Profesores correctores de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana, que se celebran los días 2, 3 y 4 de junio, consideran «abusiva» la propuesta de servicios mínimos del 100 % de la Conselleria de Educación y han empezado a presentar sus renuncias ante los tribunales evaluadores.. «Con estos servicios mínimos abusivos estamos totalmente desprotegidos a nivel legal y se nos ha vulnerado el derecho de huelga de forma flagrante», manifiesta en declaraciones a EFE Miguel Edo, profesor de Historia del IES Alcalans Montserrat y uno de los docentes evaluadores de la PAU.. La Assemblea de Professorat Corrector de de les Proves de la PAU, formada por 250 especialistas, advirtió este martes de que estaban considerando no presentarse a la constitución de los tribunales -el 2 de junio-, renunciar en bloque ese día o adoptar acciones «más contundentes» respecto a las calificaciones ante el «estancamiento de las negociaciones» de la huelga indefinida.. La Conselleria de Educación respondió que, como medida preventiva, la comisión gestora de la PAU anticiparía la constitución de los tribunales, como máximo, para este viernes, 29 de mayo, y aseguró que hay 1.500 profesores voluntarios correctores de las pruebas, que se encargarán de la correcta evaluación de los documentos.. En la tarde de ayer miércoles, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, en su condición de presidenta de la Comisión Gestora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), solicitó a la Dirección General de Trabajo servicios mínimos del 100 % para el personal docente designado como miembro de los tribunales evaluadores de la PAU.. Posibles sanciones. Miguel Edo señala que si se considera su actividad reivindicativa como «dejación de funciones o abandono de servicios» se les podría aplicar el régimen disciplinario de la Función Pública, como «falta grave o muy grave» y con sanciones que podrían ir desde apartarnos tres años de nuestro trabajo hasta inhabilitarnos o separarnos del cuerpo e incluso la Universidad podría demandarnos por daños y perjuicios».. La opción de muchos de los afectados, indica, está siendo presentar su renuncia ante las presidencias de los tribunales, que han iniciado ya reuniones telemáticas.. Agustín Zaragoza, profesor de Filosofía en el IES Padre Vitoria de Alcoi (Alicante), que lleva en huelga desde su inicio, el pasado 11 de mayo, asegura de que en la mañana de ayer, antes de que la Conselleria de Educación informara de que había solicitado los servicios mínimos del 100 % , «hubo renuncias masivas a corregir y hay tribunales que lo están aceptando».. Zaragoza también ha presentado su renuncia y está a la espera de que le respondan de su tribunal, que se reúne esta tarde telemáticamente para su constitución.. Señala que esta situación ha venido «sobrevenida» ya que lo habitual es que la constitución de los tribunales se haga el mismo día del inicio de las pruebas, a las ocho de la mañana, «y lo que sabemos es que se han dado órdenes de que se hicieran reuniones telemáticas previas».. Zaragoza explica que, en su caso, lleva sin ir a sus aulas desde el 11 de mayo y quedan dos semanas para acabar el curso y tienen que poner las notas finales prácticamente en quince días. Su presencia el tribunal de la EBAU y la corrección de los exámenes supondría «unos ocho días de paréntesis y en el contexto en el que estamos».. El docente traslada también el malestar del profesorado ante la actitud «pasiva» que están manteniendo las cinco universidades públicas valencianas ante la huelga indefinida del profesorado y señala que hay centros que están planteando medidas de cara al curso que viene, como no colaborar con la Universidad.. El sindicato STEPV ha informado por su parte del malestar de los docentes de Formación Profesional en huelga con tareas en las pruebas de acceso a Grados Medios o Superiores, que están siendo sustituidos por otros profesores «vulnerando el derecho a huelga» y advierten de que estos actos pueden tener «consecuencias penales dentro de la jurisprudencia española».
La opción de muchos de los afectados está siendo presentar su renuncia ante las presidencias de los tribunales, que han iniciado ya reuniones telemáticas
Profesores correctores de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana, que se celebran los días 2, 3 y 4 de junio, consideran «abusiva» la propuesta de servicios mínimos del 100 % de la Conselleria de Educación y han empezado a presentar sus renuncias ante los tribunales evaluadores.. «Con estos servicios mínimos abusivos estamos totalmente desprotegidos a nivel legal y se nos ha vulnerado el derecho de huelga de forma flagrante», manifiesta en declaraciones a EFE Miguel Edo, profesor de Historia del IES Alcalans Montserrat y uno de los docentes evaluadores de la PAU.. La Assemblea de Professorat Corrector de de les Proves de la PAU, formada por 250 especialistas, advirtió este martes de que estaban considerando no presentarse a la constitución de los tribunales -el 2 de junio-, renunciar en bloque ese día o adoptar acciones «más contundentes» respecto a las calificaciones ante el «estancamiento de las negociaciones» de la huelga indefinida.. La Conselleria de Educación respondió que, como medida preventiva, la comisión gestora de la PAU anticiparía la constitución de los tribunales, como máximo, para este viernes, 29 de mayo, y aseguró que hay 1.500 profesores voluntarios correctores de las pruebas, que se encargarán de la correcta evaluación de los documentos.. En la tarde de ayer miércoles, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, en su condición de presidenta de la Comisión Gestora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), solicitó a la Dirección General de Trabajo servicios mínimos del 100 % para el personal docente designado como miembro de los tribunales evaluadores de la PAU.. Posibles sanciones. Miguel Edo señala que si se considera su actividad reivindicativa como «dejación de funciones o abandono de servicios» se les podría aplicar el régimen disciplinario de la Función Pública, como «falta grave o muy grave» y con sanciones que podrían ir desde apartarnos tres años de nuestro trabajo hasta inhabilitarnos o separarnos del cuerpo e incluso la Universidad podría demandarnos por daños y perjuicios».. La opción de muchos de los afectados, indica, está siendo presentar su renuncia ante las presidencias de los tribunales, que han iniciado ya reuniones telemáticas.. Agustín Zaragoza, profesor de Filosofía en el IES Padre Vitoria de Alcoi (Alicante), que lleva en huelga desde su inicio, el pasado 11 de mayo, asegura de que en la mañana de ayer, antes de que la Conselleria de Educación informara de que había solicitado los servicios mínimos del 100 % , «hubo renuncias masivas a corregir y hay tribunales que lo están aceptando».. Zaragoza también ha presentado su renuncia y está a la espera de que le respondan de su tribunal, que se reúne esta tarde telemáticamente para su constitución.. Señala que esta situación ha venido «sobrevenida» ya que lo habitual es que la constitución de los tribunales se haga el mismo día del inicio de las pruebas, a las ocho de la mañana, «y lo que sabemos es que se han dado órdenes de que se hicieran reuniones telemáticas previas».. Zaragoza explica que, en su caso, lleva sin ir a sus aulas desde el 11 de mayo y quedan dos semanas para acabar el curso y tienen que poner las notas finales prácticamente en quince días. Su presencia el tribunal de la EBAU y la corrección de los exámenes supondría «unos ocho días de paréntesis y en el contexto en el que estamos».. El docente traslada también el malestar del profesorado ante la actitud «pasiva» que están manteniendo las cinco universidades públicas valencianas ante la huelga indefinida del profesorado y señala que hay centros que están planteando medidas de cara al curso que viene, como no colaborar con la Universidad.. El sindicato STEPV ha informado por su parte del malestar de los docentes de Formación Profesional en huelga con tareas en las pruebas de acceso a Grados Medios o Superiores, que están siendo sustituidos por otros profesores «vulnerando el derecho a huelga» y advierten de que estos actos pueden tener «consecuencias penales dentro de la jurisprudencia española».
Noticias de la Comunidad Valenciana en La Razón
