Al ritmo en que ha crecido la población en los últimos años, la España de los 50 millones de habitantes puede ser una realidad en breve. El Instituto Nacional de Estadística (INE) desvelará cuándo cree que se alcanzará esa meta en sus proyecciones de población 2026-2076 el próximo mes de junio. Según el censo de 2025, España superó el año pasado los 49,1 millones de habitantes, pero los datos de la Estadística Continua de Población –que combina trimestralmente datos censales con estimaciones— sostienen que en abril España ya contaba con 49.687.120 habitantes. Ese aumento de población se ha producido en su totalidad gracias a la inmigración porque la tasa de natalidad se encuentra en mínimos históricos —la segunda más baja de toda Europa— y desde 2015 las defunciones superan con creces los nacimientos de madres residentes, lo que en la jerga se conoce como crecimiento vegetativo negativo. Si el ritmo de crecimiento de la población de los últimos años se mantiene —con un aumento anual en torno al medio millón de personas desde 2022—, la barrera de los 50 millones de habitantes se puede alcanzar a finales de este año o principios de 2027.. Seguir leyendo
El bum demográfico gracias a la inmigración, más los 100 millones de turistas que llegan cada año, ponen de manifiesto la necesidad de elevar el gasto en numerosos sectores para que el país funcione correctamente
Al ritmo en que ha crecido la población en los últimos años, la España de los 50 millones de habitantes puede ser una realidad en breve. El Instituto Nacional de Estadística (INE) desvelará cuándo cree que se alcanzará esa meta en sus proyecciones de población 2026-2076 el próximo mes de junio. Según el censo de 2025, España superó el año pasado los 49,1 millones de habitantes, pero los datos de la Estadística Continua de Población –que combina trimestralmente datos censales con estimaciones— sostienen que en abril España ya contaba con 49.687.120 habitantes. Ese aumento de población se ha producido en su totalidad gracias a la inmigración porque la tasa de natalidad se encuentra en mínimos históricos —la segunda más baja de toda Europa— y desde 2015 las defunciones superan con creces los nacimientos de madres residentes, lo que en la jerga se conoce como crecimiento vegetativo negativo. Si el ritmo de crecimiento de la población de los últimos años se mantiene —con un aumento anual en torno al medio millón de personas desde 2022—, la barrera de los 50 millones de habitantes se puede alcanzar a finales de este año o principios de 2027.. A la población que reside en España se suma la nada desdeñable cifra de los turistas que visitan cada año el país. Según el INE, en 2025 visitaron España 96,8 millones de viajeros internacionales, la cifra más alta de la serie histórica y un aumento del 3,2% respecto a 2024. El país se consolida, así, como el segundo destino más visitado del mundo, solo por detrás de Francia y por delante de potencias como Estados Unidos, según los datos de la Organización Mundial del Turismo correspondientes a 2025. Los primeros resultados de este año permitían anticipar que en 2026 se cruzaría la barrera de los 100 millones de turistas. Sin embargo, el conflicto en Irán ha provocado un repunte de la presión inflacionista, que amenaza con un endurecimiento de la política monetaria, y los riesgos sobre la disponibilidad de queroseno para la aviación empiezan a tener impacto sobre las rutas aéreas y sobre el precio de los billetes, lo que puede frenar parte de ese optimismo.. Más pronto que tarde, España se enfrentará a un escenario de 50 millones de habitantes y 100 millones de turistas, que son, por otro lado, la base misma del crecimiento diferencial que ha exhibido España en los últimos años. Se trata de un hito estadístico y un éxito económico y social. “La gente va allí donde ve oportunidades”, subraya Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Pero al mismo tiempo representa un enorme reto de país, porque el aumento de población se ha producido en muy poco tiempo, los servicios y las infraestructuras no han acompañado al mismo ritmo una transformación de tanto calado y el modelo actual da señales de fatiga estructural. Lo expresaba muy gráficamente el director general de Tráfico, Pere Navarro, en un encuentro en Madrid en julio pasado. “[España] es un país de 50 millones de habitantes con unas infraestructuras y muchas políticas diseñadas para un país de 40 millones, y esto tiene sus efectos”, aseguraba. “Las costuras empiezan a chirriar. Es un problema de éxito, una realidad que hemos de gestionar”.. Una gestión que, coinciden los expertos, pasa por mejorar la planificación y recuperar la inversión, el talón de Aquiles de la economía española en los últimos años. Antes de la crisis de deuda de 2010, la inversión pública en España era superior a la media europea, en el entorno del 4,5% del PIB y en algunos años incluso cerca del 5,5%, favoreciendo la competitividad y el crecimiento, pero también generando una sobrecapacidad de activos con baja utilización. Había un enorme déficit de infraestructuras, España apostaba por la modernización y por reducir su brecha con Europa, que por aquellos años invertía de media alrededor del 3,5% del PIB, según relata Doménech. Con la crisis financiera llegó el ajuste fiscal y la inversión pública se desplomó a niveles mínimos, no solo por debajo del promedio de la UE, sino casi a la cola de Europa, “y en varios años la inversión neta ha sido cercana a cero, incluso por debajo de la depreciación del capital”, sostiene el economista jefe de BBVA.. Recaudación en máximos. Un comportamiento que ha afectado no solo a nuevos proyectos, sino también al mantenimiento y la renovación del stock existente, pese a que la recaudación se encuentra en niveles récord. Basta observar la evolución del PIB y los componentes de gasto desde la crisis financiera para concluir que en estos años se ha priorizado el gasto corriente y en pensiones frente a la inversión, lo que provoca que a medio plazo que la productividad se resienta.. La llegada de los fondos Next Generation EU (NGEU) —de los que España ha sido una de las naciones más beneficiadas— ha permitido revertir parcialmente esta tendencia, pero todavía lejos de la media europea: un 2,9% frente al 3,8% en 2025. Esos fondos explican entre el 10% y el 14% del avance del PIB español en el periodo 2021-2025, es decir, entre 1,4 y 2,1 puntos del PIB, de acuerdo con un estudio elaborado por Funcas y Analistas Financieros Internacionales (AFI).. Una parte relevante del esfuerzo inversor ha ido hacia proyectos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con foco en la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la digitalización. Sin embargo, su efecto tractor sobre la inversión privada ha sido menor del esperado: a finales de 2025, la inversión empresarial se situaba aún 3,3 puntos por debajo del nivel prepandemia en términos reales. En buena medida, porque se ha producido un efecto sustitución en lugar de un efecto arrastre por cómo se han diseñado los planes y por la propia estructura empresarial española, compuesta mayoritariamente por empresas pequeñas. En conjunto, la contribución relativa de la inversión al crecimiento se ha reducido sensiblemente: entre 2021 y 2025 explicó el 21,3% del crecimiento anual medio del PIB, frente al 35% del ciclo expansivo anterior (2014-2019), según un análisis de Sergio Díaz en CaixaBank Research.. Este cambio en el patrón de la inversión pública, que inicialmente se planteó como un ajuste temporal, ha acabado convertido en estructural y las infraestructuras han sido las más perjudicadas por esa bolsa de inversión diferida, que hoy se refleja en obsolescencia, averías y pérdida de eficiencia en infraestructuras de transporte, redes de agua y activos energéticos, como aseguran Ginés de Rus y Carlos Ocaña en el libro La economía de las infraestructuras, editado por Funcas. La falta de Presupuestos Generales del Estado desde hace años se deja notar especialmente en ese tipo de partidas.. Trabajos de reparación en la línea de Alta Velocidad Madrid-Málaga, en Álora (Málaga). Jorge Zapata (EFE). La combinación de una población en fuerte crecimiento y años de déficit de inversión ha acabado por explotar. Lo sucedido hace un año con el cero eléctrico (el apagón), los graves daños humanos y materiales que causaron las inundaciones de Valencia en 2024 o el accidente de Adamuz han desatado las alarmas sobre el estado de las infraestructuras en España. Los números de las constructoras dejan pocas dudas. Según datos de Seopan, la necesidad de inversión en infraestructuras asciende a unos 407.000 millones de euros en la próxima década. De esa cifra, unos 127.000 millones deberían destinarse a conservación y mantenimiento, y otros 280.000 millones a nuevos desarrollos y adaptación de las infraestructuras existentes.. La lista es larga, pero son las infraestructuras del agua y las ferroviarias las que demandan mayor inversión, 44.000 millones y 31.000 millones en los próximos 10 años, a juicio de las constructoras. Diego Rodríguez, investigador de Fedea y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense, corrobora la urgencia. Al cambio climático y la intensificación de los fenómenos extremos, con sequías más severas y prolongadas y mayor probabilidad de danas y lluvias torrenciales, se suma un consumo intensivo y una infraestructura obsoleta que colocan al país en una situación de estrés hídrico recurrente.. El turismo añade presión a esta situación, ya que un turista consume de media entre 400 y 800 litros de agua al día, según un informe de Aigües de Barcelona, frente a los 127 litros de un residente, lo que acaba derivando en medidas restrictivas de reducción del caudal en las redes de distribución e incluso cortes de suministro. El envejecimiento de las infraestructuras hídricas provoca que entre el 15% y el 25% del agua tratada en España se pierda por fugas, un porcentaje que un informe de S&P eleva al 40% en algunas regiones. La Asociación de Caminos, Canales y Puertos lleva tiempo alertando sobre el deficiente estado de la red de presas hidráulicas, con una edad media que ronda los 60 años. “Casi estamos hablando de un problema de seguridad”, advierte Rodríguez.. En el caso del ferrocarril, durante décadas el grueso de la inversión se ha concentrado en la red de alta velocidad, hasta convertirse en la segunda red más extensa del mundo solo por detrás de China. La liberalización del sector en 2021 ha abaratado el precio de los billetes y ha multiplicado el número de viajeros, lo que ha aumentado la presión sobre la red sin que el mantenimiento de las vías se haya producido a la par. Según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), mientras que el volumen de usuarios de alta velocidad ha crecido entre 2015 y 2024 un 100,8%, el gasto en mantenimiento por pasajero en el mismo periodo ha caído un 27,5%.. Mientras, el servicio de Cercanías sufre un colapso estructural por años de falta de inversión, lo que ha aumentado las incidencias en grandes núcleos urbanos. La AIReF reveló hace unos años que entre 1990 y 2018 se invirtieron aproximadamente 3.650 millones de euros en líneas de Cercanías, que concentran el 90% de los usuarios ferroviarios, frente a los más de 55.000 millones invertidos en alta velocidad. El Ministerio de Transportes ya ha anunciado un plan para invertir más de 20.000 millones en la red ferroviaria en el próximo lustro, de los que la mitad se quieren destinar a la red convencional y de Cercanías.. El objetivo del Gobierno y de la Unión Europea es seguir aumentando la red ferroviaria en un contexto general de descarbonización de la economía, aunque los expertos recuerdan que en las economías avanzadas los beneficios derivados de las infraestructuras del transporte no dependen tanto de ampliaciones extensivas de la red como de la eficiencia operativa del sistema, por lo que el mantenimiento resulta crucial. Casi tanto como la seguridad en el suministro energético. Después del apagón de abril de 2025, las dudas sobre la capacidad de la red se han disparado. Especialmente, en un contexto de digitalización de la economía que conlleva un enorme consumo energético, acelerado por la inteligencia artificial, los centros de datos y los servicios en la nube.. Una red al límite. La demanda eléctrica en España creció un 2,8% en 2025, un incremento muy superior a la media de los países miembros de la red europea de operadores de transporte, que fue del 0,5%. Detrás de ese fuerte incremento está la electrificación del consumo doméstico, los centros de datos y, una vez más, la demanda turística. La red eléctrica está al límite, no porque falte generación: España produce más electricidad limpia que nunca, es exportador de electricidad a sus vecinos europeos y lidera en capacidad renovable instalada. “Pero seguimos consumiendo más petróleo que nunca”, puntualiza el investigador de Fedea. Pese a todo, el 83% de los nudos de conexión de la red están saturados, lo que limita tanto la conexión de nueva generación renovable como la de grandes consumidores industriales. Ya hay promociones de viviendas paradas por falta de infraestructuras energéticas, apenas el 12% de los proyectos que solicitaron conectarse a la red en 2025 obtuvieron autorización en 2025 y el 66% no pudo ser atendido por falta de capacidad. La saturación se ha convertido en un cuello de botella para el crecimiento de la industria, el desarrollo urbanístico y la propia transición energética. El apagón sirvió como un espejo de la complejidad del momento actual: refleja un sistema que ya no es el que era, pero que aún no se ha convertido en lo que demanda la realidad económica española. “Una vez más, la clave pasa por la planificación”, repite Diego Rodríguez.. Apertura de la presa del embalse de Sau, en Vilanova de Sau (Barcelona). JOSEP LAGO (AFP / GETTY IMAGES). En el debate sobre las infraestructuras y el reto demográfico cabe la tentación de reducirlo todo a una cifra o a un porcentaje, un elemento importante para revertir la tendencia de años, pero que resulta claramente insuficiente para abordar un tema tan complejo. Como resume Rafael Doménech, “tan importante como cuánto hay que invertir es cómo se hace esa inversión”. Es decir, diseñar una estrategia a largo plazo, realizar una evaluación rigurosa de los proyectos, y evaluar antes y después su ejecución y eficiencia. La inversión en mantenimiento de esas infraestructuras debe concebirse como una estrategia a largo plazo para mejorar el potencial de crecimiento de la economía española a largo plazo e impulsar la actividad y el empleo a corto plazo. Para que España esté preparada para ser un país de 50 millones de habitantes y 100 millones de turistas.. Transformación sin precedentes. Lo queramos o no, la demografía va a condicionar buena parte del desempeño futuro de la economía española. España afronta una transformación demográfica sin precedentes, marcada, igual que el resto de Europa, por la baja natalidad estructural, el envejecimiento acelerado y la creciente dependencia de los flujos migratorios para sostener el mercado laboral. De hecho, el 80% de los nuevos ocupados no ha nacido en España y, pese al fuerte incremento de la población en los últimos años, la tasa de paro mantiene una clara tendencia a la baja en este tiempo. España ya ha alcanzado los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero (el 20% de la población) y la afiliación a la Seguridad Social de este grupo ha marcado un récord de 3,25 millones, el 14,7% del total. Las previsiones apuntan que en diez años la suma de la población originaria del extranjero y los descendientes de extranjeros nacidos en España podría superar el 34%, lo que supone que un tercio de la población estará vinculada —en primera o segunda generación— a la inmigración. Un reto demográfico lleno de oportunidades y retos que exige una actuación coordinada de las administraciones públicas por encima del ciclo electoral.. “Un ciclo económico al alza permite integrar a todo el que viene, pero si hay un cambio de ciclo y se ve afectada la ocupación, sí puede haber problemas de integración”, advierte Miguel Ángel García, colaborador de Fedea y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. García insiste en la necesidad de abordar estos cambios desde la planificación. “Si se necesitan inmigrantes, hay que tomar medidas complementarias que permitan su correcta integración para que los servicios sociales no se deterioren, asegurando acceso a educación, sanidad y vivienda y evitando así que se generen episodios de xenofobia contra los recién llegados”, explica. Las consecuencias en caso contrario son bien conocidas por todos.. La Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) de Foment del Treball ha impulsado el informe La España de 50 millones de habitantes, en el que llama a un pacto social para anticipar los cambios que produce esa nueva realidad. El problema de acceso a la vivienda es quizás uno de los prioritarios y donde el modelo presenta una mayor fractura. El Banco de España cifra el déficit de viviendas en torno a las 700.000 unidades; CaixaBank Research lo eleva hasta las 765.000. Según BBVA Research, la construcción de vivienda nueva cubre solo la mitad de los hogares que se crean cada año, lo que genera un déficit estructural que presiona al alza los precios tanto de alquiler como de compra y hace inaccesible el mercado inmobiliario para una parte creciente de la población. Funcas alerta incluso del riesgo de que se empiece a reducir la inmigración en estos años por las dificultades de acceso a la vivienda y sin alternativas para que los jóvenes accedan de una forma u otra al mercado inmobiliario será difícil pensar que la natalidad remonte.. El informe de La España de los 50 millones de habitantes plantea que el turismo pase a considerarse un reto demográfico más y que el diseño de políticas en zonas de elevada concentración turística incorpore la “población” flotante como un factor adicional.
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