petro– y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, firmó un auto en el que ordenaba suspender provisionalmente al jefe del Estado de sus funciones hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que se celebra la segunda vuelta presidencial entre el candidato progresista Iván Cepeda y el populista Abelardo De la Espriella.. La medida cautelar, de siete páginas, se sustenta en una presunta participación indebida en política por parte del mandatario. Concretamente, la congresista apunta a quince publicaciones realizadas desde la cuenta oficial de Petro en la red social X entre 2023 y 2025, que a su juicio constituyen una falta grave o gravísima. Arizabaleta argumentó un «riesgo de reiteración» de esa conducta dada la proximidad del balotaje y amparó la medida en una ley que permite la suspensión provisional de servidores públicos durante investigaciones disciplinarias.. La orden carece de validez. Petro, que se encontraba en Nueva York participando en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mediación en Oriente Medio, reaccionó con brevedad: «El día final de mi mandato saldré, no sé a dónde, diría que como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente». Dentro de Colombia, el consenso jurídico fue inmediato: la orden carece de validez. La Constitución colombiana es explícita al definir que únicamente el Senado puede suspender o destituir al presidente, y sólo tras un largo proceso que comienza en la Comisión de Acusaciones, pasa por la plenaria de la Cámara y desemboca en esa cámara alta.. Académicos de distintas universidades y varios analistas coincidieron en que la medida impulsada por la diputada carece de validez jurídica. Y el gobierno también rechazó el auto. El ministro del Interior, Armando Bsenedetti, veterano del Congreso, recordó que «la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante». El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, añadió como falla procedimental que el auto no fue aprobado por la Comisión como cuerpo colegiado.. Voces de la oposición, como el expresidente Iván Duque o el candidato Abelardo De la Espriella, sostienen que se trata de un «autoatentado legislativo» diseñado para permitir que Petro haga campaña abierta a favor de Cepeda mientras se presenta como víctima del establishment. «Petro se quiere robar las elecciones», dijo abiertamente De la Espriella en su cuenta de X.. El documento se filtró antes de tiempo. Desde el petrismo, las miradas apuntaron a Roy Barreras, excandidato presidencial y exesposo de la propia Arizabaleta, como posible artífice de una jugada destinada a perjudicar al mandatario. Gustavo Bolívar, senador próximo a Petro, lo acusó directamente. Barreras, no obstante, rechazó la medida insistiendo en que carece de toda validez. Existe además la versión de que el documento se filtró antes de tiempo. El representante Alejandro Ocampo, copartidario de Arizabaleta y miembro de la misma Comisión parlamentaria, aseguró que el auto nunca fue radicado formalmente ni pasó por la secretaría del organismo, y que la propia Arizabaleta supuestamente explicó a sus colegas que el texto estaba en su teléfono como borrador y habría sido sustraído de manera ilegal.. Arizabaleta afirmó a la revista Semana que radicó el auto y que enviará el documento al presidente del Senado para que tome una decisión final. En paralelo, el abogado Luis Felipe Henao presentó una denuncia penal contra ella por «dictar una resolución manifiestamente contraria a la ley».. Al menos seis ministros son investigados. La intromisión del gobierno en la campaña electoral a favor de Iván Cepeda ha sido documentada desde hace semanas. La Procuraduría investiga al menos a seis ministros por esa conducta y suspendió a la embajadora en Haití por referirse públicamente a Cepeda como «un magnífico candidato», y al embajador en Brasil por pedir que Benedetti se incorporara a la campaña.. Según reveló el portal La Silla Vacía, en abril el propio Petro se reunió en la Casa de Nariño con Cepeda y Benedetti para hablar de la campaña, y semanas después un viceministro coordinó por chat a influenciadores del Gobierno para respaldar al candidato oficialista, asegurando que la orden venía del presidente. Colombia está a once días del balotaje en una campaña que suma ruido jurídico a las acusaciones cruzadas de fraude, cuestionamientos al preconteo de la primera vuelta y una creciente polarización. La segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella se disputará el 21 de junio.
La orden, considerada inválida por juristas y rechazada por el Gobierno, sacude la recta final de la campaña entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella
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